La Justicia argentina imputa a Macri por espionaje ilegal

El ex presidente argentino, Mauricio Macri (2015-2019), ha sido acusado formalmente este miércoles de espionaje ilegal a los familiares de los 44 marines víctimas del hundimiento del submarino “ARA San Juan” en 2017. El juez federal Martín Brava ha procesado a Macri por el delito de “realización de acciones de inteligencia prohibidas en carácter de autor, en virtud de haber posibilitado la producción de tareas de inteligencia ilegal”.

El magistrado ha prohibido al ex mandatario de 62 años la salida del país y ha ordenado un embargo de sus bienes de 100 millones de pesos argentinos, que equivalen a 875.000 euros. El bloqueo de sus propiedades había sido revocado la semana pasada por la Cámara Federal de Mar del Plata. El fallo de procesamiento del juez Brava vuelve a activar el embargo. Macri enfrentará en libertad los cargos contra él.

Macri afronta su primer procesamiento desde su salida del poder en diciembre de 2019, tras perder las elecciones presidenciales contra Alberto Fernández, candidato peronista y actual presidente de Argentina. La Justicia del país suramericano imputa a Macri por, supuestamente, tratar de averiguar las reclamaciones e indemnizaciones que pretendían solicitar al Estado argentino las familias de los 44 marines fallecidos en el hundimiento del submarino “ARA San Juan” en 2017. La embarcación de la Marina Argentina desapareció en misteriosas circunstancias el 15 de noviembre de 2017. Un año más tarde, el 16 de noviembre de 2018, la propia Armada anunció que los restos del submarino Juan fueron encontrados en las profundidades del Atlántico Sur.

El fallo de 174 páginas señala a Macri como instigador del espionaje para conocer detalles sobre su estrategia judicial en la causa de las familias. El juez argumenta que el ex jefe de Estado argentino propició durante su mandato las condiciones para que se pudiera llevar a cabo el espionaje. El magistrado le acusa también de ciberespionaje, almacenado y utilización de los datos de estos civiles que litigaban contra el Estado argentino.

El juicio del “ARA San Juan”

En marzo de este año, el Consejo de Guerra sancionó con penas leves a la cúpula de la Armada Argentina por su responsabilidad en la catástrofe que terminó con la vida de los 44 militares. El general de la Armada cuando sucedió la tragedia, Marcelo Srur, fue castigado con 45 días de “arresto riguroso” por haber informado de forma “incompleta” al Ministerio de Defensa de lo ocurrido con el Submarino Ara San Juan el 15 de noviembre de 2015 en el Atlántico Sur. El contralmirante, Luis Enrique López Mazzeo, fue castigado con una pena de 60 días de cárcel. La mayor pena ha recaído en el entonces responsable de la fuerza de submarinos, el capitán Claudio Villamide, quién fue destituido.

El tribunal militar ordenó también penas de cárcel para el capitán de navío Héctor Aníbal Alonso y el capitán de fragata Hugo Miguel Correa. Tras cuatro meses de audiencias, el resto de militares implicados fueron absueltos. Los familiares estuvieron vetados en las sesiones. Pese a que algunos de ellos estaban en la embarcación que halló el “ARA San Juan” un año después de desaparecer, el tribunal militar no llamó como testigos a ninguno de los familiares de los 44 marines fallecidos.

A principios de noviembre, Macri reiteraba su “inocencia”. En una entrevista a la CNN, el ex presidente argentino cargó contra Fernández “por creerse sus propias mentiras”. El ex presidente de Boca Juniors ha justificado que el polémico préstamo de 57.000 millones de dólares que solicitó al Fondo Monetario Internacional en 2018 fue utilizado “para pagarles a los bancos comerciales porque tenían miedo de que volviera el kirchnerismo”.