Los Sackler, la familia que el gobierno de EE UU tiene en el punto de mira por su papel en la crisis de opiáceos

La crisis de los opiáceos aterrizó el pasado lunes a la sala de vistas del Tribunal Supremo de Estados Unidos. Los jueces analizan la validez del acuerdo en el caso de bancarrota de Purdue Pharma, la farmacéutica que con su agresiva comercialización del analgésico OxyContin se convirtió en el principal causante de la peor crisis de salud pública de Estados Unidos entre el sida y la pandemia.

El acuerdo implica que los Sackler aporten hasta 6.000 millones de dólares (unos 5.500 millones de euros) para la reestructuración de la empresa, pero al tiempo blinda de responsabilidad frente a posibles reclamaciones a la familia, que controlaba la compañía y recibió jugosos dividendos. La Administración de Joe Biden impugnó el acuerdo y el Supremo decidirá en los próximos meses si es válido.

El lunes, durante la vista oral en que las partes presentaron los alegatos, los jueces se han mostrado divididos sobre la validez del pacto. El conservador Brett Kavanaugh cuestionó por qué debería anularse este plan de reestructuración en particular. “Los tribunales de quiebras han estado aprobando planes como este durante 30 años”, recalcó. En cambio, el también conservador Neil Gorsuch cuestionó que partes no implicadas en el acuerdo se queden sin poder demandar en ningún proceso judicial.

La progresista Elena Kagan manifestó que los Sackler “en cierto modo, están consiguiendo un acuerdo mejor que la habitual exoneración por bancarrota”, pues el acuerdo les libera de reclamaciones por fraude y mala conducta intencionada. “¿Por qué deberían obtener la exoneración que suele corresponder a una persona en quiebra una vez que ha puesto todos sus bienes sobre la mesa, sin haber puesto todos sus bienes sobre la mesa?”, preguntó al abogado de Purdue.

A las puertas del tribunal, familiares de víctimas de la crisis de los opiáceos se oponían a la concesión de un blindaje así a los Sackler por alto que fuera el precio. El plan de quiebra quedó suspendido a la espera de la decisión del Supremo. El Departamento de Justicia considera que un acuerdo de bancarrota de una empresa (en este caso Purdue Pharma) no puede conceder inmunidad a una tercera parte (la familia Sackler) que en puridad no es parte del proceso concursal.

Los Sackler, sin embargo, se comprometieron a aportar esos 6.000 millones de dólares y a renunciar a la propiedad de la empresa, que saldría de la quiebra como una entidad diferente, Knoa Pharma. La nueva firma desarrollaría y distribuiría tratamientos contra la adicción a los opiáceos y medicamentos para revertir las sobredosis, al tiempo que seguiría fabricando los productos de Purdue Pharma, incluido OxyContin. Sus beneficios se destinarían al tratamiento y la prevención.

La cuestión es que si se elimina ese blindaje, peligra el acuerdo en su conjunto y, con ello, unas indemnizaciones por las que los demandantes llevan años peleando. No son las partes que firmaron el acuerdo las que han llevado el caso al Supremo, sino los responsables del Departamento de Justicia encargados de supervisar los casos concursales. “Olvídense de un acuerdo mejor”, ha dicho a los jueces el representante de las víctimas y otros acreedores en la quiebra. “No hay otro trato”, ha añadido.

El fármaco de la empresa con sede en Stamford (Connecticut), usado como remedio para dolores no crónicos, enganchó a cientos de miles de estadounidenses, y ha causado más de 500.000 muertes en dos décadas. Para muchos adictos, el consumo de OxyContin fue la puerta de entrada al fentanilo, una droga sintética 50 veces más potente que la morfina y que también se ha convertido en una epidemia por todo Estados Unidos.

Purdue Pharma se declaró en bancarrota en 2019 para hacer frente a sus deudas, derivadas de miles de demandas. El acuerdo de reestructuración de la empresa fue aprobado en 2021, con la previsión de aportar en principio 10.000 millones de dólares a estados, municipios, centros de tratamiento y recuperación de adicciones, hospitales, supervivientes y familiares de los fallecidos, entre otros afectados.

El Gobierno de Biden y ocho Estados impugnaron el acuerdo. Estos últimos accedieron a retirarse tras aceptar los Sackler contribuir con más dinero al fondo de compensación. El tribunal de apelaciones dio por bueno el pacto admitiendo el blindaje con el argumento de que las reclamaciones contra Purdue Pharma y contra los Sackler estaban tan vinculadas entre sí que si se impedía esa inmunidad, no sería posible el pacto. El Departamento de Justicia impugnó esa decisión ante el Supremo.

Tras argumentar su caso, la procuradora general, Elizabeth Prelogar, escribió: “Hasta hace poco, Purdue estaba controlada por miembros de las familias Raymond y Mortimer Sackler. Los miembros de esas familias, que retiraron aproximadamente 11.000 millones de dólares de Purdue en los 11 años anteriores a que la empresa se declarara en quiebra, han acordado ahora aportar hasta 6.000 millones de dólares para financiar el plan de reorganización de Purdue, pero solo a condición de que los Sackler y una serie de otras personas y entidades —que no se han acogido a la protección por quiebra— reciban una exención de responsabilidad de una amplitud excepcional y sin precedentes”.

“La liberación del plan ‘absoluta, incondicional, irrevocable, plena, definitiva, para siempre y permanentemente libera’ a los Sackler de cualquier tipo concebible de demanda civil relacionada con los opiáceos, incluso demandas basadas en fraude y otras formas de mala conducta intencionada que no podrían ser descargadas si los Sackler se declararan en quiebra a título individual”, añadió en julio Prelogar al pedir la suspensión del acuerdo.

Asimismo, Purdue Pharma aceptó en un acuerdo con el Departamento de Justicia el pago de un total de 8.300 millones de dólares en concepto de multas, daño civil e indemnizaciones, la mayor sanción impuesta a una empresa farmacéutica. Sin embargo, la propia declaración de bancarrota de la empresa complicaba que se hicieran efectivos esos pagos.