“Falta de independencia, partidos secuestrados y acoso a los votantes”: las conclusiones de la misión de la UE en Venezuela

Para la UE, a las elecciones regionales y municipales celebradas el domingo en Venezuela les faltó igualdad de condiciones, imparcialidad y transparencia. Este martes, la jefa de la Misión de Observación Electoral (MOE-UE) enviada por Bruselas, Isabel Santos, presentó el informe preliminar y afirmó que constataron la falta de independencia judicial (al usar tribunales para arrebatar partidos a sus dirigentes), la no adhesión al Estado de derecho y la poca capacidad sancionatoria que tiene el Consejo Nacional Electoral (CNE) frente al abuso de recursos públicos a favor de una parte.

Durante la presentación del informe en Caracas, la eurodiputada también destacó las inhabilitaciones arbitrarias de candidatos por vía administrativa, y de dirigentes naturales a través de la captación de sus símbolos y tarjetas electorales. Subrayó que «la campaña política estuvo marcada por el uso extendido de recursos del Estado a pesar de haber sanciones», por lo que lamentó que el CNE no sancionó estas violaciones, sino que simplemente se limitó a hacer exhortos. De hecho, registró que observadores de la UE detectaron el uso de recursos del Estado en 22 de las 24 regiones, y «se utilizaron las vacunaciones [contra el COVID-19] con fines de campaña en tres Estados».

Ataques contra la libertad de prensa

Santos resaltó que las leyes sobre medios de comunicación y sobre delitos de odio «obstaculizaron la libertad de expresión y el derecho a la información», e hizo referencia a que los medios independientes son víctimas de constantes bloqueos, mientras los estatales o cercanos a la línea chavista tienen pleno funcionamiento. La misión registró casos de autocensura en 21 de los 23 Estados y «presiones para que cambiasen su línea editorial o su programación» desde el poder en más de la mitad de las regiones.

La misión muestra que la cobertura chavista fue dominante y desproporcionadamente favorable en la televisión estatal, y muy significativa en las emisoras de radio y televisión privadas. «Instituciones y funcionarios públicos divulgaron su apoyo a los candidatos del PSUV y exhibieron entregas de bienes a los votantes o la inauguración de servicios públicos a través de sus cuentas institucionales en redes sociales», denuncia.

La MOE-UE constató la instalación de puntos de control político, conocidos como puntos rojos, en los 23 Estados y Caracas a pesar de su prohibición expresa en la ley y la afirmación de la directiva del CNE de que no habían existido.

Sobre la campaña, el informe destaca que «el acceso privilegiado al combustible, así como el amplio uso de recursos del Estado, la entrega de bienes, como paquetes de alimentos, bombonas de gas o bombas de agua, afectaron a la igualdad de condiciones».

La UE denunció que el voto en segundo grado para la población indígena contradice los principios constitucionales del voto directo, secreto y universal. Finalmente, publicó que «en el 26% de los centros de votación, el recuento se llevó a cabo en un número de centros de votación inferior al determinado por la CNE, y en siete mesas no se realizó recuento».

Santos lamentó los ataques violentos en varios Estados, especialmente la muerte de un elector en San Francisco, mientras estaba en la cola para entrar a votar. Resaltó que han recibido notificaciones de agresiones a un observador y dos defensores de derechos humanos en Lara. «Actos como este no tienen cabida en un proceso democrático», sentenció.

A pesar de esto, consideró que «las elecciones se han implementado en mejores condiciones en comparación con procesos electorales anteriores. El CNE es visto como la administración electoral más equilibrada que ha tenido Venezuela en los últimos 20 años, lo que es clave para ir reconstruyendo la confianza en la vida política». Pero el documento revela que los únicos «dos jueces no vinculados al Gobierno carecen de poderes ejecutivos, y cumplen más bien un rol semejante al de asesores o auditores del CNE».

La misión resaltó las mejoras en componentes técnicos y que el marco legal venezolano cumple con la mayoría de los estándares internacionales sobre el papel. «El proceso electoral mostró la persistencia de deficiencias estructurales, aunque mejoraron las condiciones en comparación con las tres elecciones anteriores».

Sobre las recientes descalificaciones de actores políticos contra la misión, y que incluyeron declaraciones de Nicolás Maduro, recordó que las misiones de observación no son «instrumentos de injerencia en la vida interna» de ningún país. Reiteró que son independientes, neutrales e imparciales, y «todos nuestros observadores, sin excepción, se apegaron al código de conducta».

La eurodiputada opinó que solo los venezolanos, «y nadie más», pueden decidir el futuro de su país a través de un proceso de diálogo político integral. Destacó que entre enero y febrero regresará al país para presentar el informe definitivo con sus recomendaciones. «El pueblo venezolano quería esta misión, ambicionaba esta misión. Hay que iniciar un momento de diálogo con todos para que todos logremos un futuro mejor, dar esperanza al pueblo venezolanos».

La portavoz de la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, María Hurtado, expresó la preocupación de esa instancia por los incidentes que fueron denunciados durante la jornada electoral del domingo.

Santos resaltó que, si bien las elecciones transcurrieron en general de forma pacífica, la oficina de Michelle Bachelet recibió varias denuncias de varios incidentes violentos, entre ellos el ocurrido en un centro electoral de San Francisco del Zulia donde hubo un muerto y dos heridos. De igual forma, manifestó la inquietud de la ONU por las denuncias de periodistas sobre restricciones para poder llevar a cabo la labor de informar. «También hemos recibido preocupantes informaciones, con audios que circulan en redes sociales, en los que se sugiere que empleados públicos fueron presionados para votar en favor de un determinado partido», añadió la portavoz.

En Venezuela se espera el informe de los observadores del Centro Carter, mientras que los expertos electorales de la ONU no emitirán ninguna declaración público.