Ola de juicios sumarísimos contra los participantes en las protestas en Cuba

El régimen cubano continúa su ajuste de cuentas contra los manifestantes que lo desafiaron en las calles el pasado 11 de julio. Mientras los habitantes de la isla siguen bregando con las intermitencias de internet, restringido por las autoridades después de haberse convertido en herramienta para la movilización de los descontentos, una ola de juicios sumarísimos recorre el país para escarmentar a quienes se atrevieron a alzar la voz contra el castrismo por el deterioro de las condiciones de vida y la falta de libertades.

Inmediatamente después de las protestas espontáneas en todo el país, la seguridad del Estado se lanzó a realizar detenciones masivas que se llevaron por delante a las figuras más conocidas de la disidencia, como el artista Luis Manuel Otero Alcántara, del Movimiento San Isidro, o el activista José Daniel Ferrer, de la Unión Patriótica de Cuba.

Ahora, el aparato represivo del régimen ha comenzado a procesar a los que cayeron en sus redes. Pese a que el presidente Miguel Díaz-Canel les prometió a todos “un juicio justo”, organizaciones internacional y los familiares de los encausados denuncian arbitrariedades y falta de garantías. En muchos casos, afirman, los detenidos no han tenido acceso a un abogado.

Uno de los condenados en uno de los juicios sumarísimos ha sido Anyelo Troya, responsable de captar las imágenes del videoclip de la canción “Patria y vida”, con la que un grupo de músicos quiso denunciar la opresión en Cuba y se ha convertido en un lema para la disidencia.

Su madre, Raisa González, le contó entre lágrimas a Reuters que su hijo “levantó la mano y pidió permiso muy correctamente, y dijo que tenía derecho a un abogado y a ser defendido, y enseguida vinieron para arriba de él y le pusieron las esposas”. González relató que su hijo fue condenado junto a otras diez personas a un año de cárcel por un delito de desorden público.

Otro de los represaliados ha sido el profesor universitario Alexander Diego Gil, que permanece encarcelado desde el día de las protestas. Su familia denunció que solo se les ha informado de que se le someterá a un juicio sumarísimo, pero no del lugar ni la fecha, y que su abogado no ha tenido acceso al expediente del caso.

También fue apresado el ajedrecista residente en España Arián González. Aunque vive en Galicia, según el relato familiar, había viajado a Cuba para visitar a su madre. Tras las protestas fue arrestado y permanece encarcelado en la prisión de la Pendiente, en la provincia de Villa Clara. Ha comenzado una huelga de hambre.

Son solo algunos de los casos más destacados. Pese a que el régimen mantiene el cerrojazo informativo para evitar que se sepa lo que ocurre en la isla, José Miguel Vivanco, de la ONG Human Rights Watch, afirmó que están recibiendo “reportes desoladores” de “calles altamente militarizadas” y “cientos de manifestantes detenidos”, algunos de los cuales ya han empezado a ser juzgados en “procesos sumarios que no permiten el derecho a la defensa”.

La organización de abogados independientes Cubalex contabiliza más de 500 detenidos tras las protestas. Pese a que de Estados Unidos, la Unión Europea y la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, han reclamado su puesta en libertad, el gobierno sigue sin informar del paradero de muchos de ellos.

Las madres, movilizadas

El arresto domiciliario y el acoso son otras de las herramientas represivas a las que ha recurrido el gobierno. Es lo que han comunicado integrantes del colectivo Damas de Blanco, que desde hace años lucha por la libertad de los presos políticos, a colectivos opositores de Miami. Las activistas, según dijeron, permanecen encerradas en sus casas bajo vigilancia policial, lo que les impidió asistir a la marcha de mujeres convocada ayer en Cuba para reclamar la liberación de los detenidos.

El Movimientos de Madres del 11 de julio había convocado una marcha solo de mujeres con la idea de que el régimen no emplearía la violencia si solo salían ellas, pero la iniciativa fue suspendida porque a la mayoría no les dejaron salir de sus casas.

Las mujeres se han concentrado en los últimos días frente al centro de detención de 100 y Aldabó, en las afueras de La Habana, y otras instalaciones penitenciarias para pedir cuenta de sus familiares detenidos o desparecidos. En declaraciones citadas por El Nuevo Herald de Miami, Berta Baruch, una de las madres, denunció: “Son jóvenes, no son delincuentes que fueron a tirar piedras ni a romper tiendas, fueron a luchar por las cosas que les faltan, porque están ahogados”.