Oriente Medio

Seis muertos en Beirut en una protesta contra el juez que investiga la explosión que dejó 200 víctimas

Hezbolá denuncia “disparos directos” por parte de “francotiradores” contra los participantes en una “concentración pacífica”

Si hay justicia, no habrá paz en el Líbano. Durante una manifestación impulsada por el partido-milicia chiita Hezbolá y sus aliados de Amal, en que exigían la dimisión del juez Tarek Bitar por intentar buscar responsabilidades del estallido en el puerto de Beirut del agosto de 2020, estallaron durísimos choques entre grupos armados en plena capital libanesa. Al menos murieron seis personas y treinta resultaron heridas, en unos combates que evocaron a las cruentas escenas de la guerra civil de 1975-1990.

Todo escaló rapidísimo. Las facciones chiítas convocaron la manifestación frente al Palacio de Justicia para clamar contra el magistrado. Repentinamente, francotiradores no identificados empezaron a disparar a la multitud desde lo alto de los edificios colindantes. Las antiguas trincheras que separaban los barrios cristianos y chiitas de la capital durante el conflicto civil se tornaron un campo de batalla, con bandas armadas con rifles, pistolas y lanzacohetes intercambiando balas y misiles a pie de calle.

El estruendo de las alarmas de las ambulancias se combinó con la llegada de carros de combate del ejército regular del Líbano. Ante el caos, los padres corrieron a buscar a sus hijos a las escuelas para encerrarse en sus casas. Algunas balas perdidas penetraron al interior de las viviendas. En pleno directo de un reportero televisivo, un hombre fue abatido por el fuego cruzado entre los distritos musulmanes y cristianos de Beirut. Desde Hezbolá, acusaron al ejército y a las milicias cristianas por los disparos contra sus seguidores.

La noche anterior a la convocatoria promovida por Hezbolá, el grupo derechista “Fuerzas Libanesas Cristianas” ya movilizó a sus seguidores. Para muchos libaneses, los llamados para destituir al juez Bitar suponen una intolerable intervención en la independencia judicial del país.

Najib Mikati, que recientemente asumió el cargo de primer ministro tras un año de parálisis política, pidió en un comunicado que regrese la calma y que “la población no se sumerja en una pugna civil”. Sus palabras cayeron en oídos sordos: mientras el ejército no lograba restablecer el orden, céntricos edificios lucían acribillados por incontables disparos.

Según la agencia AP, cuatro proyectiles cayeron junto a una escuela privada francesa, que causaron el pánico entre los presentes. Los estudiantes se amontonaron en los pasillos centrales, mientras un coche ardía frente al centro educativo entre intensas ráfagas de metralletas. Los disparos continuaron incluso tras el despliegue de los efectivos militares.

Al juez Bitar no le tembló el pulso para citar a interrogatorios a prominentes figuras de la élite política. Para las familias de las 215 víctimas y los centenares de heridos por la devastadora explosión en el puerto, es visto como un valiente que lucha en solitario contra una élite corrupta y criminal. Para parte del establishment, Bitar actúa bajo criterios políticos, y supone la mayor amenaza para los delicados estatus quo vigentes entre los sectores que conviven en el país del cedro. La causa investiga el motivo por el cual cientos de toneladas de nitrato de amonio fueron indebidamente almacenadas en el puerto, cuyo estallido destruyó por completo barrios enteros de Beirut. La que fue una de las mayores explosiones no nucleares de la historia hundió todavía más a un país devastado por la inestabilidad política y una crisis financiera sin precedentes. A la hiperinflación de la libra libanesa se unieron los recurrentes cortes de luz, por la falta de combustible para alimentar a las centrales eléctricas.

Bitar, que es el segundo juez en lidiar con la complicada causa judicial, afronta una fuerte presión por parte de un poderoso Hezbolá, furioso porque pretende interrogar a varios políticos afiliados con su movimiento. Tras 14 meses de investigación, todavía no se ha imputado a ningún oficial del grupo chiita. Para Aya Majzoubinvestigadora de Human Rights Watch (HRW) en el Líbano, “la población lleva protestando al menos dos años por la corrupción y la negligencia gubernamental. Pero en lugar de impulsar reformas, hay un sistema entero que se protege de ser investigado y juzgado”.

Además, Majzoub apuntó que hay cierto consenso respecto a la imparcialidad del ejército, pero “fracasó en proteger a la población ante la muestra de poderío de Hezbolá. Es incapaz de prevenir que grupos armados batallen en zonas residenciales”. Para la beirutí Haneen Chemaly, que lidera una oenegé que provee servicios sociales, la clase dirigente “nos ha llevado a la bancarrota, la devastación, y ahora tratan de asustarnos con los fantasmas de la guerra civil”. Los enfrentamientos armados podrían hacer estallar al ejecutivo de Mikati, tan solo un mes después de su toma de posesión. El miércoles ya se canceló una reunión del ejecutivo tras las demandas de Hezbolá para derrocar al juez Bitar.

Tras cinco horas de intensos combates, durante la tarde se impuso un alto al fuego no oficial entre los bandos enfrentados. Desde la ONU se exigió “máxima contención, para asegurar la vuelta a la calma y la protección de los ciudadanos”.