Un año de desgobierno de Pedro Castillo en Perú

Cuando el verano pasado Pedro Castillo se disputaba con Keiko Fujimori la presidencia de Perú, muchas voces críticas advertían de que planeaba convertir a Perú en una nueva Cuba, o en una especie de Venezuela en los Andes. Un año después, el país parece haber caído más en el desgobierno y la inestabilidad permanente que en una dictadura de ultraizquierda.

El desconocido maestro de escuela que sorprendió alzándose con la victoria ha llevado al país a una crisis política para la que no se atisba un final. Resultado de su posición minoritaria en el Congreso, Castillo ha cambiado continuamente su gabinete, con casi 60 ministros y hasta cuatro jefes de gobierno. El desfile ha sido también continuo en carteras ministeriales claves. En el ministerio del Interior ya lleva siete ministros.

El último, Mariano González, fue destituido tras solo dos semanas en el cargo, después de que ordenara la creación de un equipo policial de élite para localizar a los familiares y allegados del presidente reclamados por la Fiscalía por su presunta participación en delitos de corrupción. González lanzó acusaciones explosivas tras su caída: «No tengo ninguna duda que esta salida abrupta tiene que ver con obstruir la administración de justicia». Según el analista peruano del «Washington Post» Diego Salazar, la caída de González muestra que «Castillo consigue seguir sorprendiendo con su torpeza y descaro».

Ha sido solo el último de una lista de escándalos que ponen en duda la honradez del presidente y un buen resumen de lo que ha sido su primer año en el poder, una sucesión de sospechas de corrupción y una inestabilidad política permanente que ha paralizado cualquier acción de gobierno.

Las encuestas muestran un amplio rechazo a Castillo, pero hasta ahora ha logrado sobrevivir a las maniobras en su contra en el Congreso, donde dos mociones para destituirlo mediante un juicio político fracasaron por falta de apoyos. Sin embargo, los movimientos que más preocupan al presidente son los de la Fiscalía, que investiga los escándalos en los que se ha visto envuelto.

Varios testigos lo han acusado de actuar como cabeza de una red criminal en el ministerio de Transportes y Comunicaciones dedicaba a recibir pagos ilícitos a cambio de conceder contratos públicos a empresas chinas en Perú. La Fiscalía avanza en esa línea con la ayuda de los testimonios de una joven empresaria que se reunió varias veces con Castillo.

Los supuestos conseguidores en esta trama eran dos sobrinos de Castillo, Fray Vásquez y Gian Marco Castillo, que prefirieron fugarse a responder a las preguntas de la Fiscalía. También huyeron otros implicados, como el ex ministro de Transportes, Juan Silva, y el ex secretario personal del presidente, Bruno Pacheco, que ocultaba 10.000 dólares en efectivo en un aseo del palacio presidencial. Este último se entregó recientemente y su probable colaboración con la investigación complica aún más el panorama del presidente.

Otra familiar de Castillo que se ha situado en el ojo de la polémica fue su cuñada, Yenifer Paredes, después de que se difundieran unos vídeos en los que se la puede ver prometiendo la realización de obras de saneamiento en un municipio del provincia de Chota, de donde es oriundo el clan Castillo. Paredes aparece en la grabación con un chaleco de la constructora de un empresario que ha sido recibido varias veces en el Palacio de Pizarro desde que Castillo es presidente.

Pero este año intenso ha dado para más. Castillo es también investigado por presuntamente condicionar al pago de favores los ascensos en la cúpula de las Fuerzas de Seguridad y utilizar un apartamento de su propiedad en el distrito limeño de Breña para mantener reuniones sin dejar constancia en el registro oficial al que obliga la ley.

La inagotable ola de escándalos ha acorralado cada vez más a Castillo, que, pese a todo, insiste en no dimitir y lo achaca todo a un supuesto plan golpista, pero ese es un discurso que pocos en Perú compran. Su Gobierno, que llegó al poder con la promesa de renegociar los acuerdos con las compañías extranjeras que explotan los recursos naturales peruanos, una vieja demanda de la izquierda, no ha logrado dar un solo paso significativo. La promesa de una nueva Constitución también ha sido aparcada ante la precariedad en la que vive del Gobierno.

Una precariedad que se vio agravada con la ruptura del bloque de ultraizquierda cuya candidatura encabezó en las elecciones. El partido Perú Libre, del que Castillo no forma parte, lo llevó como candidato por la inhabilitación por corrupción de su líder, Vladimir Cerrón, reconocido admirador de la Cuba castrista. Las relaciones entre Castillo y Cerrón nunca fueron fáciles y las cosas terminaron de romperse cuando Cerrón decidió retirar el apoyo de sus congresistas al Gobierno, al que acusa de timorato. La bancada de Perú Libre quedó fracturada en tres bloques, complicando aún más la endiablada aritmética parlamentaria peruana y la supervivencia de Castillo, que ha visto aún más mermados sus apoyos, pero que se niega a ceder el mando o convocar nuevas elecciones, según algunos analistas, porque sin la inmunidad presidencial de la que goza ahora se enturbiaría mucho su horizonte penal.

Mientras tanto, el país sigue atenazado. Los conflictos sociales frecuentes se han recrudecido y han paralizado algunas explotaciones mineras estratégicas, se multiplican las protestas por la subida del combustible y la ciudadanía asiste a un empeoramiento de la inseguridad ciudadana ante el que el Gobierno no ofrece respuestas más allá de gestos populistas y hasta ahora poco efectivos, como declarar un estado de emergencia en Lima y El Callao y sacar al Ejercito a patrullar las calles junto a la Policía.

Según expertos policiales consultados por LA RAZÓN, el narcotráfico es cada vez más poderoso en la extensa Amazonía peruana, y en ella se extiende también el sucio negocio de la minería ilegal, que contribuye a la deforestación y a la inseguridad en el Perú rural, precisamente aquel que Castillo prometió priorizar.