Un año de la guerra total contra las maras de Bukele

El Salvador acaba de cumplir un año bajo régimen de excepción, una medida impulsada por el presidente Nayib Bukele contra la violencia de las pandillas, y respaldada por el Parlamento que controla. La política gubernamental nació luego de un estallido de violencia que dejó 87 homicidios en tres días a comienzos de marzo de 2022. El estado de excepción suspende varias garantías constitucionales y permite detenciones arbitrarias y sin orden judicial, interrumpe la libertad de asociación, el derecho a la defensa jurídica y extiende el plazo de detención administrativa de 72 horas a 15 días.

Según la Constitución salvadoreña, los estados de excepción no deben durar más de 30 días. El de Bukele ha tenido 12 prórrogas por parte del Parlamento, cuyo presidente, Ernesto Castro, ha adelantado que, por considerar que ha tenido buenos resultados, continuarán otorgándolas tantas veces como el Ejecutivo lo solicite. «Hace exactamente un año, cerrábamos el día con 62 homicidios. Ese fue uno de los días más difíciles de mi vida y de este Gobierno. Ahora, un año después, cerramos con cero homicidios, y marzo 2023 se acerca a ser el mes más seguro de toda nuestra historia», escribió Bukele en Twitter.

Según las estadísticas oficiales, en 2018, año previo a que Bukele asumiera la Presidencia, El Salvador registró una tasa de 50,4 homicidios por cada 100.000 habitantes. Para 2022, esa tasa bajó a 7,8. Para este año, las autoridades proyectan que el promedio sea cercano a 2, dijo en una entrevista televisiva el ministro de la Defensa, René Merino Monroy. En Twitter, el mandatario también compartió los resultados de una encuesta realizada por CID Gallup que cifra en 90% el apoyo popular a Bukele, con 84% de los consultados creyendo que el país va por buen camino en contraste con el 19% que opinaba así en enero de 2019.

En aquel año, uno de cuatro ciudadanos mencionaba la inseguridad ciudadana como el principal problema del país. Ahora es una preocupación para solo el 1% de la población, según CID Gallup, «a la vez que los hogares que reportan haber sido víctimas de la delincuencia disminuyeron de un 20% a sólo un 7%», dice la encuestadora. «Esto ha ayudado a que uno pueda salir libremente con sus niños, sin ninguna preocupación», dijo a CNN Alicia Monroy, una residente de La Campanera, una comunidad popular y que era identificada por las autoridades como de alta concentración de pandilleros, ubicada a unos 12 kilómetros de San Salvador. Ahora, vive bajo cerco militar que controla los accesos.

Entretanto, las cifras oficiales del Gobierno hablan de 65.000 detenciones de supuestos pandilleros durante un año, por la acción de miles de militares y policías que fueron sacados a las calles. Cuando se implementó la política, las autodidades cifraban en 70.000 los integrantes de La Mara Salvatrucha y Barrio 18, entre otras pandillas. Algunas estimaciones independientes calculan que miles de personas detenidas en este año podrían ser inocentes, y organizaciones como la ONG Cristosal han declarado que «ninguna de ellas ha sido llevada a juicio».

De hecho, el 10 de marzo esa ONG presentó una denuncia en nombre de 66 víctimas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por «la violación sistemática de sus derechos humanos» a propósito de detenciones arbitrarias sin orden judicial, sin información a familiares sobre su destino o la falta de acceso a defensores. Cristosal publicó en octubre pasado que El Salvador llegó a ser el país con la tasa per cápita más alta del mundo de personas privadas de libertad, con 2.144 por cada 100.000 habitantes.

Human Rights Watch (HRW) ha denunciado que en las cárceles salvadoreñas hay un "hacinamiento extremo", como consecuencia de las detenciones sin orden judicial. En agosto de 2022 reportaba que la población penitenciaria había alcanzado 86.000 personas con una capacidad instalada para 30.000, citando una base de datos filtrada del Ministerio de Justicia.

En diciembre de 2022, HRW concluyó que se han cometido violaciones generalizadas de derechos humanos durante el régimen de excepción, incluyendo torturas y malos tratos, muertes bajo custodia y procesos penales abusivos además de desapariciones forzadas porque los agentes se han negado en muchos casos a proporcionar información sobre el paradero de los detenidos a sus familiares.

Una respuesta de Bukele fue la inauguración de "la cárcel más grande de América Latina", una infraestuctura que alberga a 40.000 detenidos, a comienzos de febrero de 2023. Hasta ahora se ha informado del traslado de unos 4.000 presos a ese lugar.