“No sabemos dónde han llevado a nuestro hijo”

La justicia internacional comienza a respirarle cerca del cuello al chavismo. Sus acciones de las últimas semanas no escatiman esfuerzos para tratar de demostrar que no es un régimen que comete crímenes de lesa humanidad. Se acerca el final del examen preliminar que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional hace del caso Venezuela I, que comenzó de oficio la fiscal Fatouh Bensouda en febrero de 2018 y fue impulsada siete meses después por la denuncia que hicieran seis países latinoamericanos.

El régimen de Nicolás Maduro se apresura a tomar medidas. Por una parte, le cambió el nombre a las letales Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) para “cumplir” con la solicitud de Naciones Unidas de disolverlas, y por la otra ha decidido cambiar la línea de mando de uno de los cuerpos señalados por represión, el Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN) para que dependa del Ministerio del Interior y no de la Vicepresidencia.

Mientras el fiscal general cuestiona que el caso venezolano no ha sido tan lento como el de Colombia (que lleva 17 años en examen preliminar), Maduro ha ordenado desalojar los calabozos que albergan a presos políticos para trasladarlos a penales comunes. Así, buscan desalojar particularmente las sedes del SEBIN y, con urgencia, de la DGCIM (Dirección General de Contrainteligencia Militar), un lugar que ha sido calificado como centro de torturas por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos de la OEA y por la Misión de Verificación de Hechos comisionada por la ONU.

“La realidad es que por cambiar a los presos políticos de un centro de reclusión a otro no dejan de serlos ni implica una mejoría de sus condiciones”, explica Gonzalo Himiob, director del Foro Penal Venezolano. La organización lleva un registro exhaustivo de presos políticos con actualización permanente. Hasta el 25 de mayo, la lista sumaba 301 nombres de personas encerradas en todo el país, incluyendo 127 militares y una infinidad de víctimas de detenciones arbitrarias que no han tenido derecho a la defensa, acceso a abogados o un juicio. La Asamblea Nacional que encabeza el líder opositorJuan Guaidó registra por su parte 363 presos políticos, de los cuales solo el 10% está en cárceles comunes.

Según ha podido saber LA RAZÓN, ya van unos 60 traslados desde la sede de la DGCIM en Caracas hacia cárceles dependientes del Ministerio de Servicios Penitenciarios. Aún quedaban 34 presos. La orden “de arriba” era desalojar el sitio antes del lunes 31.

Gonzalo Himiob afirma que se ha hecho sin seguir un criterio. “Los están sacando de sitios donde están muy mal a otros donde van a seguir en muy malas condiciones. En Venezuela no hay ni una sola prisión que cumpla a cabalidad con las Reglas Mandela, que son las mínimas para el tratamiento de reclusos según estándares internacionales”.

Las cárceles comunes en el país están sobrepobladas, tiene carencias extremas de infraestructura y servicios, están dominadas por mafias y se han convertido además en focos de enfermedades mortales y una profunda desnutrición. Los edificios con capacidad para un total de 21.938 personas albergan más de 37.500 personas, según el Observatorio Venezolano de Prisiones que también cifra en un 40% a la población reclusa que se encuentra en condiciones de urgencia médica. En las cárceles comunes, además, el 63,5% de las muertes ocurren por desnutrición y enfermedades como la tuberculosis.

En las cárceles comunes los presos enfrentan otra realidad: por todo hay que pagar, desde el ingreso de un teléfono móvil hasta el derecho a mantenerlo encendido, o la calidad del lugar donde dormir. En muchos de esos calabozos, las instalaciones son tan precarias que en vez de sanitarios hay, si acaso, letrinas.

Movidos a ciegas

A quienes han salido de los calabozos del DGCIM para ir a otros centros les ha tomado por sorpresa el anuncio. Marco Garcés lo supo la madrugada de este miércoles. Pudo llamar a su madre para avisarle, sin poder darle detalles. Luego escuchó un destino y terminó en otro: la cárcel Yare III, ubicada a las afueras de Caracas.

Allí no hay agua, tampoco gas para cocinar alimentos. “No sabemos si se pudo llevar sus cosas, en qué condición está, ni si está con presos comunes o políticos. Solo sabemos que debemos llevarle ropa azul”, cuenta su madre Yurayma Carapaica. La vestimenta sería para cumplir con el uniforme instaurado por el Gobierno para los reclusos, que las menguadas finanzas nacionales impiden procurar, cuenta una fuente ministerial.

Garcés, de 24 años y con nacionalidad portuguesa, fue apresado en septiembre pasado acusado de ser un supuesto cómplice de un estadounidense señalado de ser un espía. Pero las irregularidades del caso abundan, comenzando por la siembra de evidencias que denuncian sus familiares. Durante los primeros días fue golpeado, torturado y privado de alimentos.

Yurayma tiene fibrosis pulmonar, y quizás no pueda subir las lomas hasta llegar al Rodeo III para verlo. A su padre ya le notificaron que las visitas masculinas no están permitidas. Lo único cierto es que fue separado de las otras nueve personas con las que comparte causa penal, y cada uno enviado a distinto destino.

Gonzalo Himiob señala que los traslados irregulares comenzaron incluso desde meses antes de la orden presidencial, siempre hechos a espaldas de los familiares, defensores y hasta de los tribunales, violentando lo establecido en normas vigentes. Desde la DGCIM ya se habían producido 17 una semana antes de la publicación de la gaceta con la instrucción.

Así ocurrió con Ivón Finol, que fue llevada de la DGCIM al penal femenino INOF a finales de abril. “Fue inesperado. Ella llamó como a las 5:30 de la mañana para avisarnos, pero más nada”, revela Keyner, su hermano. La mujer ahora está en un reclusorio donde tampoco hay agua, y el espacio reducido las obliga al hacinamiento. “La tienen en un cochinero, hacen sus necesidades en una bolsa, está todo sucio allí”. Por ahora Ivón permanece con otras mujeres que ya conocía de la DGCIM, pero tenía la información de que sería mezclada con presas comunes.

Eudis Girot, un sindicalista acusado de terrorismo y preso desde 2020, fue trasladado a la cárcel del Rodeo II el 3 de mayo y ahora está en peores condiciones, con riesgo de salud en un lugar donde murió otro opositor a Maduro, Salvador Franco, por falta de atención médica a una tuberculosis.

Algunos pocos han corrido con “suerte”, como Robert Franco que fue llevado de un recinto de las FAES a un reclusorio policial de mejores condiciones de infraestructura y donde le han permitido visitas.

Asimismo, el teniente del Ejército Miguel Reyes fue llevado de la DGCIM al penal militar de Ramo Verde. Le avisaron un día antes y aunque para comer bien depende de que sus familiares le lleven alimentos (que entregan indirectamente pues no pueden verlo), ahora toma el sol y está en una celda que comparte con una sola persona, cuando antes era al menos una decena.

Pero los familiares de otro militar de la misma causa, la llamada Operación Aurora -una insurrección militar en 2019-, el teniente Franklin Caldera, esperan respuestas. Llevan sin saber nada de él una semana. “No sabemos dónde está”, denuncia su padre. El uniformado de 27 años habría sido “secuestrado” por funcionarios de Maduro en territorio colombiano en febrero pasado, herido con un balazo en una pierna “para que no te escapes” y sometido a posteriores vejaciones.

Esta semana , María Gabriela de Mejías denunció que su marido, el coronel del Ejército Johnny Rafael Mejías Laya, cumplió dos años y cinco meses detenido y sin juicio. La esposa del uniformado, cuya imagen siendo torturado se hizo pública en 2019, pidió a la alta comisionada Michelle Bachelet interceder por él y por todos los presos políticos.

Para Gonzao Himiob, el objetivo de estas medidas no podrá ser cumplido. “Estas decisiones no significan un borrón y cuenta nueva. Los crímenes que ya se cometieron y la cadena de mando, siguen estando allí”.