La administración Trump volverá a examinar a 55 millones de titulares de visas en una nueva escalada de deportaciones

La administración Trump ha puesto en marcha un controvertido plan para reexaminar a aproximadamente 55 millones de extranjeros con visas válidas en Estados Unidos. Esta iniciativa, revelada recientemente, busca verificar si estos titulares han incumplido alguna normativa que los descalifique para permanecer en el país, lo que podría derivar en la revocación de sus visas y potenciales deportaciones.

El Departamento de Estado ha declarado que los poseedores de visas están sujetos a "evaluaciones continuas", lo que implica una revisión exhaustiva de información disponible en diversas bases de datos gubernamentales para identificar posibles infracciones.

Las infracciones bajo escrutinio incluyen actividades terroristas o el apoyo a organizaciones de este tipo. Cualquier violación detectada podría resultar en la cancelación inmediata de la visa, exponiendo al individuo a un proceso de deportación similar al de inmigrantes indocumentados.

Impacto y alcance de la política migratoria

Esta transformación en la política migratoria representa un cambio severo en las medidas de deportación. Ya no solo se dirigen a quienes ingresan irregularmente, sino también a residentes legales, generando profunda preocupación en la comunidad migrante.

Según datos oficiales, la administración ha revocado más de 6,000 visas de estudiantes por exceder tiempo permitido o violar leyes locales y federales. Aproximadamente entre 200 y 300 visados adicionales han sido cuestionados por presuntos vínculos terroristas.

Durante su segundo mandato, Trump ha promovido una estrategia de 'cero tolerancia', caracterizada por deportaciones masivas y el fortalecimiento de legislaciones migratorias. Esta política ha resultado en arrestos multitudinarios y ha empoderado a autoridades locales para colaborar con agentes de inmigración.

Las consecuencias han sido significativas: para abril de 2025, se reportaron cerca de 140,000 deportaciones. La nueva directiva no solo afecta a inmigrantes indocumentados, sino que también pone en riesgo a quienes cumplen legalmente con las regulaciones.