La deriva autoritaria de Erdogan se medirá este 2023

A menos de seis meses de las elecciones generales de Turquía, la justicia dictaminó una pena de cárcel de más de dos años y la inhabilitación política para Ekrem Imammoglu, alcalde de Estambul y principal rival del presidente Recep Tayyip Erdogan. Para sus seguidores, se trata de un movimiento para apartar a una figura capaz de batir al actual dirigente turco, que pretende postergarse en el cargo que ocupa desde 2014. De facto, controla el país desde hace casi dos décadas, ya que anteriormente fue primer ministro entre 2003 y 2014.

Imammoglu recibió la pena por unas declaraciones que hizo cuando se tuvieron que repetir las elecciones municipales de 2019 por presuntas irregularidades. Entonces, el alcalde tildó de “idiotas” a los integrantes del comité electoral, y en concentraciones masivas alertó de ausencia de justicia y democracia en Turquía.

“La inculpación del alcalde de Estambul y su prohibición para ocupar cargos políticos debe ser vista como una injustificable violación de sus derechos y un calculado ataque político sobre la oposición turca”, denunció Human Rights Watch. El comunicado de la ONG también apuntó que “el Gobierno está preparado para utilizar inadecuadamente las cortes para desplazar o silenciar a figuras opositoras centrales. Es una violación de los derechos de los votantes”.

El inhabilitado alcalde rechazó acudir a las audiencias por su inculpación, y planea presentar recursos contra la causa, lo que le permitirá temporalmente seguir ejerciendo como alcalde. La noticia supuso otro golpe para el socialdemócrata Partido Popular Republicano (CHP), principal contendiente de Erdogan. Canan Kaftancioglu, líder de la agrupación del partido en Estambul, también fue vetado de la política y condenado a cinco años de cárcel por insultar a la República de Turquíay acusar al presidente de ladrón. En enero, la justicia también determinará la posible anulación de la lista del Partido Popular Democrático (HDP), de mayoría kurda.

La devaluación de la lira turca y la hiperinflación han sumido al país en una profunda crisis económica, que desgastó la popularidad de un Erdogan incapaz de aplicar remedios adecuados. Por ello, el presidente y su Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP) confían en que la judicatura allane el camino para su reelección mediante la liquidación de las listas rivales.”La voluntad de millones de personas depende de un juicio. Pero con la ayuda de Dios, nuestra causa se está fortaleciendo”, expresó Imammoglu en un clip en twitter.

Sus simpatizantes, que se concentraron frente al ayuntamiento tras conocerse su inhabilitación, ondearon banderas turcas al grito de “¡derechos, ley y justicia!”. Para muchos, Turquía se ha convertido en un país sin leyes fiables. El joven arquitecto Turkiye Simge vaticinó que esto no acabará así: “Tomaremos las calles, y haremos que la voz corra en las redes. Esto no es más que una precampaña para que el AKP acabe perdiendo el poder”.

El baneado alcalde de Estambul ya demostró su potencial en 2019, cuando ganó dos veces las mismas elecciones municipales que fueron repetidas por las quejas presentadas por el AKP. Su contundente victoria en la ciudad -que acumula el 40% del PIB del país- fue concebida como un golpe simbólico al poder de Erdogan, que ocupó la misma alcaldía, antes de saltar a la presidencia del país. El vuelco de 2019 supuso la primera gran derrota para el AKP, que controlaba la estratégica ciudad desde 1994.

Para el ministro de Justicia, Bekir Bozdag, el dictamen no fue motivado políticamente. “No hay órgano, autoridad o persona que pueda dar órdenes, instrucciones o recomendaciones a las cortes o los jueces”, afirmó. Con unas encuestas que indican serias probabilidades de éxito a Imammoglu, los partidos de la oposición tantean unir fuerzas en una candidatura conjunta para doblegar a Erdogan.

Pese a que los seguidores del alcalde de Estambul defienden que saldrá reforzado, el político opositor y su equipo deberán centrarse en apelar constantemente a las cortes para intentar revocar su descalificación, probablemente hasta después de la fecha fijada para las elecciones. Imammoglu no acabará entre rejas, ya que raramente en Turquía se ingresa en prisión por penas menores a cuatro años. No obstante, mantenerse al frente de la alcaldía le garantiza una poderosa baza para seguir librando la batalla política.

Las palabras que acarrearon el veto al popular alcalde fueron exactamente las mismas que utilizó previamente el ministro del Interior Suleyman Soylu. Cuando Imammoglu se quejó ante el Consejo de Europa por la cancelación de las elecciones municipales que ganó, el ministro dijo: “Me refiero a este idiota que se queja de Turquía ante Europa. Esta nación le hará pagar el precio”. Fue entonces cuando el alcalde respondió: “Aquellos que anularon las elecciones son los idiotas”.

Si bien los detractores de Erdogan insisten en que la justicia turca está politizada y controlada, hay expertos que apelan a la prudencia. “El dictamen solo será definitivo cuando el Tribunal Supremo decida si se aplica el veto. En las circunstancias actuales, sería incorrecto afirmar que la descalificación ya se aplicó”, precisó Timucin Koprulu, profesor de derecho criminal en la Universidad Atilim de Ankara. Pero Imammoglu dejó clara su visión: “La judicatura se transformó en una herramienta para aplastar a disidentes”.