China ejecuta a un directivo por aceptar sobornos de 156 millones de dólares

China ejecutó este martes a Bai Tianhui, antiguo responsable de la división internacional de China Huarong, el mayor gestor estatal de deuda impagada del país. El directivo ocupaba un puesto de enorme sensibilidad, ya que dirigía Huarong International Holdings, la filial que operaba la compra, reestructuración y reventa de activos deteriorados provenientes de empresas altamente endeudadas. Allí se manejaban operaciones millonarias, circuitos de financiación complejos y una red de intermediarios sometida históricamente a escasa supervisión.

La pena de muerte, aprobada por el Tribunal Supremo y difundida por la televisión pública, no es un episodio aislado. Marca un nuevo punto de inflexión en la estrategia represiva que Xi Jinping inició hace más de una década y que ha apartado a cientos de miles de cuadros del Partido. Desde 2023, ese esfuerzo ha gravitado sobre el sector financiero, considerado por el liderazgo chino como el talón de Aquiles de su modelo económico.

Huarong fue durante años el gran sumidero de créditos fallidos del aparato estatal, un “banco malo” con poder para absorber carteras de deuda imposible de recuperar. Bajo ese paraguas, la división que dirigía Bai manejaba operaciones internacionales cruciales, desde inversiones en Hong Kong hasta reestructuraciones en el extranjero. Ese flujo de movimientos, decisivo para sanear balances domésticos, permitió durante años que empresas públicas profundamente endeudadas prolongaran su supervivencia.

Pero el panorama cambió abruptamente. La burbuja de deuda empresarial comenzó a desinflarse, las operaciones opacas salieron a la superficie y Huarong terminó acumulando pérdidas de enorme calibre. En 2021, el Estado obligó al coloso Citic Group a rescatar la entidad y a asumir su reestructuración. Ese mismo año fue ejecutado Lai Xiaomin, presidente de Huarong y uno de los hombres más poderosos del sector. Su caída fue interpretada como un aviso de Xi: la corrupción en las corporaciones públicas estratégicas no tendría refugio.

Al parecer, Bai había aceptado sobornos por más de 1.100 millones de yuanes (unos 156 millones de dólares). Su condena se inscribe en esa línea de “castigo ejemplar”, pero llega en un escenario más delicado: con una desaceleración persistente, debilidad en la inversión privada, crisis inmobiliaria prolongada y un clima de desconfianza que se extiende por todo el sistema financiero.

El bisturí alcanza a los reguladores

La fase actual de la campaña anticorrupción se distingue por un movimiento inédito: Pekín está atacando directamente a los guardianes del mercado. El caso más relevante es el de Yi Huiman, quien presidió la Comisión Reguladora de Valores de China (CSRC) entre 2019 y 2024, después de una larga trayectoria en el Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), uno de los bancos más grandes del mundo. Yi era visto como un tecnócrata disciplinado y ejecutor de la línea del Partido.

Hoy está siendo investigado por “infracciones graves”, una fórmula que suele anticipar acusaciones contundentes. Su caída demuestra que la campaña ha llegado al vértice de los organismos supervisores, una esfera que tradicionalmente había estado protegida. Junto a él están bajo escrutinio Wang Jianjun, exvicepresidente de la CSRC, y Wang Huimin, responsable de su departamento disciplinario. El mensaje es afilado: ya no se trata solo de perseguir abusos en bancos y conglomerados estatales, ahora el Regimen está desmontando redes de poder en las instituciones encargadas de controlar el sistema.

El Gobierno aspira a presentar sus mercados como plataformas fiables para atraer capital internacional, libre de prácticas informales y de favoritismos que han lastrado la credibilidad de la segunda economía mundial durante décadas. Una regulación contundente debería reforzar la confianza de grandes fondos y multinacionales.

Pero esta ambición choca con un entorno económico frágil. La rentabilidad de las entidades financieras se ha reducido, los recortes salariales se extienden entre los empleados del sector y la crisis inmobiliaria continúa drenando liquidez. En paralelo, la presión política sobre ejecutivos y reguladores genera un clima de parálisis: demasiados temen tomar decisiones que puedan interpretarse como imprudentes o fuera de la ortodoxia oficial.

Analistas especializados advierten que esa rigidez puede estrangular la innovación financiera en un momento en que China necesita diversificar sus fuentes de crecimiento, desarrollar productos más sofisticados y atraer capital estable para compensar la caída en el crédito privado y en la inversión inmobiliaria.

La muerte como instrumento político

El castigo infligido a Bai encaja en un patrón más amplio: la utilización sistemática de la pena capital para reforzar la disciplina interna. Pekín no publica cifras, consideradas secreto de Estado, pero organizaciones internacionales coinciden en que ejecuta a más personas que cualquier otro país.

En los últimos años han sido ajusticiados altos cargos como Tang Renjian, exministro de Agricultura; Li Jianping, responsable de Mongolia Interior; o Zheng Xiaoyu, antiguo jefe de la agencia estatal de medicamentos. Otros, como Zhao Zhengyong —exlíder provincial de Shaanxi— han recibido penas de muerte con suspensión, una fórmula habitual que permite conmutar la condena tras dos años de buena conducta. El uso de estas sentencias opera como recordatorio y mecanismo de control. Esta lacra no se tolera y la lealtad se vigila.

En el caso de Bai, la decisión de ordenar una ejecución inmediata subraya la gravedad económica y política del expediente. Las autoridades quieren enviar un mensaje tanto a la élite financiera como a los reguladores de que no habrá zonas de impunidad.

La estrategia de Xi persigue blindar la arquitectura del sistema financiero para reducir riesgos, asegurar la estabilidad social y fortalecer la capacidad para resistir tensiones externas. Pero esa ambición convive con un riesgo creciente: que el temor a cometer errores termine paralizando la iniciativa de quienes deben sostener la actividad crediticia y la innovación bancaria. La purga de altos ejecutivos, unida a la investigación de funcionarios de máximo rango, está redibujando la jerarquía financiera del país. Pekín pretende demostrar que un entorno económico sólido exige disciplina absoluta.