La Marina de Estados Unidos se ha visto abocada a una práctica más propia de un taller de desguace que de una superpotencia militar: desmontar piezas de sus avanzados cazas y submarinos para mantener operativas otras unidades. Este método, conocido internamente como «canibalización», afecta a sistemas de armamento tan cruciales como los cazas F/A-18 y F-35 o los submarinos de propulsión nuclear de la clase Virginia, revelando una seria grieta en la cadena de suministro del Pentágono. Esta situación es especialmente crítica para el caza de quinta generación, ya que el programa F-35 podría enfrentarse a significativos recortes que agravarían aún más su operatividad.

De hecho, el origen de esta insólita situación, según un contundente informe de la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno (GAO), reside en una doble problemática. Por un lado, una acuciante escasez de repuestos que impide sustituir componentes averiados de forma ordinaria y, por otro, y de manera más profunda, las severas restricciones impuestas por los derechos de propiedad intelectual y de datos de los fabricantes.

Lejos de ser una solución ingeniosa, esta canibalización de material militar desencadena una cascada de efectos negativos, tal y como informa Taskandpurpose. La práctica no solo aumenta considerablemente los costes de mantenimiento y dispara la carga de trabajo del personal técnico, sino que, a largo plazo, afecta negativamente a la disponibilidad y la vida útil de las propias aeronaves y sumergibles. Se crea así un círculo vicioso que amenaza la capacidad operativa de las fuerzas armadas estadounidenses. Esta realidad contrasta con las ambiciones políticas de expansión, pues existen planes para invertir miles de millones y hacer la Armada más grande, un objetivo difícil de alcanzar sin una logística robusta.

El origen del problema: los derechos de propiedad intelectual

En este sentido, la falta de acceso a datos técnicos cruciales se ha convertido en un obstáculo mayúsculo. El informe de la GAO detalla cómo el personal de la Marina se ve a menudo incapacitado para realizar ciertas reparaciones por no disponer de la información necesaria. Esta carencia les obliga a depender de la intervención de contratistas externos, con el consiguiente sobrecoste y retraso en la puesta a punto de equipos que deberían estar en servicio activo.

Por ello, el estamento militar está impulsando una iniciativa por el denominado «derecho a reparar», una propuesta que busca dotar a sus técnicos de la capacidad de realizar el mantenimiento de sus propios equipos sin las ataduras de los fabricantes. El objetivo es recuperar la autonomía para garantizar que el material de defensa esté siempre en las mejores condiciones operativas, sin depender de la voluntad o la disponibilidad de terceros.

Además, no se trata de un caso aislado dentro de las fuerzas armadas norteamericanas. Un informe anterior de la misma GAO ya había detectado problemas muy similares de escasez de piezas en los vehículos terrestres utilizados por el Ejército y la Infantería de Marina, lo que sugiere una debilidad estructural en la logística de defensa del país que va más allá de un problema puntual en la Armada.