Cameron refuerza el poder de la Policía frente al islamismo radical

David Cameron anunció ayer en Westminster un endurecimiento de las leyes antiterroristas para reforzar la seguridad de Reino Unido ante las fuerzas radicales islamistas en Irak y Siria. Alrededor de 500 británicos se han unido en los últimos meses a las filas del grupo Estado Islámico (EI) que, según el «premier», constituye una amenaza para el país mayor que Al Qaeda. El responsable del Ejecutivo señaló que, a partir de ahora, la Policía dispondrá de poderes temporales para confiscar el pasaporte en la frontera a aquellos que se sospeche que viajan con intención de unirse a la causa yihadista. También se restringirán los movimientos de posibles extremistas dentro del país. Sin embargo, la medida estrella para prohibir temporalmente la entrada a Reino Unido a británicos sospechosos de haber participado en actividades terroristas en el Medio Oriente tuvo que ser aplazada.

En la última semana, tanto el líder «tory» como la ministra del Interior, Theresa May, habían mostrado su intención de bloquear el regreso a casa de estos individuos. Pero los liberal demócratas –compañeros de coalición de Cameron– les dejaron atados de pies y manos. El viceprimer ministro, Nick Clegg, advirtió que la medida llevaría a despojar de nacionalidad a los posibles yihadistas dejándolos como ciudadanos sin Estado, una situación que podría ser ilegal.

Varios expertos ya habían apuntado que los planes podrían ir en contra del Derecho Internacional. La propuesta, por lo tanto, será discutida en las próximas semanas entre las distintas formaciones, aunque no se descarta que, de una manera u otra, se restringa la entrada de los yihadistas. El primer ministro británico señaló la importancia de «poderes discrecionales específicos que permitan excluir a británicos del Reino Unido».

250 «bombas de relojería»

Según los servicios de inteligencia, 250 británicos que han luchado con el EI podrían haber vuelto a sus hogares. Las autoridades temen que puedan estar preparando ahora atentados.

El pasado viernes, Reino Unido elevó el nivel de alerta por terrorismo de «sustancial» a «severo», es decir, el segundo más alto en la escala de cinco establecida. La noticia llegaba dos semanas después de que EI publicara un vídeo en el que se puede ver cómo un yihadista con acento de Londres suelta todo tipo de diatribas contra Occidente antes de decapitar al periodista estadounidense James Foley, secuestrado en Siria en 2012.

La presión desde entonces para que Cameron endurezca la política antiterrorista no ha parado de crecer. «Somos una sociedad abierta, tolerante y libre, pero no podemos permitir que ese aperturismo sea confundido con una tolerancia hacia el extremismo», señaló durante su comparecencia ante la Cámara de los Comunes.

Entre las medidas anunciadas, las aerolíneas deberán facilitar con antelación sus listas de pasajeros para que las autoridades puedan identificar a posibles sospechosos o, en caso contrario, se impedirá que sus aviones aterricen en Reino Unido. En este sentido, Cameron anunció que se estaba trabajando con Alemania, Turquía y otros países utilizados por los yihadistas para viajar a Oriente Medio para que los sospechosos pudieran ser detenidos e interrogados en estos aeropuertos europeos antes de que pusieran pie en suelo británico.

Por otra parte, las autoridades tendrán más poderes para poder controlar dentro del país los movimientos de los sospechosos extremistas, que, además, se verán obligados a entrar en programas de «desradicalización». Éstos yihaidistas podrían ser además trasladados a otras partes del país. La posibilidad de llevar a los sospechosos a otras zonas fue ya utilizada en tiempos del ex primer ministro laborista Tony Blair. La medida fue sustituida luego por la nueva legislación de prevención e investigación terrorista, pero ahora el Ejecutivo liberal conservador se dispone a recuperarla para que los jóvenes no vuelvan a vivir cerca de los núcleos donde fueron radicalizados.

El Consejo Musulmán Británico, la mayor asociación islámica del país, advirtió de que promover nuevas leyes contra los musulmanes que van a combatir al extranjero contribuirá a una mayor radicalización de jóvenes marginados. El subdirector del Consejo, que representa a más de 500 mezquitas y grupos musulmanes-, Harun Jan, señaló a «The Guardian» que el Gobierno debería dialogar con agrupaciones como la que representa para atajar la lacra del extremismo. «Deben hablar con nosotros y otros grupos para entender qué es lo que está llevando a estos chicos por este camino», dijo. «Parte del problema es esta constante mención de nueva legislación, más acoso y vigilancia, eso de quitarle a la gente su pasaporte. Esto es lo que lleva a los jóvenes a la radicalización», manifestó.

Por su parte, Ghaffar Hussain, de la Fundación Quillam contra el extremismo, coincidió en que el Gobierno tiene una estrategia contra el terrorismo, pero no contra el extremismo. «El problema es que la política del Gobierno parecer ser que una vez que la gente se ha radicalizado intentamos detenerles, pero entonces es ya demasiado tarde, los has perdido. La clave es pararles antes de que se radicalicen», declaró. Jan lamentó además que, a diferencia del anterior Ejecutivo laborista, el Gobierno actual haya roto el diálogo con el Consejo Musulmán.