El terremoto en Turquía y Siria aumenta la presión hacia las organizaciones humanitarias y los países occidentales para ayudar a la población siria, sobre todo en la zona rebelde de Idlib, en el norte del país.
Horas después del mortífero temblor del lunes, la comunidad internacional se movilizó por Turquía, enviando rápidamente ayuda de urgencia. Francia, Alemania y Estados Unidos también prometieron socorrer a las víctimas sirias, pero sin enviar inmediatamente la asistencia.
Ayudar a la población siria "en el contexto político de un régimen que desencadenó una guerra civil que dura desde hace 10 años" es complicado, opinó Laurence Boone, secretaria de Estado francesa para Europa ante la cámara baja de Francia.
"Siria sigue siendo una zona oscura, desde un punto de vista legal y diplomático", estima Marc Schakal, responsable del programa centrado en Siria de Médicos Sin Fronteras (MSF), instando a enviar ayuda "lo antes posible".
Schakal teme que las oenegés locales e internacionales se vean sobrepasadas en un país arrasado por casi 12 años de guerra civil que enfrenta a una multitud de bandos -fuerzas gubernamentales, rebeldes, yihadistas y kurdos entre otros- y en el que están presentes tropas de varios países.
El gobierno de Bachar al Asad, apoyado por Irán y Rusia, está aislado internacionalmente y sometido a numerosas sanciones.
La ayuda es crucial porque "la situación de la población ya era dramática", insiste el profesor Raphaël Pitti, un responsable de la ONG francesa Mehad, especialmente preocupado por la provincia de Idlib.
Uno de los principales problemas es el acceso a este último bastión controlado por rebeldes y yihadistas, donde viven 4,8 millones de personas, dice.
Casi toda la ayuda humanitaria que llega a esta región desde Turquía pasa por Bab al Hawa, el único punto de acceso, obtenido mediante una resolución de la ONU.
Enviar la ayuda a través del territorio sirio controlado por Damasco sería complicado a nivel diplomático. También supondría que el régimen oficial acepta dar estar ayuda a la población de las zonas rebeldes y que los beligerantes se ponen de acuerdo en su distribución.
Además, el paso de Bab al Hawa se vio afectado por el seísmo, declaró la ONU este martes. El temblor de tierra ha dejado más de 1.700 muertos en Siria y el balance no deja de aumentar.
Tras la tragedia, el régimen sirio, sancionado por la comunidad internacional desde el inicio de la guerra en 2011, ha pedido a los países que envíen ayuda.
El embajador sirio en la ONU, Bassam Sabbagh, aseguró el lunes que esta ayuda sería "para todos los sirios en todo el territorio". Pero puso una condición: que esta asistencia sea distribuida desde el interior del país, bajo control gubernamental.
"Los accesos a partir de Siria existen, pueden coordinarse con el gobierno y estamos dispuestos a hacerlo", precisó el diplomático, rechazando la posibilidad de llevar la ayuda por los accesos transfronterizos.
Francia no salió de momento de su reserva, y Alemania pidió la apertura de otros puntos de paso. "Todos los actores internacionales, incluida Rusia, deberían aprovechar su influencia sobre el régimen sirio para que llegue la ayuda humanitaria destinada a las víctimas", comentó la ministra alemana de Exteriores, Annalena Baerbock.
Francia podría estar menos presente que "en otras crisis", ya que es "incómodo" ir a un país a cuyo gobierno no se le reconoce legitimidad, estima Emmanuel Dupuy, presidente del Instituto Prospectiva y Seguridad.
Para Raphaël Pitti, las zonas bajo la autoridad de Damasco recibirán probablemente ayuda internacional. "Como siempre ha sucedido desde hace 10 años", puntualiza.
Emiratos Árabes Unidos, el primer país del Golfo en reabrir su embajada en Damasco en 2018, prometió 100 millones de dólares en ayudas a las víctimas tanto en Siria como en Turquía.
Pero el profesor teme que la población de Idlib, entre los que hay "2,8 millones de refugiados", sea dejada de lado, máxime cuando las autoridades turcas ya están desbordadas con sus propias zonas devastadas por el terremoto.
La comunidad católica de San Egidio, con sede en Roma, llamó el martes a suspender las sanciones y la Media Luna Roja hizo el mismo llamado.
Por su parte el portavoz de la oficina de coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU, Jens Laerke, afirmó que es imperativo que todo el mundo considere la situación como "una crisis humanitaria donde hay vidas en juego".
