El régimen de Maduro aplica técnicas de persecución utilizadas por los nazis

El segundo informe de la Misión de Determinación de Hechos comisionada por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas reveló que funcionarios de la letal Dirección de Contrainteligencia Militar (DGCIM) de Venezuela aplican tácticas de persecución diseñadas por los nazi.

En su nuevo informe publicado este jueves, que documenta el rol del sistema judicial en la perpetración de las graves violaciones de derechos humanos en el país, los expertos independientes de la ONU reseñaron que efectivos de ese cuerpo lo aplicaron a un militar detenido por la fallida Operación Gedeón, un alzamiento armado contra Nicolás Maduro.

Dice el documento que el 7 de agosto de 2020, uno de los acusados declaró ante un tribunal que luego de ser detenido pero antes de ser presentado al juez (casi 20 días después), agentes de la DGCIM lo interrogaron bajo tortura, incluso asfixiándolo con una bolsa, resultando necesario que fuera trasladado a un hospital militar para ser reanimado. Allí denunció también que los uniformados le dijeron que aplicarían el “Sippenhaft” (...) y luego fueron a su casa para arrestar a sus dos hermanas y a su cuñado, quienes fueron retenidos en en calabozos durante 32 días.

“En el acta de la audiencia de presentación, no se indica que el Tribunal de Control haya tomado ninguna medida tras recibir esta información”, denunció la Misión de la ONU.

Sippenhaft o Sippenhaftung fue un concepto jurídico establecido en la Alemania Nazi según el cual la responsabilidad de un acusado por crímenes contra el Estado se extendía automáticamente hacia sus parientes, quienes también eran arrestados y condenados.

La revelación forma parte del extenso informe de 212 páginas de la Misión de Verificación que concluye que el sistema judicial venezolano carece de independencia y está comprometido con graves violaciones a los derechos humanos. Al presentar el reporte, Martha Valiñas dijo que en lugar de dar protección a las víctimas, “el sistema de justicia ha sido usado para amedrentarlos”.

Fuentes del Poder Judicial informaron a la Misión que jueces de todos los niveles reciben habitualmente órdenes sobre cómo decidir sentencias, a veces procedentes directamente de altas esferas del Gobierno y canalizadas a través de la presidencia del Tribunal Supremo de Justicia. Agrega el documento que los jueces ordenaron prisión preventiva de manera rutinaria y que en ocasiones mantuvieron la detención y cargos penales sin pruebas.

Los jueces emitieron órdenes de arresto retroactivas para dar apariencia de legalidad a detenciones ilegales que abarcaban periodos durante los cuales las personas detenidas padecían torturas y violencia sexual. Además, hay registro de cómo los fiscales presentaron evidencia contaminada por la tortura, que a su vez fue admitida por jueces como prueba contra las personas acusadas.

En el reporte se señala que en 113 de los 183 casos de detenciones analizados por la Misión, los detenidos o sus representantes han presentado denuncias de tortura, violencia sexual u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes.

Así se pudo determinar que el actual fiscal general del régimen, Tarek William Saab, eliminó el proceso de selección por concurso público de fiscales y declaró que todos los funcionarios y funcionarias del Ministerio Público ocupan “cargos de confianza”. Ello se traduce en que los nombramientos y destituciones son “discrecionales”. Asimismo, dejó claro que los procesos penales domésticos por delitos relacionados con violaciones a los derechos humanos son muy pocos y se limitan a agentes de menor rango.

Respondió el fiscal de Maduro

El fiscal general del régimen, Tarek William Saab, calificó como “panfleto” el informe de la Misión de Determinación de Hechos sobre Venezuela. Aseguró que la instancia acató a las instituciones nacionales y ofendió a jueces y fiscales.

Saab acusó a los investigadores de haber recibido pagos superiores a cinco millones de dólares del Grupo de Lima, “ya disuelto”. La misma acusación la hizo el año pasado cuando la Misión emitió su primer informe que confirmaba que en Venezuela se han cometido delitos de lesa humanidad.