Balance legislativo de la Parlamento Europeo: de la primera Ley de Inteligencia Artificial del mundo a la reforma del sistema de asilo

Cuando los ciudadanos europeos acudieron a las urnas en mayo de 2019, no sospechaban que, poco después, una pandemia asolaría el mundo y, más adelante, una guerra estallaría muy cerca de las fronteras europeas cuando las tropas de Vladimir Putin invadieron Ucrania.

Nadie duda de que la Eurocámara ha vivido uno de sus ciclos más convulsos durante los últimos cinco años. Aunque la iniciativa legislativa corresponde de manera exclusiva a la Comisión Europea, durante esta legislatura el hemiciclo europeo ha aprobado 467 actos legislativos tras al acuerdo con las capitales europeas (Consejo de la UE) y ha solicitado reformas en 29 informes de propia iniciativa. Tras la entrada en vigor del Tratado de Lisboa en 2009, el Parlamento Europeo ha adquirido más competencias que le sitúan en el mismo plano que las capitales europeas en casi todas las áreas.

En el ámbito económico, la Unión Europea aprobó por primera vez la creación de un mecanismo de deuda conjunta por parte de los Veintisiete para hacer frente a los estragos económicos derivados de la pandemia, los fondos Next Generation EU, que seguirán desplegándose hasta el año 2026 para favorecer la doble transición energética y digital. Aunque éste ha sido el mayor reto de la legislatura, durante estos años también se ha establecido un salario mínimo europeo; se han mejorado las condiciones de los becarios; se han prohibido los productos realizados con mano de obra forzosa y se ha reformado el mercado eléctrico, tras las alzas de los precios vividas durante meses, entre otras iniciativas.

Además, durante esta legislatura la UE ha querido convertirse en un ejemplo para el mundo con la aprobación de la primera ley de Inteligencia Artificial que busca establecer un modelo propio que se aleje tanto de la laxitud estadounidense como del uso que hace el Gobierno chino de esta nueva tecnología para el control social y la persecución de minorías y disidentes políticos.

Asimismo, el Parlamento Europeo también ha dado la luz verde definitiva a un nuevo sistema de asilo que instaura una solidaridad a la carta ya que aquellos países que no quieran acoger refugiados deberán contribuir económicamente. El propósito de esta nueva legislación reside en superar las diferencias entre las capitales europeas que tuvieron lugar tras la crisis de refugiados de los años 2015 y 2016, cuando los países del Este boicotearon sin descanso el sistema de cuotas obligatorias de reparto de demandantes de asilo puesto en marcha para acoger a los sirios que huían de la guerra.

Este sistema también pretende acortar los plazos para la tramitación de las solicitudes de asilo y blindar las fronteras europeas para reducir de manera drástica el número de llegadas.

Esta legislatura ha estado también protagonizada por el denominado Pacto Verde, que pretende hacer de la Unión Europea el primer territorio neutro desde el punto de vista climático en el año 2050. Como paso intermedio, la UE deberá recortar en el año 2030 en un 55% sus emisiones de gases con efecto invernadero respecto a los niveles de 1990. Para todo ello, el hemiciclo europeo ha votado legislaciones como la prohibición de que en 2035 se vendan coches con motor de combustión de primera mano, acelerar la implantación de energías renovables, mejorar le eficiencia energética o un mecanismo de carbono en frontera para imponer una tarifa e las importaciones de ciertos productos que llegan a territorio europeo, con el objetivo de no favorecer la deslocalización de empresas europeas que decidan instalarse en territorios con legislaciones medioambientales más laxas.

Este último capítulo, ha sido uno de los más polémicos en la Eurocámara. Gran parte del Partido Popular Europeo cree que esta apuesta por parte de la Comisión Europea presidida por Ursula von der Leyen, de la misma familia política, ha ido demasiado lejos. La madre de todas las batallas fue la aprobación de la Ley de Restauración de la Naturaleza, que pretende reparar los hábitat europeos en mal estado y que ha chocado con la férrea oposición de los agricultores, que creen que esta nueva legislación pone en peligro su modo de vida. Finalmente, tras muchas tensiones, esta legislación recibió la luz verde del Parlamento Europeo con la oposición del Partido Popular, la fuerza mayoritaria en la Eurocámara, y los partidos euroescépticos y de ultraderecha.

Durante esta legislatura, también ha visto la luz la primera legislación europea para combatir la violencia contra las mujeres, si bien en una versión mucho menos ambiciosa que la propuesta inicial de la Comisión Europea ya que no aparece una definición común del delito de violación, debido al veto de algunos países.