
Javier Milei
Argentina prepara la privatización de la gestión del agua: el 90% de las acciones serán transferidas a inversores privados
El Gobierno argentino pone en marcha la cesión mayoritaria de AySA a capitales privados mediante licitación pública

El presidente argentino, Javier Milei, ha iniciado el proceso de privatización de Aguas y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA), la empresa estatal encargada del suministro de agua y saneamiento en el Área Metropolitana de Buenos Aires. El portavoz presidencial, Manuel Adorni, anunció que el 90% de las acciones de la compañía serán transferidas a inversores privados mediante una licitación pública nacional e internacional, mientras que el 10% restante se destinará a los empleados a través del programa de propiedad participada.
La decisión responde a un plan más amplio del gobierno para reducir la participación del Estado en empresas públicas. Según Adorni, AySA ha presentado un deterioro financiero y operativo desde su reestatización en 2006, con un aumento en la dotación de personal del 90% y un incremento en la morosidad de los usuarios del 16%, frente al 4% promedio anterior. Además, se ha señalado que durante la última gestión se gastaron más de 4.800 millones de dólares sin resultados satisfactorios.
El proceso de privatización se llevará a cabo bajo la supervisión de la Comisión Nacional de Valores (CNV) y se ajustará a los estándares nacionales e internacionales para garantizar la transparencia. El objetivo es modernizar el sector y mejorar la calidad y el precio del servicio. La adjudicación está prevista para 2026, y se contempla la continuidad de la concesión del servicio utilizando la infraestructura estatal existente.
Esta medida ha generado controversia en diversos sectores. Desde el gremio de obras sanitarias se han expresado críticas, calificando la privatización como una "imposición de la Ley Bases" y advirtiendo sobre posibles consecuencias negativas para los trabajadores y usuarios del servicio. La oposición también ha cuestionado la decisión, argumentando que se trata de una medida ideológica que podría afectar el acceso al agua como un derecho básico.
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