Internacional

Cuenta atrás del derecho al aborto en EE UU

Las protestas se extienden por todo el país, con pancartas de “Mi cuerpo, mi decisión” frente a otras con “el aborto es violencia”

Una mujer sostiene una pancarta que dice "Mi útero es propiedad privada, ¡No lo toques!" durante un acto celebrado este martes a las afueras de la llamada Torre de la Libertad en Miami, Florida.
Una mujer sostiene una pancarta que dice "Mi útero es propiedad privada, ¡No lo toques!" durante un acto celebrado este martes a las afueras de la llamada Torre de la Libertad en Miami, Florida. FOTO: Ana Mengotti EFE

El derecho constitucional al aborto podría tener los días contados en Estados Unidos. Y, con su derogación después de casi medio siglo de existencia, ir a la cárcel por interrumpir voluntariamente un embarazo podría ser una realidad no muy lejana.

Una filtración sin precedentes del rotativo estadounidense Pilitico levantaba esta semana un revuelo social, mediático y político de magnitud incalculable, con la polémica atención puesta en el borrador de un acuerdo entre magistrados de la Corte Suprema, firmado en febrero de este año, que pretende revocar la actual ley del aborto vigente desde Roe contra Wade. En ese histórico caso de 1973, la máxima institución judicial del país dictaminó que la Constitución de Estados Unidos protege la libertad de una mujer embarazada para elegir interrumpir su embarazo sin excesivas restricciones del Gobierno.

Aunque cada Estado del país es un mundo aparte y la Constitución no se interpreta de la misma manera ni las normas se aplican igual, dependiendo del color del partido que gobierna y la mentalidad de su población, a la que condicionan diversos factores vinculados a la raza, la religión, su cultura y costumbres. De revocarse la actual ley del aborto, al menos 26 de ellos prohibirían la interrupción del embarazo en toda su forma, media docena de ellos imponiendo incluso reglas “extremas” con prohibiciones que entrarían en vigor tan pronto como los jueces fallen en contra y conviertan ese borrador en realidad.

Arkansas, Idaho, Kentucky, Luisiana, Misisipi, Misuri, Dakota del Norte, Dakota del Sur, Oklahoma, Tennesse, Texas, Utah y Wyoming son esos 13 Estados que aplicarían medidas extremas contra el aborto y, además, al contar con las conocidas como “leyes desencadenantes”, prohibirían automáticamente la interrupción del embarazo en primera y última instancia, sin contemplar ninguna excepción como el incesto, la violación o el riesgo en la salud de la madre y pondrían entre rejas a quienes no cumplan con la ley.

Algunos mandatario estatales no han esperado a que llegue ese momento y aprovechaban el debate de estos días para aprobar de manera inmediata leyes contra el aborto más estrictas. Es el caso de Oklahoma, cuyo gobernador Kevin Stitt quiere convertirlo en “el Estado más pro-vida de Estados Unidos”, poniendo en marcha, para conseguir ese objetivo, la Ley latidos de corazón, que prohíbe el aborto a partir de las seis semanas de gestación, cuando en la mayoría de los casos las mujeres no saben todavía que están embarazadas.

Miles de estadounidenses, a favor y en contra de revocar el derecho al aborto tras la filtración de la que apunta a ser ya una decisión pactada por la poderosa mayoría conservadora de la máxima institución judicial, salían en masa a las calles de las principales ciudades del país.

“Mi cuerpo, mi decisión”, podía leerse en la pancarta de Nataly McGartland, una estudiante universitaria de Maryland que se acercó hasta las puertas de la Corte Suprema para protestar por lo que considera son sus derechos como mujer. “Creo que es extremadamente importante para las mujeres ser verdaderamente iguales, y eso incluye libertades económicas y libertades reproductivas”.

La multitudinaria concentración espontánea en el exterior del emblemático edifico que resguarda la sede del poder judicial en Estados Unidos ha obligado a las autoridades a extremar las precauciones de seguridad, trasladando hasta su fachada los restos del vallado que hace meses sirvió para proteger el recinto del Capitolio tras el histórico asalto del 6 de enero de 2021.

“El aborto es violencia”, defendía Robert Byrd sostenido entre sus manos la inscripción escrita de su puño y letra. Este activista pro-vida de 29 años, procedente de la otra costa del país, la ciudad de San Francisco, cree que “conlleva sólo una o dos personas agitar el mundo, para lo bueno y para lo malo”.

Gran parte del debate en torno al tema del aborto entre la población de Estados Unidos se centra en defender la distinción sobre qué momento exacto se considera que da comienzo la vida de una persona. Mientras unos, los más conservadores, aseguran que desde el mismo instante de la concepción, otros defienden que la vida empieza cuando el feto ya está formado, siendo lo más liberales los que justifican que es el nacimiento del bebé el que da vida al ser humano.

Aunque los matices, el fondo y la forma de las opiniones varía tanto como la heterogeneidad representada por los propios estadounidenses. En la organización religiosa “Católicos por Elección” dicen ofrecer “una sola voz” para aquéllos que creen que “la tradición católica respalda el derecho a seguir su conciencia en asuntos de sexualidad y salud reproductiva”.

Abortos en EEUU
Abortos en EEUU FOTO: M. Roselló

Su directora de Comunicación, Ashley Wilson, explica esperanzada frente al Tribunal Supremo que “los católicos defienden el aborto” y cree que este movimiento nacional tras la filtración del borrador de los magistrados “puede ser una llamada de atención para otros católicos como yo, están a favor del aborto, para que hablen un poco más sobre sus creencias”.

Entre las concentraciones extendidas por todo el país, algunos rostros públicos comparten su propia experiencia con el tema. Es el caso de la Fiscal General de Michigan, Dana Nessel, quien cuenta que se vio obligada a interrumpir una de las gestaciones de su embarazo de trillizos, tal y como le sugirieron los médicos, para poder salvarle la vida a los otros dos. “Ahora tengo dos bonitos hijos, en lugar de ninguno”, resalta Nessel.

“Las mujeres sabemos mejor que el Gobierno cómo manejar nuestras propias complicaciones en el embarazo, lo hemos hecho durante 50 años en este país”, añade la Fiscal General de Michigan, que se ha tomado el caso de forma personal y también denuncia que “los médicos y ciudadanos no deberían poder ir a la cárcel por problemas de salud, esto no es un tema político que los candidatos republicanos deban decidir”.

Si la decisión de los jueces que firmaron el acuerdo previo se materializa, más de la mitad de los Estados del país convertirán rápidamente en ilegales todos los métodos abortivos, obligando a personas que igualmente quieran llevarlo a cabo a desplazarse a lugares clandestinos, a viajar a otros Estados donde sí puedan tener acceso legal o incluso enfrentarse a años de cárcel por un crimen.

“Si de bebés se tratara, tendríamos una excelente y gratuita atención materna universal. No le cobrarían ni un centavo por dar a luz, sin importar lo complicado que fuera su parto. Si se tratara de bebés, tendríamos meses y meses de permiso parental, para todos”, denunció Leila Cohan en Twitter, la escritora de cine y TV basada en Los Ángeles.

El aborto con medicamentos, la conocida como “pastilla abortiva”, también ha entrado ahora a debate. La combinación de estas medicinas, que están autorizadas para su uso durante las primeras 10 semanas de embarazo, se ha popularizado en las últimas décadas y representa en la actualidad más de la mitad de las interrupciones de embarazos recientes en Estados Unidos. Si desaparece la garantía legal del derecho constitucional al aborto, la comercialización de este tipo de fármacos podría aumentar hasta convertirse en uno de los más buscados en el mercado y, como consecuencia, centro de nuevas batallas entre formaciones políticas.

Sin olvidar que el próximo mes de noviembre demócratas y republicanos se juegan el control de ambas Cámaras del Congreso en las elecciones legislativas de mitad de mandato y, con una sociedad ya de por sí polarizada, el tema del aborto augura convertirse en herramienta partidista arrojadiza para conquistar el voto del electorado.