Alquilar cárceles en el extranjero: la polémica solución de este país europeo al hacinamiento penitenciario

Estonia será el destino de cerca de 600 reclusos extranjeros tras alcanzar un acuerdo con otro país europeo que, en los últimos años, ha experimentado un notable aumento de la criminalidad, muchas veces relacionada con enfrentamientos entre bandas y ajustes de cuentas. Este incremento de la violencia ha obligado a las autoridades a tomar decisiones excepcionales.

El país en cuestión es Suecia, cuyo gobierno ha anunciado la firma de un acuerdo para alquilar unas 400 celdas en la prisión de Tartu, situada en el sureste de Estonia. La decisión responde a la urgente necesidad de aliviar el sistema penitenciario sueco, que se encuentra actualmente al borde del colapso.

Ambos países han defendido el pacto argumentando que no existen obstáculos legales que impidan su ejecución y que generará beneficios mutuos. Según el ministro de Justicia sueco, Gunnar Strömmer, esta medida "aliviará significativamente la carga del sistema penitenciario sueco", mientras que para Estonia supondrá la creación de empleo en la región de Tartu y el aprovechamiento de infraestructuras penitenciarias infrautilizadas.

El acuerdo, sin embargo, requiere una reforma legislativa en Suecia, y deberá ser aprobada por el Riksdag (Parlamento), con el respaldo de al menos tres cuartas partes de la cámara. La propuesta ha generado división política, especialmente entre los socialdemócratas, que se muestran escépticos ante la idea de externalizar parte del sistema penitenciario y alertan sobre sus posibles consecuencias sociales y laborales.

¿Cuánto cuesta mantener a un preso?

Según el ministro Strömmer, el traslado de presos no supondrá un coste adicional para los contribuyentes suecos. El coste estimado por recluso en Estonia será de 8.500 euros al mes, frente a los 11.500 euros que implica mantener a un preso dentro del sistema penitenciario sueco. La sobrecarga actual se debe al rápido crecimiento del crimen organizado y a un endurecimiento legislativo impulsado por el actual gobierno de corte liberal-conservador. Las cárceles suecas presentan una tasa de ocupación del 141 %, y las previsiones apuntan a un aumento constante.

La medida ha generado fuertes críticas por parte de los sindicatos de funcionarios penitenciarios, quienes advierten de los posibles riesgos en términos de seguridad, control y reinserción social. El acuerdo, que podría entrar en vigor a partir del 1 de julio, prevé el traslado de reclusos mayores de 18 años y en buen estado de salud, aunque ha suscitado polémica en Estonia, donde parte de la opinión pública teme que personas condenadas por delitos graves, como asesinatos o violaciones, puedan ser enviadas al país.

Suecia no es el único país que considera externalizar parte de su población carcelaria. Noruega, por ejemplo, ya ha enviado anteriormente presos a Países Bajos, y Dinamarca estudia actualmente la posibilidad de alquilar celdas en Kosovo para albergar a reclusos extranjeros condenados por delitos menores.