Perú promete a la ONU investigar la violencia policial tras más de 60 muertos en las protestas

Tras más de un mes de protestas que exigen la dimisión de la presidenta peruana, Dina Boluarte, en las que han perdido la vida más de 60 personas, la mayoría manifestantes que denuncian el uso de perdigones por parte de la policía, el Gobierno de Perú se ha comprometido ayer ante Naciones Unidas a “investigar posibles excesos”.

Ante la llamada del secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, al ejecutivo peruano para que “garantice el respeto a los derechos humanos” y una investigación “diligente, imparcial y transparente” sobre las denuncias del uso excesivo de la fuerza en la represión de las protestas en Lima y otras ciudades, el embajador peruano ante la ONU en Ginebra, Luis Chuquihuara, ha asegurado que “Perú está comprometido con las protestas sociales pacíficas”.

Pese al compromiso mostrado por Perú ante la ONU, Chuquihuara ha responsabilizado a los manifestantes de la violencia vivida en Lima y otras ciudades desde el inicio de la crisis política el pasado 7 de diciembre, cuando el ex presidente Pedro Castillo disolvió el Congreso en un autogolpe de Estado para aferrarse al poder: “Cuando lamentablemente algún sector minoritario de los manifestantes ha incurrido en violencia contra bienes del Estado o contra otros ciudadanos, las fuerzas del orden han tratado de restaurar la paz social”.

Mientras los manifestantes en Lima llegados desde otras regiones son asistidos por asociaciones civiles que ofrecen alojamiento y en la capital se preparan nuevas movilizaciones, más de 1.000 camiones se mantenían bloqueados ayer en Paracas en una fila de más de 4 kilómetros. Los vehículos de carga pesada llevan varios días detenidos en esta zona y la fruta que llevan ya ha empezado a malograrse. El olor del plátano descompuesto es notorio, según un reporte de América Televisión.

El ex presidente destituido, Pedro Castillo, en prisión provisional decretada por 18 meses, ha agradecido este miércoles al mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), su “solidaridad con el pueblo peruano”. AMLO aseguró que fue “una infamia” lo ocurrido a Castillo. Castillo aseguró en su Twitter que “más pronto que tarde” estará junto a “sus hermanos y hermanas construyendo un país lleno de esperanza”.

Tras la petición de Boluarte de una “tregua nacional”, Lima vivió este martes su jornada más violenta desde la llegada a Lima el pasado sábado de miles de personas a la capital peruana desde diferentes zonas de Perú, la mayoría desde el sur, más pobre y con amplia presencia de población indígena. El centro de Lima volvió a convertirse en una batalla en la que los perdigones y gases lacrimógenos lanzados por los 6.800 policías desplegados eran respondidos con piedras, palos y pintura por los manifestantes que exigen la dimisión de Boluarte, disolver el Congreso, una de las instituciones más desprestigiadas del país, y elecciones anticipadas este año.

Boluarte lamentaba los más de 60 fallecidos, pero deslegitimó las protestas al asegurar que son “azuzadas por grupos radicales que tienen una agenda política y económica basada en el narcotráfico, la minería ilegal y el contrabando”. Sus palabras chocaron con más protestas, cánticos y pancartas exigiendo su dimisión: “Ni un muerto más”, “Dina renuncia” y “Cierre del Congreso”. Dos reporteros de la prensa internacional fueron heridos mientras cubrían la marcha en Lima.

Mientras los manifestantes limeños denunciaban que la policía volvía a usar perdigones para disolver la marcha, la Asociación Nacional de Periodistas exigió el cese de la represión policial y el otorgamiento de garantías al trabajo periodístico y el derecho a la protesta. La última encuesta publicada por el Instituto de Estudios Peruanos (IEP), un 71% desaprueba que haya asumido el cargo y su posterior gestión.

“Nosotros, todo el pueblo peruano, no vamos a dar tregua. No tenemos nada que hablar con la señora Boluarte. Ella lo sabe muy bien: lo único que quiere el pueblo es que renuncie y que haya nuevas elecciones”, dijo a la AFP Carlos Avedano, un campesino de 35 años, que llegó a Lima desde Andahuaylas, una ciudad a 754 kilómetros al sureste de la capital. En Cusco, 1350 kilómetros al sur de Lima, ingresó el martes un contingente militar marchando por la calle principal exclamando arengas en defensa de la patria, lo que ha aumentado el miedo a una dura represión. Allí se han producido las protestas más violentas y a principios de enero se saldaron con 18 muertos. Boluarte mantiene el adelanto electoral para abril de 2024 pese al incremento de la tensión en Lima y otras zonas.

Ante el reproche de una veintena de los 60 países presentes en la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, entre ellos Estados Unidos, Reino Unido y Dinamarca, el fiscal superior peruano, Daniel Jara, ha informado que se han iniciado seis investigaciones por la muerte de 18 personas y 14 heridos en protestas en las regiones de Ayacucho, Junín, Apurímac y Lima, así como por la agresión al periodista Aldair Mejía cuando cubría los incidentes en la ciudad de Juliaca. La Unión Europea ha pedido al Gobierno peruano tomar “medidas urgentes” para restaurar la calma y lamenta el “gran número de víctimas mortales” que están dejando a su paso las protestas.

El ministro de Interior subrayó que, pese a la violencia de los manifestantes, las actuales autoridades peruanas reconocen las exigencias de los manifestantes, que “forman parte de una deuda histórica con regiones y sectores de la población marginados”.