Perú concede un salvoconducto a la familia de Pedro Castillo para exiliarse en México

El Gobierno de México confirmó ayer que el país otorgó asilo político a la familia del expresidente de Perú, Pedro Castillo, quien fue destituido por el Congreso tras intentar un golpe de Estado y ahora permanece en prisión. Los familiares del exmandatario están en la Embajada mexicana de Lima, como detalló el canciller Marcelo Ebrard durante la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien afirmó que las puertas de su país están abiertas para Castillo y todo el que se sienta perseguido en Perú. Ebrard adelantó que mantenían conversaciones con las autoridades de Perú para otorgar un salvoconducto, en caso de que la familia de Castillo quiera viajar a México.

No especificó quiénes están asilados en la embajada de su país, pero se asume que se trata de la esposa del expresidente, Lilia Paredes, -que lo acompañaba cuando fue detenido tras intentar disolver el Congreso y escapar hacia la sede diplomática azteca- y sus hijos. Se espera un pronto anuncio de cuándo viajarían a Ciudad de México.

La confirmación del acuerdo entre Perú y México vino esta noche a través de un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores peruano en el que se confirmaba al concesión del permiso para abandonar el país. “La Cancillería ha procedido a otorgar los salvoconductos a las mencionadas personas. El Gobierno mexicano ha sido informado por esta Cancillería que la señora Lilia Paredes se encuentra comprendida en una investigación preparatoria como autora del delito de organización criminal, previsto y sancionado”, aseguró la ministra de Exteriores, Ana Cecilia Gervasi, en la declaración.

Entretanto, la presidenta Dina Boluarte intenta darle estabilidad a su país y calmar las protestas que durante dos semanas han reclamado adelanto de elecciones generales. Para eso ha decidido sustituir a su primer ministro, Pedro Angulo, luego de menos de 10 días en el cargo. Reconoció haber creído que necesitaba de técnicos para darle viabilidad al Ejecutivo, pero no fue suficiente. «Estamos reconformando el Gabinete, quizá con un Gabinete que conozca el aspecto técnico pero también que sea algo más político», dijo la mandataria en televisión.

Angulo había afirmado que las protestas peruanas estaban siendo pagadas y habló de actos subversivos, lo cual fue criticado por las bancadas de izquierda en el parlamento. Con su sustitución también se nombrarán nuevos ministros de Educación y Cultura, que renunciaron días atrás en rechazo a las muertes ocurridas por la represión de la fuerza pública contra los manifestantes en distintas regiones.

Boluarte ha insistido en su llamada a construir una paz y una estabilidad, para lo cual se ha mantenido en reuniones con gremios y partidos políticos. Mientras, los ministros de Trabajo, Transportes y Energía han buscado dialogar con autoridades y sociedad civil de Chala, Arequipa, donde el enfrentamiento dejó un muerto más este fin de semana. El total de fallecidos ya suma 26.

La Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales instó a que se logre el adelanto de elecciones, rechazó las muertes en las protestas, pidió que el Gobierno y el Congreso instalen una mesa para investigar los decesos y exigió que se derogue el estado de emergencia. La Asociación de Universidades Nacionales también pidió adelantar los comicios.

Pero en el Congreso la discusión sobre una convocatoria a las urnas aún no produce resultados todavía. Este martes el legislativo se reunió para discutir de nuevo el asunto. Con 94 votos a favor, se abrió el debate sobre el proyecto de ley de adelanto de elecciones, que había sido rechazado la semana pasada. Al cierre de esta edición, continuaba el debate.

En las calles las protestas han continuado, a pesar del decreto gubernamental de toque de queda en regiones como Ayacucho. Allí se han vivido los peores días, especialmente el 15 de diciembre cuando el Ejército peruano reprimió con balas y dejó un saldo de nueve fallecidos, y el 16 cuando grupos violentos incendiaron instituciones públicas, como las sedes de la Corte Superior de Justicia, el Ministerio Público, Registros Públicos y el Servicio de Administración Tributaria.

Pero con el decreto del Ejecutivo la vida se normalizó un poco, aunque varias organizaciones sociales han convocado a mantener los reclamos sobre el asfalto de manera pacífica. Este lunes, circuló en Perú un vídeo del general de la Policía Nacional Ántero Mejía Escajadillo amenazando con detener a comerciantes por marchar. «Estoy hablando bien claro: mañana empiezo a detener a todo el mundo».