Mali, Níger y Burkina Faso anuncian su retirada de la Corte Penal Internacional

Las juntas militares de Mali, Níger y Burkina Faso anunciaron el martes que abandonan la Corte Penal Internacional (CPI). Los países miembros de la Alianza de Estados del Sahel (AES) calificaron, en un comunicado conjunto, a la Corte como un “instrumento de represión neocolonial” y defendieron la creación de mecanismos “autóctonos” de justicia.

Este último movimiento consolida el viraje de la AES: salieron de la CEDEAO, expulsaron a las tropas occidentales de sus territorios y han continuado un acercamiento político-militar hacia Moscú. Su retirada del CPI, sin embargo, no es instantánea: el Estatuto de Roma exige notificar de la decisión al secretario general de la ONU y esperar un año para que la decisión surta efecto, de manera que las obligaciones de cooperación siguen vigentes.

Aunque la AES no inaugura ninguna senda. Existen precedentes (pocos, pero existen) de países que han salido o intentado salir de este sistema: Burundi completó su retirada en 2017; Filipinas lo hizo en 2019; Gambia revirtió su notificación tras un cambio de gobierno; y Sudáfrica chocó con su propio Tribunal Supremo cuando quiso abandonar el Estatuto. En Europa, por ejemplo, Hungría ha estado explorado una salida a través de su Parlamento.

El caso que compete a las juntas militares del Sahel puede leerse además dentro de un marco geopolítico concreto. Rusia se ha convertido en los últimos años en el mayor aliado de los gobiernos de la AES, proveyendo de equipo militar y de entrenamiento a sus tropas, a la vez que Mali, Níger y Burkina Faso han roto los vínculos que existían con Francia y otras potencias occidentales. Este telón de fondo es relevante porque la CPI mantiene órdenes de arresto contra Vladímir Putin y Maria Lvova-Belova por la deportación ilícita de menores desde Ucrania… lo que convierte la cooperación con La Haya en un asunto sensible para quienes buscan respaldo ruso.

Motivos en debate: soberanía, alineamientos y cuentas pendientes

Las juntas del Sahel han justificado su decisión en la defensa de su soberanía y en la crítica a una supuesta imparcialidad de la CPI. Su retórica es conocida y tiene audiencia en sociedades exhaustas por la violencia y la precariedad que campan a sus anchas dentro de sus propios países. Pero, más allá del discurso, deben conocerse los hechos sobre el terreno que ayudarán a explicar lo sucedido.

El expediente maliense ante la CPI está abierto desde 2013. Organizaciones de derechos humanos han documentado operativos en donde fuerzas malienses, acompañadas por combatientes extranjeros vinculados al Grupo Wagner, habrían ejecutado de forma sumaria a centenares de civiles. El episodio más citado ocurrió en la localidad de Moura (marzo de 2022), donde Human Rights Watch estimó alrededor de 300 ejecuciones en el marco de una operación militar; informes posteriores añadieron nuevos señalamientos de abusos graves y desapariciones forzadas en operativos similares. Son hechos que, de confirmarse judicialmente, encajan en tipos penales bajo la jurisdicción de la CPI.

En Burkina Faso se concentran también las matanzas de civiles en contextos de contrainsurgencia. En la localidad de Karma (abril de 2023), Human Rights Watch y otras organizaciones vincularon a miembros del ejército con la muerte de al menos 156 civiles; en 2024, la misma organización reportó 223 víctimas en ataques a las aldeas de Nondin y Soro. La repetición del patrón y la falta de investigaciones creíbles (los periodistas tienen prohibido acceder a estas zonas) han servido para multiplicar las sospechas.

En el caso de Níger, aunque el país no acumula un acervo tan vasto de documentación pública, se han registrado limitaciones en el espacio cívico tras el golpe de 2023, detenciones arbitrarias y denuncias de malos tratos que siguen con la línea autoritaria del resto de la región. En su caso, la retirada de la CPI puede reducir la colaboración con las investigaciones internacionales, además de dificultar la protección de testigos y complicar la ejecución de órdenes de arresto.

Un tribunal con límites, pero con sentencias y alcance que desmienten el tópico del “neocolonialismo”

La CPI, como es lógico, tampoco es inmune a críticas: ha sufrido demoras, reveses en apelación y dependencias logísticas y políticas que entorpecen su trabajo. Pero también ha producido condenas firmes que han fijado reglas relevantes en derecho penal internacional. La primera sentencia de su historia, contra Thomas Lubanga (2012), condenó el alistamiento y uso de niños soldados en la República Democrática del Congo. Germain Katanga (2014) fue sentenciado por crímenes de guerra y de lesa humanidad ligados a la masacre de Bogoro. Ahmad al Faqi al-Mahdi (2016) fue hallado culpable por la destrucción intencional del patrimonio de Tombuctú, en Mali, creándose un hito que elevó ese tipo de ataques a la condición de crimen de guerra perseguible.

Bosco Ntaganda (2019) recibió 30 años de prisión, la pena más alta dictada por la Corte, por 18 cargos, entre crímenes de guerra y de lesa humanidad. Dominic Ongwen (2021) fue condenado a 25 años por 61 crímenes, y la apelación confirmó tanto la culpabilidad como la pena.

El alcance de la jurisdicción, contrario al discurso de las juntas, no se limita a África. A las ya citadas órdenes de arresto contra Putin y Lvova-Belova en el caso de Ucrania, habría que añadir el expediente de Palestina. Cuando el Fiscal solicitó en mayo de 2024 órdenes de arresto contra responsables de Hamás y también contra líderes israelíes; esto dio meses más tarde con la emisión de órdenes de arresto contra el primer ministro Benjamin Netanyahu y el entonces ministro de Defensa Yoav Gallant.

La combinación de causas en Ucrania e Israel, y el nivel de las personas buscadas, muestra una institución que intenta aplicar el mismo marco jurídico a situaciones y actores de perfiles muy distintos, incluidos líderes de países aliados de Occidente. Y no sólo a actores africanos, como intentan señalar las juntas.

La Corte ha sido requerida en varias ocasiones por Estados africanos, ha dictado sentencias que han resultado ser reparadoras y útiles a los procesos de paz. La AES podrá ganar tras esta decisión un nuevo margen político interno y una “coherencia” con su mapa de alianzas; también deberá asumir el coste de perder herramientas para investigar atrocidades o reparar a víctimas en contextos donde la justicia doméstica no siempre ha sido eficaz.