FARC

Alejandro Ordóñez: «No hay que cantar victoria, las FARC aún pueden volver a atentar»

Alejandro Ordóñez
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Procurador general de Colombia. Cree que el Gobierno ha claudicado dando impunidad y más fortaleza a la guerrilla

Alejandro Ordóñez, Procurador General de la Nación, es una de las voces más críticas con el proceso de paz colombiano. En una entrevista telefónica con LA RAZÓN asegura que aún “no hay que cantar victoria” porque las FARC, asegura, se han fortalecido militarmente y están dispuestas a atentar en las ciudades si no se cumple lo acordado en La Habana.

–¿Hoy se firma en Cuba el fin de una guerra de 50 años?

–Por supuesto que no. Esto no es un proceso de paz, sino un acuerdo entre Santos y las FARC. Es un acuerdo entre dos élites: la gobernante y la criminal para postrar a la clase media. Y la estrategia del presidente para que se apruebe el plebicisto sobre el acuerdo es el miedo de los colombianos a más terrorismo y más impuestos si no se aceptan lo acordado en Cuba.

–Entonces, ¿no es optimista por el cese bilateral de las hostilidades?

–No hay que cantar victoria. La Procuraduría ha hecho muchas advertencias sobre los riesgos que hay. Si no se produce una desarticulación real del aparato criminal y no hay un desarme, será preocupante porque se podría dar la presencia armada de las FARC en las ciudades.

–¿Las FARC tienen voluntad de volver a atentar si no se cumple lo pactado?

–Por supuesto que sí. El señor presidente nos dijo hace una semana que las FARC estaban dispuestas a hacer terrorismo urbano si el pueblo colombiano no aprobaba lo que van a acordar el presidente y «Timochenko» en Cuba. Y en eso sí que creo al presidente.

–¿Piensa que ahora las FARC están mejor preparadas militarmente?

–Cuando se inició el proceso teníamos unas FARC diezmadas militarmente y sin ninguna legitimidad política. Como consecuencia de las conversaciones, ahora están legitimadas políticamente y fortalecidas militarmente, hasta el punto de que amenazan con el terrorismo urbano, algo que antes no podían hacer. Hay que decir que el cese bilateral existía de manera disfrazada desde hace cerca de un año. La guerrilla continuaba delinquiendo, pero la acción legítima del Estado se había neutralizado porque se suspendieron los operativos militares contra las FARC. Sus campamentos se convirtieron en un santuario donde se diseñaban acciones criminales contra los ciudadanos y nuestras Fuerzas de Seguridad.

–Pero los colombianos estarán satisfechos con un acuerdo de paz...

–Vale la pena advertir de que hoy en La Habana no hay dos partes, sino una sola parte, que es el Gobierno, unido con las FARC, para imponer lo acordado al pueblo colombiano. La otra parte es precisamente el pueblo colombiano, que está siendo sometido por el Gobierno y por las FARC a una guerra psicológica con los mismos argumentos. Tanto el Gobierno como las FARC dicen que si no se aprueba lo acordado habrá guerra. Y el Gobierno añade, además, que habrá más impuestos confiscatorios, lo que ha generado la reacción del ciudadano.

–¿Y si finalmente hay paz y las FARC ya no vuelven a atentar?

–Quién no va a querer que haya una entrega de armas y una desmovilización de las FARC, pero lo que pasa es que con el fortalecimiento del narcotráfico por la renuncia del Estado colombiano a actuar contra los cultivos ilícitos hemos pasado de tener 40.000 hectáreas a 220.000 hectáreas de cultivos ilícitos. Y eso ha fortalecido la criminalidad, a las FARC y al ELN.

–¿Un futuro Gobierno podría bloquear lo acordado en Cuba?

–Lo que se ha planteado no supone ningún blindaje que aguante un caucherazo demócratico, porque los términos de lo acordado privilegian al victimario y sacrifica a la víctima. Favorece la impunidad y lo saben el Gobierno, las FARC y el pueblo colombiano. No va a ser sostenible porque desconoce los estándares internacionales a los que Colombia está obligado. El Gobierno postró primero a las fuerzas militares. Después se doblegó a ganaderos y agricultores, a los que amenazó con más de 15.000 procesos penales. Y por fin se ha doblegado a los ciudadanos amenazándoles con el terrorismo y los impuestos. Es una estrategia muy bien diseñada como parte de la guerra psicológica.

–¿Cree que se han hecho demasiadas concesiones?

–El Gobierno ha accedido a todas las peticiones de las FARC. Les han dado impunidad, la extradición de sus jefes, la protección de su fortuna, funciones constitucionales y la capacidad de gobernar en los lugares donde tiene sus cultivos.