Moción de censura a Piñera por los papeles de Pandora

La filtración internacional de los “Papeles de Pandora” ya tiene su primer político procesado: el presidente de Chile, Sebastián Piñera. Este miércoles los jefes de las bancadas de la oposición en el Congreso ingresaron formalmente una Acusación Constitucional contra el mandatario por las revelaciones de una millonaria compraventa de la Minera Dominga en Islas Vírgenes Británicas realizada entre la familia de Piñera y Carlos Alberto Délano, cuya tercera cuota a pagar por los Piñera habría estado condicionada a que el sector no se declarara zona de exclusión.

Ya el Ministerio Público había abierto oficialmente una investigación del caso, pero este miércoles se ha concretado el primer paso para un juicio político. “El presidente ha infringido abiertamente la Constitución en relación al principio de probidad, y comprometió gravemente el honor de la Nación”, anunció el diputado socialista Jaime Naranjo, rodeado de representantes de todas las bancadas opositoras. Para Tomas Hirsch, del izquierdista Acción Humanista, la acusación constitucional “marca un hito histórico” en Chile y fue presentada por “la oposición completa, unida”.

La acusación constitucional faculta a los diputados a iniciar un juicio político y puede desembocar en la destitución o la inhabilitación para ejercer cargos públicos del acusado.

Una comisión revisora de diputados tendrá la tarea de determinar si la acusación tiene viabilidad, que finalmente quedó conformada por sorteo por cinco parlamentarios de cinco grupos políticos: los opositores Partido Humanista y Partido Socialista, y el oficialista Renovación Nacional. Además, dos diputados independientes -que antes militaron en partidos uno a favor y otro en contra de Piñera- se incluyen.

Esa instancia deberá escuchar a quienes impulsan la acusación, así como también a la defensa del secretario de Estado, y deberá emitir un informe de carácter no vinculante sino como una “recomendación” para cuando el Congreso deba votar el asunto.

En caso de que la acusación sea aprobada por ambas cámaras -por mayoría de diputados y 2/3 en el Senado-, el Presidente se verá obligado a dejar su cargo y quedará inhabilitado por cinco años para ejercer cargos públicos.

El congreso de Chile es bicameral, con un total de 198 miembros. En ambas cámaras, de diputados y de senadores, la diferencia la hacen los independientes. En el Senado, la coalición “Nueva Mayoría” 16 senadores frente a los 19 de “Chile Vamos”, que agrupa a los partidos que respaldan a Piñera. Ocho senadores no participan de ninguna coalición aunque son críticos del gobierno.

En la Cámara Baja, “Chile Vamos” tiene mayoría con sus 71 diputados frente a los 56 de las tres alianzas opositoras: Convergencia Progresista, Chile Digno y Frente Amplio que agrupan a distintos partidos. La clave allí estará en los 28 diputados que no forman parte de ninguna esas coaliciones, incluyendo muchos críticos de Piñera, además de 11 independientes.

Es la segunda vez que se intenta un juicio político contra Piñera. La primera fue en 2019 a propósito de la represión ocurrida durante las protestas antigubernamentales de aquel año. Entonces, el caso no pasó del primer filtro parlamentario cuando una mayoría de diputados determinó que no se cumplían los extremos constitucionales de la acusación.

El gobierno responde

Desde el Congreso chileno, el ministro vocero del Ejecutivo, Jaime Bellolio, dijo que desde el gobierno esperan que “los parlamentarios que creen en la democracia no se plieguen a este clima de inestabilidad. Los presidentes son elegidos por mandato popular, y su mandato termina después de cuatro años, no cuando un grupo de parlamentarios de ultraizquierda quiere”.

Acusó a los diputados opositores de orquestar un “golpe blando” a un mandatario que terminará su mandato en marzo próximo.

Todo esto se produce en medio de la campaña presidencial para los comicios del próximo mes de noviembre, por eso Bellolio señaló que “se daña la institución de la Presidencia” al tonar “a lo más sucio” la puja política. “Quienes la impulsaron son la izquierda más radical, cuando saben que no tiene ninguna fundamento jurídico. El antecedente ‘nuevo’ es una traducción del inglés. Es un tema ya visto por el Juzgado de Garantía y la Corte de Apelaciones donde fue sobreseído”, concluyó.