Venezuela

La ex fiscal venezolana Luisa Ortega pide asilo político en España

Crítica con el chavismo, Luisa Ortega Díaz fue destituida por Nicolás Maduro en 2017 y se exilió en Colombia

La entonces fiscal general venezolana, Luisa Ortega Díaz
La entonces fiscal general venezolana, Luisa Ortega Díazlarazon

La ex fiscal general de Venezuela y una de las voces más críticas con el régimen de Nicolás Maduro por sus pasos “hacia el establecimiento de una dictadura”, Luisa Ortega Díaz, ha solicitado protección internacional al Gobierno de España. Ortega, quien se considera legítima fiscal general de Venezuela hasta el 31 de diciembre, ha realizado ya los trámites de solicitud de asilo político en España a través del Área de Protección Internacional de la Dirección General de la Policía. Ortega, considerada por Colombia refugiada desde 2018 tras huir a este país en 2017, presentó una petición internacional de asilo firmada el 13 de octubre en Madrid. Su abogado, Ismael Oliver, ha aportado documentos en la exposición de la solicitud para demostrar que Ortega se vio obligada a salir de Venezuela por la persecución política y las amenazas, como han confirmado a Europa Press fuentes jurídicas cercanas al caso. Ortega se ha desplazado a España, ya que en Colombia sentía mayor desprotección debido a que Colombia y Venezuela comparten una amplia, permeable y peligrosa frontera.

Una denuncia de Ortega contra el Gobierno de Maduro en 2017 provocó su destitución por la Asamblea Nacional Constituyente, controlada por el chavismo, por “actos inmorales”. La ex fiscal general acusó al régimen de no respetar las bases del Estado de derecho y de saltarse la Constitución: “Se produjo la ruptura del orden constitucional, debido a que el Poder Ejecutivo desconoció el Estado de derecho y la separación de poderes vigentes en el país”. El Tribunal Superior de Justicia de Venezuela congeló en agosto de 2017 sus cuentas y le prohibió salir del país.

Ortega acusa al chavismo de cesarla saltándose la Constitución y de organizar un asalto a la Fiscalía por un grupo de militares en 2017 tras sus palabras contra Maduro. Su escrito de solicitud de asilo explica: “Las fuerzas militares asaltaron” las instalaciones de la Fiscalía, que fue “atacada con turbas violentas vinculadas al oficialismo” tras sus declaraciones sobre la separación de poderes.

La ex máxima responsable de la Fiscalía de Venezuela pide protección ante las amenazas y la persecución contra ella y su familia. La jurista ha señalado que teme un ataque contra ella. La ex fiscal general de 63 años se marchó a Colombia en busca de protección y mayor seguridad. Las autoridades colombianas le concedieron en 2018 la condición de refugiada. El comunicado añade que ella y su familia sufrieron “represalias” y fueron “sometidas a persecución y amenazas contra su libertad y su integridad física”. Ortega culpa al régimen de Maduro de tomar represalias contra ella por sus declaraciones mientras ostentaba el cargo.

La ex funcionaria convertida en opositora ha realizado gestiones también ante la Corte Penal Internacional, “a la que aportó pruebas documentales” de la “violación sistemática” de los derechos humanos del Gobierno venezolano. El comunicado resalta que estas denuncias ante La Haya le originaron nuevas amenazas y ataques contra su vida. Las amenazas a su libertad han llevado a Ortega a trasladarse a España y pedir el asilo.

Tras dos años en Colombia, Ortega continuaba cercana a la política y la vida social venezolana. La ex fiscal se posicionó en 2019 a favor del autoproclamado presidente legítimo de Venezuela, Juan Guaidó. El actual fiscal general de Venezuela, Tarek William, acusa a Ortega de ser la “autora intelectual” de los fallecidos y heridos en las manifestaciones contra el régimen de Maduro en 2017. William amenazó este sábado a la periodista cubana Vicky Dávila por su investigación en la revista “Semana” en la que desvelaba detalles sobre secretos de Maduro que el empresario Alex Saab podría utilizar para negociar con EE UU su liberación.

Ortega argumenta su petición de asilo en España, ya que la seguridad necesaria para moverse por Colombia le estaba dificultando su libertad. La ex fiscal sostiene que el refugio en nuestro país le ayudaría en su denuncia ante la Corte Penal Internacional, ya que España está más cerca de la Haya que Colombia.