Castillo teme un «golpe» de Estado para desestabilizarle

Las acusaciones ante la Fiscalía de la empresaria Karelim López contra el presidente de Perú, Pedro Castillo, de liderar «una mafia» para otorgar licitaciones de obras públicas en el Ministerio de Transporte y Comunicaciones está haciendo pasar al presidente peruano por uno de sus peores momentos en sus siete meses de Presidencia, marcados por las polémicas y la inestabilidad. El ministro de Transportes y Comunicaciones peruano, Juan Silva, dimitió el lunes mientras se debatía en el Congreso una votación para revocarlo de su cargo. La presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, suspendió la sesión «por breve término».

El presidente Castillo dio a conocer la renuncia de su ministro de Transportes poco después de comenzar la sesión en el Congreso que discutía las acusaciones contra el presidente peruano y su ministro de Transportes de organizar una trama corrupta en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, encargado de la mayoría de proyectos de obra pública en Perú: «Informo a la ciudadanía que acepto la renuncia presentada por el ministro Juan Silva, agradeciendo los servicios prestados». Castillo no anunció todavía quién será su nuevo ministro de Transportes.

El presidente peruano agitó el temor a un golpe de Estado tras ser acusado de «liderar» una trama corrupta para otorgar contratos ilegalmente en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Castillo acusa a la Fiscalía de formar parte de «un boicot» para que se perpetre un golpe de Estado contra su gobierno.

El mandatario peruano de 52 años, antiguo profesor rural y sindicalista, vive uno de sus momentos más delicados en sus siete meses al frente de un ejecutivo marcado por las polémicas, los escándalos de corrupción y las disputas internar dentro de su coalición Perú Libre. Castillo acusa a la Fiscalía de intentar desestabilizar su gobierno junto a los fujimoristas: «Si estos hechos son materia de investigación, ¿Cómo es posible que se debatan públicamente en los medios? Esto evidencia que la Fiscalía estaría formando parte de un boicot para desestabilizar al gobierno».

La Fiscal de la Nación, Zoraida Álalos, rechazó tajantemente las acusaciones del presidente peruano: «Es de público conocimiento que tenemos diversas investigaciones contra diversos sectores. Nadie va a decir que el Ministerio Público trabaja con sesgo político».

La presunta trama de corrupción liderada por el mandatario peruano está acusada de otorgar licitaciones a empresas afines y designar cargos sin contar con el perfil adecuado. López ha decidido acogerse a la «colaboración eficaz» con la Fiscalía para rebajar sus posibles penas de prisión por la trama de licitaciones en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones peruano.

Castillo negó tajantemente las acusaciones de corrupción: «La señora Karelim López ha brindado a la Fiscalía declaraciones sin sustento jurídico ni coherencia con la verdad que amenazan la ética y la transparencia de los procedimientos de toda investigación. Denuncio anticipadamente este tipo de acciones que solo insisten en maniobras políticas antidemocráticas con la finalidad de generar inestabilidad en el país».

Castillo insiste en sus sospechas de que puede perpetrarse un golpe de Estado contra su gobierno señalando a Keiko Fujimori, la candidata conservadora de Acción Popular derrotada en la segunda vuelta de las elecciones del pasado 6 de junio por un escaso margen de votos tras un larguísimo recuento de más de un mes: «Llamo a la comunidad internacional y al pueblo peruano para activar la Carta Democrática Interamericana y permanecer atentos contra cualquier intento desestabilizador y de golpe en el país, perpetrado por quienes aún no aceptan su derrota y atentan contra la ciudadanía». López también denunció a cinco diputados de Acción Popular de forma parte de la trama gubernamental. El partido de Fujimori ha anunciado que pedirá explicaciones sus parlamentarios.

Las sucesivas acusaciones de corrupción, polémicas y disputas internas han obligado al presidente Castillo a nombrar a principios de febrero a su cuarto gabinete en sus siete meses de gobierno. La subcomisión parlamentaria de Acusaciones Constitucionales ha aprobado investigar al presidente peruano por un delito de «traición a la patria». Castillo será investigado durante los próximos meses por unas declaraciones en las que abrió la puerta a entregar una salida al mar a Bolivia, país que perdió su acceso al océano Pacífico a finales del siglo XIX.

El diputado del partido de ultra derecha Renovación Popular, José Cueto, confirmó ayer en la televisión Canal N que la oposición buscará los 87 votos necesarios para aprobar la destitución del presidente peruano: «Ojalá tuviera un poco de dignidad y se retirara. Cada día las evidencias son mayores. No llega a julio».