Polémica

Aung San Suu Kyi, Premio Nobel de la Paz, condenada a cinco años de prisión por corrupción

La ex dirigente estaba imputada por numerosos delitos, denunciados como “burda maniobra política” por la comunidad internacional

Aung San ha sido el rostro de la esperanza democrática de Myanmar durante más de 30 años
Aung San ha sido el rostro de la esperanza democrática de Myanmar durante más de 30 añosDPA vía Europa PressDPA vía Europa Press

La Junta birmana continúa estrechando el cerco sobre la depuesta líder Aung San Suu Kyi: la ex dirigente fue condenada el miércoles a otros cinco años de prisión durante un juicio relámpago, que ha sido denunciado por la comunidad internacional como una burda maniobra política.

La galardonada con el Premio Nobel de la Paz, que ya fue condenada a seis años de prisión en los últimos meses,  fue sentenciada en virtud de la ley anticorrupción. En un juicio celebrado a puerta cerrada, un juez de la capital, Naypyitaw, condenó una vez más a la ex mandataria de 76 años a un lustro de prisión.

En este caso, el régimen militar le acusa de haber recibido 600.000 dólares y más de once kilos de oro en sobornos del antiguo ministro encargado de la región de Rangún, Phyo Min Thein. El ex ministro declaró ante el tribunal que le entregó el oro y el dinero a cambio de su apoyo y la sentenciada negó las acusaciones y las tachó de absurdas.

Aung San ha sido el rostro de la esperanza democrática de Myanmar durante más de 30 años, pero su anterior condena de seis años ya implicaba que probablemente se perderían las elecciones que la Junta ha asegurado que tiene previsto celebrar en 2023.

Imputada por numerosos delitos por la Junta Militar, ha sido acusada de haber infringido la Ley de Secretos Oficiales, haber incitado a la agitación pública y haber hecho un uso indebido de tierras para su fundación benéfica. Asimismo ha sido condenada por otros cargos, como la importación y posesión ilegal de radios portátiles, la violación de las restricciones impuestas por el coronavirus, la incitación a los disturbios públicos y la violación de la Ley de Gestión de Desastres Naturales.

Por todo ello, podría enfrentarse a más de 100 años de prisión, en el caso de ser declarada culpable de todos los cargos.

Sus partidarios y expertos jurídicos independientes consideran que su procesamiento ha sido una maniobra injusta para desacreditarla y legitimar la toma del poder por parte del ejército, al tiempo que se impide que la líder elegida vuelva a desempeñar un papel activo en la política.

La hija del héroe de la independencia y ganadora de las elecciones de 2015 y 2020, está cumpliendo el principio de su condena bajo arresto domiciliario, en el mismo lugar donde ha estado incomunicada durante más de un año y donde debe permanecer durante su juicio.

Su partido político, la Liga Nacional para la Democracia, ganó las elecciones generales de noviembre de 2020 por un amplio margen sobre el Partido de la Unión, Solidaridad y Desarrollo, apoyado por los militares. La Junta reivindicó un fraude electoral generalizado en los comicios como motivo para derrocar al gobierno civil el 1 de febrero de 2021, e invalidar por ello los resultados. La comisión electoral civil negó las acusaciones antes de ser disuelta.

En la madrugada de ese fatídico día de febrero, el ejército derrocó al gobierno electo de Birmania y detuvo a su líder de facto. A continuación, el ejército declaró el estado de emergencia por un año y entregó el poder al comandante en jefe, Min Aung Hlaing. El ejército se desplegó en las calles de la capital y de la ciudad más grande, Yangon, donde estableció barricadas en las principales carreteras.

La toma de posesión fue recibida con grandes protestas no violentas en todo el país, que las fuerzas de seguridad sofocaron con una fuerza letal que hasta ahora ha provocado la muerte de casi 1.800 civiles, según un grupo de vigilancia, la Asociación de Asistencia a los Presos Políticos.

Desde el golpe, Suu Kyi, que dirigía el gobierno derrocado como consejera de Estado, muchos de sus aliados políticos también han sido detenidos desde el golpe, y un ministro jefe ha sido condenado a 75 años de cárcel, mientras que otros se han visto obligados a esconderse.