El Parlamento chileno abre un nuevo proceso constituyente

Por 109 votos a favor, 37 en contra y dos abstenciones, los diputados chilenos aprobaron este miércoles entre aplausos la reforma, que establece que el nuevo órgano que redactará la propuesta de Ley Fundamental estará integrado por 50 personas electas por la ciudadanía y contará con el apoyo de un comité de expertos designados por el Congreso.

Como la reforma fue aprobada sin cambios durante su tramitación parlamentaria, el itinerario para un nuevo proceso constituyente será el mismo que el suscrito el pasado diciembre tras tres intensos meses de negociaciones por 14 partidos, desde la conservadora Unión Democrática Independiente (UDI) hasta el Partido Comunista.

Los votos en contra vinieron principalmente de los parlamentarios del ultraderechista Partido Republicano y del liberal Partido de la Gente, que no participaron en las negociaciones del año pasado.

Los integrantes del llamado Consejo Constitucional serán elegidos en las urnas el 7 de mayo y tendrán hasta cinco meses para elaborar la propuesta de texto. Antes, en marzo, se establecerá el comité de 24 expertos (12 designados por el Senado y 12 por la Cámara de Diputados) que elaborará un anteproyecto que sirva de base al consejo.

El proyecto de carta magna tendrá que ser aprobado finalmente por la ciudadanía en un plebiscito el 17 de diciembre para su entrada en vigor.

El acuerdo incluye además 12 principios institucionales que debe seguir el órgano redactor y que impedirían una propuesta refundacional, como la que se rechazó el pasado 4 de septiembre por más del 62,5 % de los votos y que fue redactada por una convención de mayoría progresista e integrada por ciudadanos independientes, sin afiliación a partidos.

Entre esos puntos se encuentran la declaración de Chile como un “Estado social y democrático de derechos”, el reconocimiento de los pueblos indígenas dentro de la “nación chilena” y el sistema bicameral. Pese al rechazo en el plebiscito de septiembre, existe consenso en la necesidad de sustituir la Constitución actual, instaurada durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).