Diez años de cárcel por romper una foto de Fidel Castro

El régimen de Cuba redobla su apuesta represiva ante la marcha civica prevista para el 15 de noviembre

Los tres jueces que vieron el caso de Pérez Fonseca lo condenaron por los delitos de desacato, desorden público, incitación a la comisión de delitos y asalto
Los tres jueces que vieron el caso de Pérez Fonseca lo condenaron por los delitos de desacato, desorden público, incitación a la comisión de delitos y asalto FOTO: ALEXANDRE MENEGHINI REUTERS

A Roberto Pérez Fonseca le cayó un castigo ejemplarizante, diez años de cárcel por romper un retrato de Fidel Castro en la jornada de protestas masivas que vivió Cuba el pasado 11 de julio. Se trata de un nuevo ejemplo de que el gobierno cubano no parece dispuesto a relajar su persecución de la discrepancia, menos cuando los círculos disidentes han convocado una nueva gran marcha para el próximo 15 de noviembre contra la que el aparato represivo del Estado ya se ha puesto en marcha.

Los tres jueces que vieron el caso de Pérez Fonseca en el tribunal Municipal de San José de las Lajas, cerca de La Habana, lo condenaron por los delitos de desacato, desorden público, incitación a la comisión de delitos y asalto, pero pocos dudan de que Roberto es una víctima más del ajuste de cuentas que la dictadura castrista está llevando por la vía judicial contra quienes se atrevieron a desafiarla en las calles en la histórica jornada estival y por el que más de 560 manifestantes han dado ya con sus huesos en la cárcel.

La condena de Pérez Fonseca es la más larga hasta ahora conocida contra los manifestantes que se echaron a la calle para protestar contra el gobierno, la falta de libertades y las privaciones que sufre el pueblo cubano. Y la cosa podía haber sido peor, porque la Fiscalía pedía 12 años. Aunque la sentencia, fechada el 6 de octubre, no lo especifica, los familiares creen que la dureza del castigo se debe a que Pérez Fonseca aparecía en vídeos de las protestas rompiendo lo que parece ser una imagen del dictador cubano fallecido en 2016.

El juicio se celebró a puerta cerrada el 28 de septiembre, por la vía sumaria que se ha hecho habitual contra las docenas de personas procesadas por participar en unas protestas que causaron conmoción en un régimen poco habituado a las expresiones públicas de descontento y que sigue enseñando los dientes ante las nuevas acciones de protesta anunciadas por la disidencia.

En una grabación difundida por Cubalex, organización que ofrece asistencia legal a los disidentes detenidos, la madre de Fonseca, Liset Fonseca Rosales, relató que un amplio despliegue policial impidió a los familiares asistir al juicio. Solo a ella se le permitió acceder a la sala.

El reo, de 38 años y padre de dos hijos, ha estado entre rejas desde su arresto el 16 de julio y no pudo ver a su abogado hasta dos semanas después. Ahora se encuentra recluido en la prisión de máxima seguridad de Quivicán, en las cercanías de la capital cubana. La madre denunció que su hijo ha sido golpeado por sus carceleros.

La abogada Laritza Diversent, directora de Cubalex, dijo que «no se ha respetado el debido proceso» y denunció que la única prueba con la que se había condenado a Pérez Fonseca había sido el testimonio de un funcionario policial. Mientras la familia de Pérez Fonseca y otros manifestantes encarcelados siguen pidiendo en vano su liberación, el régimen puso en marcha una amplia operación de seguridad de cara a la «marcha cívica» que la disidencia ha convocado para el 15 de noviembre.

El colectivo disidente Archipiélago, formado por jóvenes artistas y profesionales, así como veteranos activistas de la oposición cubana, informó a las autoridades esta semana de su intención de celebrar en toda la isla marchas para reclamar respeto a las libertades civiles y la liberación de todos los presos políticos.

La respuesta del régimen fue la habitual. Mientras los temidos «boinas negras» llevaban a cabo registros y allanamientos en todo el país, el presidente Miguel Díaz-Canel apareció para advertir a los organizadores de que «hay suficientes revolucionarios para enfrentar cualquier tipo de manifestación que pretenda destruir la Revolución», una amenaza poco velada a unos manifestantes que podrían enfrentarse a la acción de colectivos violentos tolerados por el Estado como los que intervinieron el 11 de julio y se han convertido en herramienta de control social habitual en la Venezuela chavista.

El régimen quiere evitar a toda costa las imágenes de descontento masivo que dieron la vuelta al mundo el pasado julio y sabe que la paupérrima situación económica de la población es el mejor combustible para las protestas, por lo que ha decidido poner toda la carne en el asador de su estrategia represiva, pese a los llamamientos de Estados Unidos y la Unión Europea a que respete las muestras pacíficas de disenso.

Pero el libreto castrista no varía y la Fiscalía advirtió este jueves de que los promotores de las marchas «enfrentarán graves cargos» si cumplen su propósito de manifestarse pacíficamente. La campaña de intimidación se completó desde los medios de comunicación estatales, que repitieron los mensajes habituales acusando a los jóvenes activistas de ser «mercenarios» pagados por el Gobierno de Estados Unidos.