Arranca otro juicio contra Sarkozy por financiación ilegal de su campaña

La defensa de Nicolas Sarkozy reclamó este jueves, en la primera jornada del juicio contra el ex presidente francés por financiación ilegal de su campaña electoral de 2012, la anulación de la acusación por estar plagada de irregularidades y porque ya fue juzgado y sancionado por esa cuestión.

En ausencia de Sarkozy, que optó por evitarse la imagen en todos los medios de su entrada en el Tribunal Judicial de París para sentarse en el banquillo, su abogado Thierry Herzog trató de convencer a los jueces de que el acta de acusación “está manchada con nulidades e irregularidades”.

En primer lugar, porque no hay una correspondencia entre ese acta de acusación, en la que se le reprocha haber superado el límite de gastos electorales, que estaba fijado en 22,5 millones, para llegar a cerca de 43 millones, con la inculpación, en la que no figuraba ninguna cifra.

Herzog también señaló que no puede ser juzgado dos veces por los mismos hechos, ya que en julio de 2013 el Consejo Constitucional impuso una sanción por haber sobrepasado en unos 360.000 euros el tope legal de gasto para la campaña presidencial, lo que obligó a su partido a organizar una colecta para devolver una subvención pública de 11 millones de euros.

El fiscal rechazó los argumentos del letrado al señalar que no era necesario en la formalización de la imputación precisar las cantidades de superación del gasto, e hizo notar que fue el mismo Sarkozy durante su interrogatorio el que explícitamente aludió a las cifras.

Igualmente puntualizó que el dictamen del Consejo Constitucional se limitaba a verificar el cumplimiento de una serie de reglas contables y fijó una sanción económica que no excluía posteriormente otra de carácter penal. Sobre todo, cuando la investigación judicial puso en evidencia una superación del tope de gasto “55 veces superior”.

Los jueces instructores decidieron encausar al que fue jefe del Estado entre 2007 y 2012, así como a otras 13 personas en este caso, que se va a juzgar hasta el 22 de junio y en el que, de ser declarado culpable, Sarkozy podría ser condenado hasta a un año de cárcel y a 3.750 euros de multa.

Los otros 13 acusados, entre los que hay dirigentes del que era su partido, la conservadora Unión por un Movimiento Popular (UMP), miembros de su equipo de campaña, expertos contables y responsables de la sociedad Bygmalyonque supuestamente emitió facturas falsas por millones de euros, se enfrentan a penas mayores por delitos de falsificación, uso de documentos falsos, apropiación indebida y estafa.

Al ex presidente se le inculpó no por haber intervenido en el montaje fraudulento para ocultar el dinero que se dedicaba a su reelección en 2012 para el Elíseo -finalmente fue derrotado por el socialista François Hollande-, sino por haberse beneficiado de cantidades de dinero que prácticamente duplicaban el techo de gasto.

Y eso a sabiendas de que se estaba produciendo esa irregularidad, ya que hay constancia documental de que recibió alertas.

Sarkozy fue condenado a comienzos de marzoa tres años de cárcel, dos de ellos exentos de cumplimiento (a menos que reincidiera) en otra causa por corrupción, al haber intentado influir sobre un magistrado. Una condena que no es definitiva porque la recurrió.

Y podría tener que sentarse de nuevo en el banquillo por otra instrucción, en la que se investiga si recibió para su campaña de 2007 (la que ganó) dinero del entonces líder libio Muamar Gadafi.