Bachelet cierra la crisis de su Gabinete con nueve cambios

Una hoguera para sacrificar a varios ministros y salvar la imagen de la presidenta chilena, Michelle Bachelet, dañada por los múltiples escándalos de corrupción conocidos en las últimas semanas. Fue la escenificación de la mandataria al anunciar ayer nueve cambios entre los 23 ministros de su Gabinete, de los que cinco son nuevos y los otros cuatro cambian de cartera.

El cambio más importante se produjo en el Ministerio del Interior, donde el hasta ahora ministro de Defensa, el democristiano Jorge Burgos, reemplazará a Rodrigo Peñailillo, del socialdemócrata Partido Por la Democracia (PPD). La caída de Peñailillo se debió a su descrédito al conocerse que antes de llegar al Gobierno asesoró a un operador político oficialista que recaudó millonarios fondos de una empresa de un ex yerno del dictador Augusto Pinochet. Peñailillo estaba considerado como el delfín político de Bachelet. El único ministro confirmado era el canciller, Heraldo Muñoz, que negocia la anulación de una demanda de Bolivia contra Chile ante la Corte Internacional de Justicia.

Al contrario que otros países del Cono Sur, los chilenos no muestran tolerancia alguna en materia de corrupción. Tras recibir un informe de más de 200 páginas hace un mes, y para calmar las iras de la opinión pública, Bachelet dio a conocer también una serie de unas 30 medidas que incluyen el fin de las aportaciones de empresas a las campañas y las del Estado a los partidos políticos, así como la reducción del gasto electoral.

Bachelet, que había pedido la renuncia a sus 23 ministros el pasado 6 de mayo, destacó que su primer equipo ministerial «trabajó intensamente para satisfacer las necesidades ciudadanas», con la concreción de 56 medidas prioritarias y 123 proyectos convertidos en ley desde marzo de 2014. Durante la ceremonia, en la que los nuevos ministros juraron de inmediato sus cargos, la mandataria subrayó que su Gobierno entra en una nueva fase, «tan exigente e inspiradora» que requiere «poner renovadas energías y rostros nuevos al frente de las tareas que hemos prometido al país y que la ciudadanía nos demanda». Bachelet mantuvo su línea de incluir a políticos jóvenes y con poca experiencia en puestos del Gobierno (la media de edad es de 51 años).

La designación del Gabinete ocurre cuando la aprobación de la presidenta ha caído a menos de un 30% y su rechazo bordea el 60%, según los sondeos. Por ello, lograr un punto de inflexión con estos cambios es crucial para Bachelet, cuando le restan aún casi tres años de mandato con la tarea de sacar adelante la segunda fase de una reforma educativa, el cambio de las leyes laborales y una nueva Constitución. La presidenta prometió también modernizar Chile a fondo: más impuestos para los que ganan más, ley de aborto terapéutico y poner fin al sistema electoral heredado de Pinochet.

Durante los 14 meses de este segundo mandato, la presidenta ha cumplido varias de esas reformas enviándolas ya al Congreso. Algunas incluso han sido tramitadas y aprobadas. Sin embargo, los escándalos de financiación irregular de campañas que involucraban a ministros y parlamentarios y la acusación de tráfico de influencias contra su hijo, Sebastián Dávalos, culminaron en una crisis política que llevó a Bachelet a anunciar una medida inédita desde el retorno a la democracia: la renuncia de todo su Ejecutivo. A esto hay que sumar que el país no está creciendo a los niveles esperados.

Para el abogado Carlos Peña, rector de la Universidad Diego Portales e influyente columnista, «Chile está pasando por una grave crisis política». Según Peña, la sensación de crisis se agravó tras el anuncio de un proceso para cambiar la Constitución. «Las instituciones más básicas de la república están puestas en cuestión. Hay una sensación de incertidumbre, de que todo puede cambiar».

La «oveja negra»

Tráfico de influencias y uso de información privilegiada

Michelle Bachelet admitió semanas atrás estar afectada por el supuesto caso de corrupción del que se acusa a su hijo y a su nuera. «Es obvio que he estado golpeada por lo que ha pasado. Ha sido duro, como mujer, como madre y como presidenta», dijo. Sebastián Dávalos Bachelet y Natalia Compagnon son acusados de uso de información privilegiada y tráfico de influencias tras un millonario negocio inmobiliario que concretó Caval, la empresa de la que Compagnon es dueña en un 50%.