Trece países piden a Bruselas que denuncie a Orban por su ley anti LGTBI

Trece países de la UE, entre los que se incluye España, han decidido suscribir una misiva en la que muestran su rechazo a la ley húngara que prohíbe hablar en las escuelas sobre homosexualidad e identidad de género. En esta carta dirigida al Ejecutivo comunitario se expresa la “profunda preocupación” por esta nueva normativa y se pide a la institución que, como guardiana de los tratados, analice si esta ley contraviene el derecho comunitario e incluso denuncie a Hungría ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Este movimiento se ha producido en los márgenes del Consejo de Asuntos Generales celebrado en Luxemburgo, que ha abordado también los expedientes abiertos contra Polonia y Hungría – el denominado artículo 7- por la deriva autoritaria que se vive en los dos países en ámbitos como la independencia judicial o el control de los medios de comunicación.

La misiva ha sido suscrita por Bélgica, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Luxemburgo, Países Bajos, España, Suecia y Letonia. Entre los grandes países europeos, destaca la ausencia de Italia. Según esta carta, la nueva ley aprobada por el Parlamento húngaro la semana pasada “discrimina a las personas LGTBIQ y viola el derecho a la libertad de expresión con el pretexto de proteger a los niños”.

No es la primera vez que las leyes del Gobierno de Viktor Orban son criticadas por el colectivo LGTBI, ya que en el año 2020 el Ejecutivo decidió introducir cambios en la constitución para declarar que el matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer, lo que excluye a las parejas del mismo sexo.

Aunque Hungría cuenta con el apoyo de Polonia, también partidaria de este tipo de leyes, cada vez se encuentra más alejado del resto del club europeo. Una soledad que se ha agudizado en los últimos meses después de su salida del partido de Orban del Partido Popular Europeo (PPE). La vicepresidenta de Valores y Transparencia del Ejecutivo comunitario, Vera Jourova, aseguró al término del Consejo que la Comisión está analizando la nueva batería de leyes aprobadas por Budapest y que utilizará “todas las herramientas a su disposición”.

La ministra de Justicia húngara, Judit Varga, defendió las leyes aprobadas en el país y señalo que el Gobierno no pretende interferir en la vida privada de los adultos, tan solo proteger a los menores para que no “accedan a contenidos que contradigan los principios con los que sus padres quieren educarles”, como promover que la identidad de género es diferente a la del sexo en el momento del nacimiento o la pornografía. “No cederemos a los chantajes, sino que defenderemos el honor de nuestra patria”, aseguraba antes del comienzo de la reunión. Según las fuerzas opositoras del país, la ley resulta especialmente peligrosa, ya que equipara homosexualidad y pedofilia

La reunión del martes, la última de este tipo durante presidencia portuguesa de la UE, sirvió para desbloquear el artículo 7 contra Varsovia y Budapest, un procedimiento en punto muerto desde hace meses. En última instancia, este artículo – bautizado en los pasillos comunitarios como botón nuclear- puede derivar en la pérdida del derecho de voto dentro del Consejo y nunca se ha puesto en marcha. Para llegar a este estadio se necesita la unanimidad de todas las capitales, lo que parece imposible de conseguir debido a la alianza entre los dos países concernidos.