La alcaldesa de Los Angeles declara el toque de queda para frenar la violencia contra Trump

La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, ha decretado este martes el toque de queda en el centro de la localidad californiana, que estará en vigor hasta las 6.00 horas del día siguiente, una medida tomada en el marco de las protestas desatadas desde la semana pasada contra las redadas migratorias ejecutadas por el Gobierno de Donald Trump y en medio del choque entre administraciones por el despliegue de la Guardia Nacional ordenado por el mandatario. "El toque de queda en el centro de Los Ángeles estará en vigor desde las 20.00 horas del martes hasta las 6.00 de la mañana del miércoles", ha anunciado en rueda de prensa.

El presidente Trump describió como una “invasión extranjera” las protestas que están teniendo lugar los últimos días en Los Ángeles y calificó la ciudad como "estercolero". Trump ha movilizado a unos 4.000 miembros de la Guardia Nacional y unos 700 marines. “No permitiremos que una ciudad estadounidense sea invadida y conquistada por un enemigo extranjero”, dijo.

También ha comparecido el jefe del Departamento de Policía de Los Ángeles, Jim McDonnell, asegurando que cualquier persona no considerada exenta que se encuentre en la zona y durante el período de tiempo designados para el toque de queda estará "sujeta a arresto".

"El toque de queda es una medida necesaria para proteger vidas y salvaguardar propiedades tras varios días consecutivos de crecientes disturbios en toda la ciudad", ha defendido tras indicar que las detenciones por estas protestas han aumentado significativamente en el transcurso de unos días", teniendo en cuenta que los movilizaciones se iniciaron el pasado viernes.

Así, ha informado de que las autoridades han detenido este martes a 197 personas, mientras que en la víspera fueron arrestadas 114, el domingo 40 y el sábado 27. "Hemos asistido a una preocupante escalada y a un comportamiento ilegal y peligroso", ha advertido McDonnell. "Permítanme dejar claro que este comportamiento, bloqueando autopistas, calles de la ciudad y rampas, negándose a cumplir con las órdenes legales de dispersión e interfiriendo con las operaciones de seguridad pública, es peligroso, ilegal y no será tolerado", ha asegurado.

Pese a que la situación es más calmada que en anteriores jornadas, las calles del centro de Los Ángeles, donde se ubican los edificios gubernamentales, se ven prácticamente vacías de turistas y viandantes. El edificio del Departamento de la Policía de Los Ángeles viste a modo de fortaleza, con decenas de miembros de las fuerzas de seguridad que aseguran el perímetro.

También el Ayuntamiento de Los Ángeles se encuentra repleto de guardias mientras personal limpian las pintadas de spray, evidencias de la rudeza que vive esta parte de la ciudad. Y en medio de los intentos por restablecer el orden, lejos de cesar el ruido de las protestas, las sirenas de las patrullas de policía y las aspas de varios helicópteros que sobrevuelan las calles no paran de sonar.

Estas fricciones no solo se sienten en las calles, sino también a nivel político. El gobierno de California respondió este martes a los actos del presidente, con una solicitud de emergencia ante un tribunal para solicitar una orden que impida al Pentágono ampliar la misión del personal federalizado de la Guardia Nacional de California y la Infantería de Marina; no obstante, esta fue rechazada por el juez de distrito Charles R. Breyer.

El juez programó una audiencia para el jueves en la que se prevé que California y el gobierno federal presenten sus argumentos sobre si se debe permitir o no el uso de las tropas en estas tareas.

El despliegue total de los casi 5.000 soldados tendrá un costo de 134 millones de dólares que cubrirán transporte, alimentación, alojamiento y otros gastos hasta un máximo de 60 días, según cifras compartidas por el Pentágono.