Mario Draghi pasa la puerta del pasaporte covid

Desde este viernes todos los ciudadanos en Italia están obligados a mostrar el pasaporte sanitario para poder acceder a sus puestos de trabajo. El documento certifica que el empleado ha recibido la vacuna contra la Covid-19, ha superado la enfermedad recientemente o se ha sometido a un test molecular con resultado negativo en las 48 horas precedentes. La medida afecta tanto a los funcionarios como a los trabajadores en el sector privado y a los autónomos, y convierte al país transalpino en el primero en Europa en aplicar una normativa similar para controlar la pandemia.

Unos 23 millones de trabajadores en Italia se verán afectados por la introducción del pasaporte sanitario, que en el país han bautizado como ‘green pass’. El ‘pase verde’ fue aprobado el pasado mes de septiembre y contempla que al cabo de cinco días de ausencia injustificada por no disponer del certificado, el trabajador del sector público podrá ser suspendido de empleo y sueldo, además de ser sancionado con hasta 1.000 euros. En el caso del sector privado, la suspensión se puede aplicar desde el primer día. El problema es que actualmente hay unos tres millones de trabajadores que no están inmunizados.

El debate en las últimas semanas giró en torno a la propuesta de los sindicatos de rebajar el precio de estas pruebas para las que, según algunas estimaciones, un trabajador debería desembolsar unos 150 euros al mes, y que el coste fuera anticipado por las empresas. Las presiones al primer ministro Mario Draghi llegaron incluso desde dentro de la heterogénea mayoría parlamentaria que sostiene su Ejecutivo, principalmente de la Liga, que propuso PCR gratis para quienes no quieran vacunarse. Sin embargo, Draghi no ha dado un paso atrás ni siquiera ante las advertencias de algunas categorías de trabajadores, que amenazaron con parar el país este viernes.

Las autoridades italianas estaban en alerta para evitar que se repitieran episodios como los del pasado sábado en Roma, cuando un crepúsculo de manifestantes antivacunas asaltaron la sede del sindicato CGIL, en un ataque orquestado por el partido neofascista Forza Nuova.

Se esperaba un viernes negro, en cambio, las principales ciudades italianas fueron escenario de manifestaciones pacíficas como la que congregó en Roma a cientos de personas para denunciar la “inconstitucionalidad” del ‘pase verde’. En Milán, se temía un colapso del transporte público, pero la ausencia de casi 300 conductores de metro, tranvía y autobuses urbanos no vacunados no registró más complicaciones que las de cualquier otra jornada.

La mayor atención estaba puesta en los estratégicos puertos de Génova y Trieste, donde los sindicatos habían amenazado con paralizar el país. En este último se registraron barricadas a la entrada a primera hora de la mañana, mientras que en Génova hubo piquetes de los estibadores para tratar de evitar el ingreso de los camiones de mercancías. El transporte por carretera ha sido uno de los que se ha visto más afectado ya que cerca del 30% de los transportistas y personal de los almacenes no está vacunado. Además, parte de los camioneros que circulan por Italia provienen de países de Europa del Este y están inmunizados con vacunas no reconocidas por la UE.

Desde el verano, el ‘pase verde’ es obligatorio en el país transalpino para acceder al interior de bares y restaurantes, gimnasios, museos y, en general, para cualquier actividad de ocio. Pero con la introducción del documento para poder trabajar, Italia se convierte en el primer país occidental en ponerlo en práctica, después del Vaticano, donde esta misma normativa entró en vigor a principios de octubre.

Si el objetivo convencer a los indecisos, la estrategia ha sido un éxito. El anuncio de la entrada en vigor de esta normativa en septiembre aumentó hasta en un 46% las citas para vacunarse y multiplicó también las reservas en las farmacias y clínicas para someterse a un test diagnóstico que evite tener que inyectarse el suero. Según los últimos datos, la cifra de personas mayores de 12 años vacunadas con la pauta completa en Italia alcanza el 80%.

Algunas empresas pagarán las PCR

En Italia sólo quienes están exentos de la vacuna por problemas de salud pueden acceder a PCR gratuitas para poder trabajar. Confindustria, la patronal italiana, rechazó que las empresas se hagan cargo de las pruebas de aquellos empleados que no se vacunen por decisión propia. “No a las PCR a cargo de las empresas, quien se la tenga que hacer, que se la pague”, zanjó el presidente de los industriales, Carlo Bonomi.

Sin embargo, algunas multinacionales, como el fabricante de motocicletas Ducati o el grupo siderúrgico Acerías de Italia, han anunciado que costearán los test diagnósticos de los empleados que no quieren vacunarse para evitar tensiones y garantizar la operatividad.