Perú decreta el estado de emergencia nacional 30 días para tratar de frenar las protestas

Un muerto más, para un total de ocho, se ha sumado a la lista de fallecidos durante las protestas que colman Perú luego de la vacancia del expresidente Pedro Castillo, posterior a su intento de autogolpe de Estado. Los manifestantes reclaman un adelanto de elecciones y hasta el cierre del Congreso, una suerte de reinicio de la estructura burocrática del poder que ahora encabeza la presidenta Dina Boluarte, que asumió el cargo el miércoles pasado cuando el Parlamento destituyó a Castillo.

La octava víctima mortal cayó cuando supuestamente le cayó una piedra en la cabeza cuando manifestantes intentaban tomar el puente Chao, al norte del país. “Hay una persona que ha resultado muerta, pero no es por acción de la Policía, ni por arma de fuego, ya se ha internado en la morgue, se ha hecho la necropsia de ley, la muerte habría sido por golpe, con objeto contundente, le ha caído una piedra”, indicó un comunicado de la Policía Nacional de Perú.

El Ejecutivo ha decretado un estado de emergencia en todo el país. El ministro de Defensa de Perú, Luis Alberto Otarola, ha adelantado este miércoles que el Gobierno andino ha decidido declarar el estado de emergencia a nivel nacional durante un periodo de 30 días como medida de respuesta a las protestas en apoyo al expresidente Pedro Castillo.

Según ha relatado Otarola, durante este periodo, la Policía Nacional deberá encargarse de mantener el orden interno en el país en colaboración con las Fuerzas Armadas, tal y como recoge la emisora peruana de radio RPP.

Además, el Ministerio de Defensa también emitió una declaratoria de emergencia en seguridad sobre la red vial nacional. Y el Ministerio de Educación ha dejado en las direcciones regionales la decisión de suspender clases, dependiendo de las realidades en cada zona del país.

Las manifestaciones alcanzan a la capital Lima, donde el escenario preferido ha sido la plaza San Martín, en el centro de la capital, donde se han registrado enfrentamientos con efectivos policiales que han incluido gases lacrimógenos y lanzamiento de piedras y otros objetos contundentes.

Entretanto los aeropuertos del país siguen cerrando operaciones. Van tres, el más reciente el de Juliaca, al sur del país. Las carreteras principales continúan afectadas por cierres y bloqueos, y distintos gremios y agrupaciones civiles anuncian nuevas acciones de movilización, incluyendo convocatorias a paros indefinidos regionales. Se han registrado incendios a instalaciones públicas, y empresas han sido saqueadas.

Varios sectores han dicho que los violentos son infiltrados, y el vocero de la bancada de Perú Libre -el partido de izquierda que apoyaba a Castillo-, Vladimir Cerrón, hizo un llamado para que los manifestantes identifiquen a quienes han actuado de forma violenta con “objetos contundentes” y “quemando instalaciones del Gobierno” para aislarlos.

Jean Paul Benavente, portavoz de la Asamblea Regional de Gobiernos Regionales, hizo un pedido al gobierno central con la finalidad de que pongan punto final a las protestas en todo el país: “Que reciba a los gobernadores regionales y convocar a un acuerdo nacional”. El también gobernador regional de Cuzco dijo que espera que junto a las organizaciones civiles puedan llegar a un acuerdo sobre el adelanto de elecciones.

La discusión sobre cuándo llamar a votar está en el tapete. En las calles quienes protestan las exigen de inmediato, y la presidenta había planteado hacerlo para abril de 2024. Pero la mandataria ahora dice que, si se hacen reformas legales, pudieran ocurrir en diciembre de 2023.

Según la jefa de Estado, esta posibilidad cabría haciendo reajustes en coordinación con las entidades encargadas de los procesos electorales. Boluarte aseveró que se reunió con el presidente del Congreso, José Williams; y el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Jorge Luis Salas Arenas.

”Hemos sacado algunos acuerdos. Son las instituciones de quienes depende verificar todos los tiempos de este adelanto de elecciones que ya he planteado, y legalmente, los tiempos calzarían para abril del 2024. Sin embargo, haciendo reajustes, ayer conversando, esto se puede adelantar a diciembre del 2023″.

La mandataria precisó que al buscar fechas anteriores a diciembre del próximo año se podría incurrir en una ilegalidad. Reafirmó que los plazos dependen del Congreso y el Jurado Nacional de Elecciones. Toda reforma debe pasar y ser aprobada en primer lugar por el Congreso y debe tener una aprobación de 87 votos de 112, para ser admitida.

Este jueves el Parlamento discutirá una modificación legal para reducir el mandato presidencial de Dina Boluarte hasta julio de 2023 y convocar nuevas elecciones generales. Cuando la presidenta se juramentó lo hizo para completar el periodo hasta 2026.

Castillo desde su celda

En una nueva carta desde la cárcel donde pasa sus días, el expresidente Pedro Castillo criticó la petición de prisión preventiva en su contra e invocó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a “intecerder por sus derechos”. Esto en el marco de la investigación que se le sigue por el presunto delito de rebelión.

”Sigue el atropello, la humillación y el mal trato. Hoy vuelven a coactar mi libertad con 18 meses de prisión preventiva. Pido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que interceda por mis derechos y de los derechos de mis hermanos peruanos que claman justicia”, indicó el exjefe de Estado.

El jueves, el juez de la causa debe decidir sobre le pedido de Fiscalía de dejar preso a Castillo por año y medio mientras se le investiga por rebelión y conspiración. En ese sentido, el Congreso aprobó el levantamiento de la inmunidad que regía para él. La votación de los 112 congresistas que participaron dio como resultado 67 votos a favor, 45 en contra y ninguna abstención.