El chavismo detiene a la popular activista venezolana Rocío San Miguel ante las denuncias de la oposición

El viernes 9 de febrero, Rocío San Miguel se disponía a salir de Venezuela junto a su hija para un viaje familiar. Pero fue detenida en el aeropuerto por funcionarios de un cuerpo de seguridad que no se ha podido determinar y llevada a paradero desconocido. Luego de que se hiciera la denuncia pública, incluso más de 48 horas después, el silencio oficial se mantenía.

"Ella se disponía a salir de viaje con su hija a las 5 de la mañana cuando fue detenida en el aeropuerto. Fue llevada a las oficinas del Saime (extranjería), y allí su hija cree que llamaron a unos funcionarios de la Dgcim y se la llevaron", apuntó su abogada Theresly Malavé.

El domingo en la tarde, el fiscal general de Nicolás Maduro, Tarek William Saab, confirmó que la abogada y directora de la ONG Control Ciudadano había sido apresada por estar "presuntamente vinculada y referenciada" en la conspiración que el gobierno ha denominado "Brazalete blanco", una de las cinco tramas que denunció Nicolás maduro en enero y que ya han dejado más de una treintena de detenidos.

Saab no informó sobre el lugar de reclusión en el que se encuentra San Miguel ni tampoco qué cuerpo de seguridad la custodia. Aseguró que el MP se mantiene investigando y recabando elementos de convicción de personas relacionadas, "a estos graves hechos dentro y fuera del país".

Aun el lunes en la mañana, hora de Venezuela, sus abogados defensores no habían tenido acceso a a la activista ni certezas sobre su paradero. "Lo que se sabe hasta este momento es que Rocío está detenida, luego que el Fiscal, después de 50 horas, reaccionara a los requerimientos de todas las organizaciones de derechos humanos, abogados y la sociedad civil. Nunca dijo ante qué juez iba a ser presentada, si fue presentada o no fue. Todo está fuera de lapso", denunció Theresly Malavé.

En las siguientes horas, los abogados empezaron las pesquisas para saber qué tribunal maneja la causa "Brazalete blanco" mientras preparaban un Habeas corpus ante los juzgados. "Esperamos que no se le niegue el derecho a la defensa privada", como ha ocurrido recientemente con otros acusados. "Según nuestra Constitución, cuando una persona es detenida debe ser presentada ante el juez correspondiente, dentro de las 48 horas".

Malavé calificó como detención arbitraria la ocurrida contra su defendida. "Ella nunca fue notificada de ninguna investigación, nunca se le dio la oportunidad a defenderse, se desconocía totalmente que iba a ser vinculada a ese caso. Además, Rocío se movilizaba por Caracas tranquilamente, daba entrevistas", agregó.

El 22 de enero pasado, Tarek William Saab había dicho que por una de las conspiraciones develadas habían emitido órdenes de captura contra una periodista (Sebastiana Barráez, residente en Argentina), una abogada, activistas y militares, sin mayor detalle.

No está claro dónde está San Miguel. Primero se habló de la sede de la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim), un sitio considerado coo un centro de tortura por

organismos internacionales. Luego, los abogados acudieron a la sede del Sebin en El Helicoide, la policía política del régimen, donde tampoco consiguieron información.

Juan González, el otro abogado de la defensora de derechos humanos, dijo que dejaron de tener comunicación con la hija de San Miguel, Miranda Díaz, mayor de edad, que en principio no había sido detenida junto a su madre. Tanto la activista detenida como su hija tienen nacionalidad española.

En favor de la libertad de Rocío San miguel se han pronunciado organizaciones civiles nacionales y extranjeras, inckuyendo a Amnistía Internacional.

San Miguel, como Sebastiana Barráez, es una analista del sector militar venezolano que le hace seguimiento a través de su ONG Control Ciudadano desde hace dos décadas. En 2012 le fueron otorgadas medidas de protección por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) junto a su hija a raiz de las amenazas recibidas por haber denunciado que militares activos habían sido inscritos como militantes delpartido de gobienro, violando la ley.