Asesinato racista
Condenado a ocho años de cárcel el policía que mató al futbolista Dalian Atkinson
Casi cinco años después de su muerte, la familia “agradece” que se haga justicia de este ataque racista
Dalian Atkinson era un futbolista británico que jugaba como delantero y que pasó por muchos equipos como la Real Sociedad, el Manchester City o el Fenerbahce turco. Colgó las botas en 2001, con 33 años, y desde entonces vivía como un ciudadano más, con su trabajo y su familia. El 15 de agosto de 2016, Atkinson fue asesinado junto a la casa de su padre en Telford por un policía, que le apuntó con una pistola Taser de 50.000 voltios.
El juez Melbourne declaró culpable de homicidio a Monk, el policía en cuestión. Fue absuelto de asesinato, pero hoy, la justicia estadounidense ha confirmado ocho años de cárcel para el policía.
La familia del futbolista sacó un comunicado en el que “agradeció” que la justicia encarcelara a Monk. “Mientras sus compañeros se arrodillan, esperemos que honren la memoria de Dalian”. La familia considera que el asesinato de Atkinson fue “un ataque cruel” y un “terrible abuso de confianza” de la posición de confianza de un oficial de policía.
Se cree que Monk es el primer oficial de policía británico en ser declarado culpable de matar ilegalmente a un ciudadano de raza negra mientras estaba. El delantero había fallecido una hora y media después de sufrir un paro cardiaco producido por la Taser. El policía lo llegó a patear en el suelo varias veces, según los testigos en el juicio. De hecho, tuvo que ser pateado con tanta fuerza que había sangre en los cordones de las zapatillas que llevaba.
Otros testigos dijeron que le pisaba la cabeza mientras hacía sonidos de “gorgoteo”. Y una prueba a tener en cuenta y que verifica esas declaraciones es que también tenía una huella de su calzado en la cabeza. “Usted se ha defraudado a sí mismo, y a las fuerzas de seguridad”, le dijo el juez.
Es extremadamente raro que la policía en Gran Bretaña sea declarada culpable de homicidio involuntario o asesinato por muertes bajo custodia o durante el contacto con el público. Según la organización benéfica Inquest, que apoya a los deudos en casos de muertes que involucran al estado, la última condena de este tipo fue en 1986.
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