Boris Johnson firma un acuerdo para enviar a solicitantes de asilo a Ruanda

Tras el Covid-19, la inflación y la escasez de productos y transportistas, Reino Unido se enfrenta ahora a una nueva crisis abocada por el Brexit. El cruce del Canal de la Mancha de embarcaciones con inmigrantes ilegales se ha multiplicado en los últimos años: donde solo 299 personas realizaron la travesía en 2018 y fueron 8.466 en 2020, en 2021 se registraron hasta 28.500 personas que arribaron a las costas inglesas por esta vía.

Una difícil situación que ha llevado al Gobierno conservador de Boris Johnson a tomar drásticas medidas para frenar la ola de solicitudes de asilo. Se trata de la firma de un polémico acuerdo con Ruanda este mismo jueves, que llevará a transportar a los solicitantes de asilo en Inglaterra al país africano, en un movimiento estrafalario que muestra hasta donde es capaz de llegar Reino Unido para regular la inmigración descontrolada que lleva sufriendo desde hace varios años.

144 millones de euros

Este acuerdo es el resultado de largos meses de negociaciones de Reino Unido con terceros países adonde enviar los inmigrantes que estén a la espera de la tramitación de su expediente, con el objetivo, según el premier británico, de “enviar un mensaje claro” a las organizaciones que se benefician de los sueños y las ilusiones de aquellos que buscan “una vida mejor”. Asimismo, apuntó que dichas organizaciones están convirtiendo el Canal de la Mancha en “un cementerio acuático con hombres, mujeres y niños que se ahogan en botes no aptos para la navegación”, a la que completó su discurso asegurando que la compasión de los ingleses es infinita pero su capacidad para ayudar a la gente no lo es. Como pago por su colaboración, Ruanda recibirá un desembolso inicial de 144 millones de euros que facilitará la integración de los (previsiblemente confusos) recién llegados. El ministro de Relaciones Exteriores ruandés, Vincent Biruta, anunció en un comunicado de prensa que “Ruanda da la bienvenida a la nueva asociación con Reino Unido para acoger a los solicitantes de asilo e inmigrantes, y ofrecerles vivir a partir de las vías de la legalidad”.

Las voces contra el nuevo gesto de Boris Johnson no se han hecho esperar. Los partidos de la oposición no han dudado en calificar la medida como “un gran intento” de desviar la opinión pública del escándalo del “party-gate” que ensombrece el mandato de Johnson, además de tildarla de “inhumana” por encontrarse Ruanda a más de 6.000 kilómetros del país donde los inmigrantes pretenden conseguir asilo. Se han escuchado reacciones parecidas desde los activistas de derechos humanos, que han calificado la medida como “una manera cobarde, inhumana y bárbara de tratar a las personas que están huyendo de la persecución y de la guerra”, mientras Steve Valdez-Symonds, el director de los derechos de los inmigrantes de Amnistía Internacional en Reino Unido, llegó a mencionar en el furor del momento el “pésimo historial de derechos humanos en Ruanda”, aludiendo al conflicto étnico que sufrió este país en la década de los 90.

La nueva medida implica, a grandes rasgos, que si un sirio pide asilo en Reino Unido, las autoridades británicas le subirán en un avión con destino a Ruanda mientras se procesa su solicitud. Todavía se ignora qué ocurrirá con los inmigrantes cuya petición de asilo sea rechazada, y si el Gobierno británico se encargará de devolverles a su país de origen o les dejará olvidados en el país africano. Sin embargo, Reino Unido no es el primer país que extradita a terceras naciones a sus solicitantes de asilo. Políticas similares se siguen en Dinamarca con su objetivo “cero refugiados”, Australia o Israel, que en los últimos años extraditó a Ruanda y Uganda a más de 20.000 inmigrantes africanos que calificaron de “no deseados”.