Quién es el coronel acusado en México de ordenar el asesinato de seis estudiantes de Iguala

La matanza de los43 estudiantes de Iguala, ocurrida en 2014 en el estado mexicano de Guerrero, ya tiene una cara visible. Durante años se han difundido varias versiones sobre cómo fue la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa, convertido en uno de los casos más terribles de la violencia que impera en México desde hace casi veinte años

Esta semana, el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha dado un paso crucial al acusar a un general del Ejército de la muerte de seis de los jóvenes. La versión ofrecida por el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, es la primera de un funcionario público que culpa a las Fuerzas Armadas de la matanza. Una semana antes se había publicado un informe de la Comisión de la Verdad creada para investigar el caso.

Esta sorprendente versión revela que seis de los 43 estudiantes universitarios “desaparecidos” fueron mantenidos con vida en un almacén durante días y luego entregados al comandante del ejército en Iguala, José Rodríguez Pérez, que habría ordenado su muerte, según afirmó Encinas, que encabeza la Comisión de la Verdad. Un año después de estos sucesos, Rodríguez Pérez fue ascendido a general por parte del Gobierno de Enrique Peña Nieto.

Al parecer, este coronel estaba en nómina del grupo criminal Guerreros Unidos cuando desaparecieron los 43 estudiantes, según un testigo protegido cuya declaración forma parte de la causa penal que investiga los hechos ocurridos en Iguala entre el 26 y el 27 de septiembre de 2014. José Rodríguez Pérez estaba al mando del 27 Batallón de Infantería del Ejército en Iguala y fue él quien coordinó las acciones militares de aquella jornada.

Según el relato de Encinas, las autoridades siguieron de cerca a los estudiantes de la escuela de maestros en el pueblo de Ayotzinapa desde el momento en que salieron de su campus hasta su secuestro por parte de la policía local en el pueblo de Iguala esa noche. Un soldado que se había infiltrado en la escuela estaba entre los estudiantes secuestrados y Encinas afirmó que el ejército no siguió sus propios protocolos y trató de rescatarlo.

“También hay información corroborada con llamadas telefónicas de emergencia al 089 donde presuntamente seis de los 43 estudiantes desaparecidos fueron retenidos durante varios días y con vida en lo que llaman el viejo almacén y de ahí fueron entregados al coronel”, dijo Encinas. “Los seis estudiantes habrían estado vivos hasta cuatro días después de los hechos y habrían sido asesinados y desaparecidos por orden del coronel José Rodríguez Pérez”.

La web de información Animal Político asegura que quiso conocer la actual situación del coronel, pero ni la Secretaría de la Defensa (Sedena), ni la Fiscalía General de la República (FGR) dieron respuesta.

La declaración de un testigo protegido conocido como “Juan” ha sido clave, pues también señala al capitán José Martínez Crespo, actualmente en prisión acusado de “delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos contra la salud”.

Según este testimonio del testigo protegido, la alianza entre los militares y el crimen organizado no era algo puntual, ya que integrantes del 27 batallón colaboraban habitualmente con Guerreros Unidos, una banda mafiosa que se escindió del cártel de los Beltrán Leyva y que estaba liderado por Mario Casarrubias Salgado.

Según lo declarado por este testigo, los hechos de Iguala se desataron por el enfrentamiento entre miembros de Guerreros Unidos con un grupo rival, que habría llegado en camionetas detrás de los autobuses en los que viajaban los normalistas y sus integrantes habrían intentado camuflarse mezclándose con los estudiantes.

Dudas en la investigación

El papel del ejército en la desaparición de los estudiantes ha sido durante mucho tiempo una fuente de tensión entre las familias de los desaparecidos y el gobierno. Desde un principio hubo dudas sobre el conocimiento de los militares de lo sucedido y su posible participación. Los padres de los estudiantes exigieron durante años que se les permitiera registrar la base militar en Iguala.

El informe de la comisión dice que el ejército registró una llamada de emergencia anónima el 30 de septiembre de 2014, cuatro días después del secuestro de los estudiantes. Según los informes, la persona que llamó dijo que los estudiantes estaban detenidos en un gran almacén de hormigón en un lugar descrito como “Pueblo Viejo”. La persona que llamó procedió a describir la ubicación.

El grupo criminal Guerreros Unidos

Esa entrada fue seguida por varias páginas de material redactado, pero esa sección del informe concluyó con lo siguiente: “Como se puede ver, existió una colusión evidente entre agentes del estado mexicano con el grupo criminal Guerreros Unidos que toleraba, permitía y participaba en hechos de violencia y desaparición de los estudiantes, así como el intento del gobierno de ocultar la verdad sobre los hechos”.

Más tarde, en un resumen de cómo el informe de la comisión difería de las conclusiones de la investigación original, se menciona a un coronel. “El 30 de septiembre ‘el coronel’ menciona que ellos se encargarán de limpiar todo y que ya se habían hecho cargo de los seis estudiantes que habían quedado con vida”, dice el informe.

En una declaración testimonial brindada a los investigadores federales en diciembre de 2014, el capitán José Martínez Crespo, que estaba destinado en la base de Iguala, indicó que el comandante de la base del 27.º Batallón de Infantería en ese momento era el coronel José Rodríguez Pérez.

El 26 de septiembre de 2014, la policía local bajó a los estudiantes de los autobuses que habían comandado en Iguala. El motivo de la acción policial sigue sin estar claro ocho años después. Nunca se han encontrado sus cuerpos, aunque se han encontrado fragmentos de huesos quemados con los de tres de los estudiantes.

La semana pasada, agentes federales arrestaron al exfiscal general Jesús Murillo Karam, quien supervisó la investigación original. El miércoles, un juez ordenó que fuera juzgado por desaparición forzada, no denunciar tortura y mala conducta oficial. Los fiscales alegan que Murillo Karam creó una narrativa falsa sobre lo que les sucedió a los estudiantes para aparecer rápidamente para resolver el caso.

Las autoridades también dijeron la semana pasada que se emitieron órdenes de arresto contra 20 soldados y oficiales, cinco funcionarios locales, 33 policías locales y 11 policías estatales, así como 14 miembros de bandas criminales. Ni el ejército ni los fiscales han dicho cuántos de esos sospechosos están bajo custodia. Tampoco quedó claro de inmediato si Rodríguez Pérez estaba entre los buscados.

El presidente Andrés Manuel López Obrador le ha dado a las fuerzas armadas de México una enorme responsabilidad. Las fuerzas armadas no solo están en el centro de su estrategia de seguridad, sino que se han hecho cargo de la administración de los puertos marítimos y se les ha encomendado la construcción de un nuevo aeropuerto para la capital y un tren turístico en la península de Yucatán. El presidente ha dicho muchas veces que el ejército y la marina son las instituciones menos corruptas y tienen su confianza.