Antonio Ecarri, “embajador” de Guaidó en España: "El tiempo de Venezuela no se cuenta en días, se cuenta en cadáveres"

En su primera entrevista a LA RAZÓN, el diplomático augura que en menos de un año se convocarán elecciones libres.

El representante personal de Juan Guaidó en España acudió ayer a su primer acto oficial como embajador venezolano y fue toda una declaración de intenciones. Antonio Ecarri, histórico dirigente de Acción Democrática, acompañó a los más de 9.000 jubilados venezolanos que no reciben su pensión en España. Por primera vez, una autoridad venezolana escuchaba su precaria situación: muchos viven de la caridad, en la mendicidad. Como resalta Ecarri en su primera entrevista con LA RAZÓN, «esto es solo la punta del iceberg de lo que ocurre en Venezuela».

¿Por qué la embajada de Maduro ha mirado para otro lado o no ha resuelto este problema?

Ese Gobierno representa una contradicción dialéctica. Dicen ser de izquierdas, socialistas, y su política tanto económica como social ha perjudicado fundamentalmente a los trabajadores y a los que menos tienen. Su discurso es populista pero su ejecutoria, profundamente reaccionaria. Dos datos: en 2002 con Hugo Chávez se llevó a cabo el despido masivo que creo que, sin exagerar, está en el libro récord de los Guinness porque despidió a 20.000 trabajadores de la industria petrolera en un solo día. Hoy, el proceso de deterioro de la economía venezolana ha tenido como consecuencia que más del 60% de la fuerza laboral activa está desempleada o en el sector informal urbano. Adicionalmente, está el proceso de desindustrialización de Venezuela, un aparato productivo que teníamos que se desarrolló durante los mejores cuarenta años que hemos tenido de vida republicana como el que creamos en la zona industrial de Valencia, del Zulia... Todo eso se acabó.

Destruyeron el aparato productivo confiados en unos ingresos petroleros que estaban por encima de los 100 dólares el barril y que cuando se cayeron los precios del petróleo, ha producido esta terrible situación de desabastecimiento, de hambre, de miseria, de escasez de medicamentos a todos los niveles. La situación es muy grave. Por ejemplo, yo soy profesor universitario. En los años 80 los profesores titulares tenían una pensión promedio de 4.000 dólares. Hoy no llega a los 15 dólares mensuales. Creo que con la nueva devaluación están en los 10 o 12 dólares. Alguien que le ha dedicado su vida a la academia. Lo que sucede con los jubilados aquí es similar a lo que les ocurre en Venezuela. Es solo la punta del iceberg. Además, no solo ocurre en España, sino a toda la diáspora. Somos un problema para muchísimas naciones. Más de 3 millones están fuera de su patria involuntariamente.

¿9.000 venezolanos aquí no reciben pensión desde 2015?

La situación es muy grave. El acto fue muy emotivo para ellos y para mí. Tenemos que hacer un esfuerzo para crear un fondo humanitario de ayuda, que aspiramos, –si las leyes españolas y europeas nos lo permiten– crearlo a partir de la congelación de fondos del dinero del Estado venezolano, que está siendo manejado en cuentas de un Gobierno usurpador. Si tanto España como la UE desconocen a Maduro, entonces hay que tomar medidas preventivas sobre esos recursos, que son de todos los venezolanos, y corren el riesgo de terminar en la corrupción y en paraísos fiscales. Sabemos que la ayuda humanitaria que impulsa el presidente Guaidó no va a resolver el problema de fondo. Pero estamos llevándolo a los sectores más vulnerables: los niños y los ancianos. Los niños se nos están muriendo en los hospitales. Cuando me dicen que estamos apresurados en el Gobierno interino, yo les digo que el tiempo para Venezuela no se cuenta en horas o en días, se cuenta en cadáveres.

¿Y cómo podrían crear ese fondo humanitario?

Hemos pedido al nuevo procurador general de la República legítima, José Ignacio Hernández, a que nos autorice para hacer esa solicitud a través de los tribunales de justicia y del sistema financiero español. Nos estamos asesorando con bufetes españoles y venezolanos acá.

Se ha reunido con el secretario de Estado para Iberoamérica, Juan Pablo de Laiglesia, ¿cómo va a gestionar el Gobierno español la inusual situación y al embajador Mario Isea?

Es una situación difícil y compleja. Lo entendemos. El problema es que nosotros somos el Gobierno legítimo de Venezuela y así lo han reconocido España y la UE. Sin embargo, hay un gobierno de hecho, que es el usurpador, que aún mantiene secuestradas las principales instituciones de Venezuela, entre ellas el Banco Central. Una de las grandes preocupaciones del Gobierno español son los jubilados españoles allí, ya que su pensión pasa por el BC. Aún no han tomado decisiones más drásticas, cuidando los intereses de los españoles en Venezuela. Lo respetamos. Estamos en un proceso de transición y eso se resolverá a medida que vayamos haciéndonos cargo de las instituciones venezolanas.

¿Qué le ha pedido personalmente Guaidó? ¿Cuál es su misión en España?

Luchar y promocionar este proceso de transición para que se comprenda no solo a nivel de Gobierno, sino también de los pueblos, lo que está ocurriendo en Venezuela. La inconstucionalidad viene de que las instituciones venezolanas han comenzado un proceso de deterioro, de distorsión, de tal naturaleza. El Gobierno ha venido acabando con las instituciones democráticas. Todo el mundo se ha dado cuenta de cómo se ha conculcado el sistema democrático progresivamente hasta convertirse en una tiranía. Esto no es la autoproclamación de alguien como presidente sino una consideración absolutamente constitucional cuando en octubre ya manifestó el ministro de Exteriores Josep Borrell que ellos reconocerían a Maduro mientras terminaba el lapso de la legislatura anterior. Pero no podían reconocer a un gobierno en el que Maduro se iba a autoproclamar, ese sí,como presidente tras unas elecciones amañadas, ilegales e inconstitucionales.

¿Qué está haciendo la Asamblea Nacional?

Reinstitucionalizando Venezuela a partir de la promulgación del Estatuto para la Transición, en ausencia del presidente (ya sea por muerte o por usurpación). Se abre un proceso más largo que el que prevé la Constitución (30 días). Sin embargo, como tenemos un Tribunal Supremo de Justicia o un Consejo Nacional Electoral inconstitucionales, necesitamos más de un mes para elegir un nuevo TSJ o CNE. Entonces, se podrán celebrar unas elecciones limpias, creíbles y con observación internacional. Hemos pedido a la UE, al Grupo de Lima y a la ONU que participen. Esperamos que se produzca en un lapso menor de un año. Aunque esperamos que sea antes por la situación de crisis humanitaria compleja. Pero es que con este CNE la gente no saldría a votar si fueran mañana las elecciones. Por no hablar de los presos políticos, inhabilitados, exiliados... Además queremos que la diáspora –más de 3 millones– pueda ejercer su derecho a voto.

¿Podrá volver Guaidó a Venezuela para supervisar este proceso?

Esperamos que sí, que el Gobierno de Maduro no sea tan torpe e irracionalmente represivo como ha sido hasta ahora con el caso de Guaidó. Es una exigencia de toda la comunidad internacional, incluida España: que se respete la vida y la integridad de Guaidó.

Ustedes buscan elecciones generales, ¿no un conflicto bélico como algunas voces les acusan?

Para nada. Cuando el presidente Guaidó ha dicho que todas las opciones están sobre la mesa, se refiere a todas las opciones del ordenamiento jurídico tanto nacional como del orden público internacional. Es precisamente porque ningún Estado tiene el derecho de impedir el ingreso de recursos para resolver una crisis humanitaria compleja como la que vive Venezuela. No a una invasión armada. Eso lo tenemos muy claro. Estamos convencidos de que cuando alguien habla de invasión armada no se da cuenta de que las primeras víctimas es la oposición democrática de ese país. Por ejemplo, Fidel Castro aprovechó la invasión de Bahía de Cochinos, que después frustró, para acabar con la oposición cubana.

¿Necesitan aún más respaldo de las Fuerzas Armadas de Venezuela para que los acompañen en este proceso de transición?

Estamos convencidos de que la gran mayoría de las Fuerzas Armadas, compuestas por ciudadanos venezolanos que también sufren penalidades como el resto de la sociedad, los que no viven en una isla paradisíaca, más del 80% está en contra del régimen. Por eso no han tomado medidas represivas contra las masivas manifestaciones en Venezuela.

¿Qué cree que va a pasar con Maduro?

Aspiramos a que los que hoy gobiernan Venezuela sean juzgados en los tribunales internacionales. Sin embargo, si la salida a esta crisis es un proceso electoral, no le tenemos miedo a que se presente quien sea en representación del Gobierno. Ya sea Maduro o quien sea. Sabemos que la paliza que le va a dar el pueblo venezolano va a ser de 90 a 10. Creemos que la salida siempre tendrá que ser constitucional, pacífica, democrática y electoral. Lo otro es la Fuerza Armada y no queremos que nuestro pueblo se vaya a ensangrentar por la irresponsabilidad de una minoría enquistada en el poder que pretende llevar a todo un pueblo hacia el precipicio. No lo podemos permitir. El pueblo venezolano quiere un cambio en paz y en democracia.