Lula pide llegar a los patrocinadores del asalto a las instituciones en Brasil

Un gimnasio de Brasilia ha servido de escenario para una extensa jornada de interrogatorios a más de 1.000 detenidos por las protestas antigubernamentales ocurridas en la capital brasileña, y que derivar en un intento de golpe de Estadocon turbas irrumpiendo y saqueando las sedes de tres poderes públicos durante el domingo.

Muchos de esos manifestantes ahora detenidos, partidarios del expresidente Jair Bolsonaro, fueron capturados el lunes cuando soldados y policías desmantelaron los campamentos que se habían instalado frente al cuartel general del Ejército para exigir un golpe militar que anulara el resultado de las elecciones de octubre en las que el presidente Luiz Inácio Lula da Silva derrotó por muy poco a Bolsonaro, que denunció fraude.

Las personas pasaron la noche del lunes durmiendo en el gimnasio, en el suelo y algunos envueltos en banderas brasileñas. Algunos se quejaron ante agencias internacionales sobre las condiciones de reclusión y mala alimentación. En redes sociales se distribuyeron vídeos donde algunos cantaban y tomaban fotografías.

Alrededor de otros 200 manifestantes también arrestados, entretanto, permanecían en un centro penitenciario donde les serían leídos los cargos que se les imputan por los disturbios del domingo.

La noche del lunes, Lula da Silva prometió que las personas detenidas “van a permanecer presas”, aunque admitió que “posiblemente son víctimas” y “masas de maniobra de mandantes”. “Vamos a encontrar a quien financió y costeó. Yo soy especialista en campamentos y en huelgas y es imposible estar dos meses sin tener financiación para garantizarles el pan de cada día. No vamos a ser autoritarios, pero vamos a investigar”, manifestó el presidente y antiguo líder sindical.

El juez del Tribunal Supremo, Alexandre de Moraes, quien está a cargo de las investigaciones de las protestas “antidemocráticas”, prometió en un discurso el martes combatir a los “terroristas” que cometieron destrozos y ocuparon edificios públicos en Brasilia. “La democracia prevalecerá y las instituciones brasileñas no se doblegarán”, dijo Moraes en la juramentación del nuevo jefe de la policía federal.

Por otra parte, el ministro de Justicia de Brasil, Flávio Dino, informó que las autoridades han identificado en diez estados a los responsables de trasladar a los participantes del asalto a las instituciones democráticas en Brasilia. “Todavía no es posible distinguir claramente las responsabilidades en cuanto a la financiación. Lo que se puede afirmar plenamente es que hubo financiación. Tenemos una lista de todos los contratistas de autobuses”, explicó.

Además, Dino responsabilizó al gobierno del Distrito Federal por haber sido “determinante” en posibilitar el asalto a los edificios públicos. Ese despacho, ocupado por el ahora suspendido gobernador Ibaneis Rocha, era el encargado de coordinar las acciones y respuestas de la fuera pública en el lugar.

El Senado de Brasil aprobó la intervención de la seguridad pública de Brasilia, a solicitud del presidente Lula y con el rechazo de ocho senadores incluyendo al hijo de Bolsonaro, Flavio. Este martes, el ministro de Justicia prometió devolver la gestión a las autoridades de Brasilia “lo antes posible” pero luego de una “revisión” del cuerpo policial para determinar responsabilidades.

Reprimenda a militares

Entretanto, se discuten los roles de los cuerpos armados en los asaltos. Uno de los reclamos es que Lula saque a la Agencia Brasileña de Inteligencia (Abin) de la tutela militar. Hoy el cuerpo está bajo el paraguas de la Oficina de Seguridad Institucional (GSI), antigua Casa Militar, comandada por el general de reserva Gonçalves Dias, hombre de confianza del mandatario.

“Lo que defiendo es que sigamos el modelo internacional y tengamos una inteligencia civil del Estado”, dijo el ministro de Justicia, Flávio Dino.

El diario “O Globo” reportó que Lula abroncó a los mandos militares por la tardía respuesta ante los actos terroristas del domingo. Los comandantes Júlio Cesar de Arruda (Ejército), Marcos Sampaio Olsen (Marina) y Marcelo Kanitz Damasceno (Aeronáutica) buscaron presentar justificaciones al ministro de Defensa, José Múcio. El principal argumento fue que tenían información de que la policía del Distrito Federal actuaría con prontitud para contener a los golpistas, lo que no sucedió; publicó el periódico.

“No vamos a permitir que la democracia escape de nuestras manos”, reiteró el mandatario al salir de ese encuentro para el que fueron convocados 23 de los 27 gobernadores del país, en Brasilia.

Discusión regional

El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) celebrará este miércoles una reunión extraordinaria para “considerar los actos antidemocráticos” que han sucedido en Brasil.

Durante la sesión se espera que la delegación de Brasil exponga los hechos ocurridos el domingo -cuando seguidores del ex presidente Jair Bolsonaro asaltaron las sedes del Parlamento, la Presidencia y el Tribunal Supremo, en Brasilia- para luego escuchar a los representantes de otros Estados.

La sesión fue solicitada por las misiones de Antigua y Barbuda, Canadá, Chile, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, Honduras, Panamá, Uruguay y por la Secretaría General del ente multilateral.