América Latina
Los cinco crímenes de Alberto Fujimori
El expresidente de Perú fue puesto en libertad ayer a sus 85 años tras haber pasado catorce años en prisión por "crímenes contra la humanidad"
Alberto Fujimori, expresidente de la República de Perú entre 1990 y el 2000, ha vuelto al centro de la atención pública tras su liberación 14 años después por orden del Tribunal Constitucional de Perú, a pesar de estar condenado a 25 años de prisión por crímenes contra la humanidad.
Fujimori fue el primer exmandatario constitucional de América Latina en ser juzgado y sentenciado en su propio país por crímenes en contra de la humanidad. En 2009, fue señalado como autor intelectual de 25 asesinatos y lesiones graves atribuidos al Grupo Colina, un escuadrón militar clandestino bajo su mando. Las masacres de Barrios Altos y La Cantuta, donde 25 personas perdieron la vida, marcaron su presidencia. El objetivo de ambas operaciones estaba dirigido contra grupos terroristas de extrema izquierda.
La masacre de Barrios Altos ocurrió en 1991. Hombres encapuchados irrumpieron en una fiesta pensando que se trataba de una reunión de insurgentes en contra del presidente. Debido a un error de comunicación terminaron matando a 15 civiles inocentes.
Por otro lado, en la masacre de La Cantuta en 1992 nueve estudiantes y un profesor fueron secuestrados y asesinados. El Grupo Colina ingresó en las instalaciones de la Universidad Nacional Enrique Guzmán. Los estudiantes y el docente fueron llevados a un descampado en la zona de Cieneguilla, en el este de la capital peruana, donde fueron acribillados y enterrados. Por estos hechos Fujimori fue sentenciado en 2009 por homicidio calificado, secuestro agravado y lesiones graves.
Además, la Justicia peruana confirmó en enero de 2020 que Fujimori debía ser juzgado por el "caso Pativilca", en el que se atribuye al grupo Colina el asesinato de seis dirigentes comunales de esa localidad del norte de la región de Lima.
El dictador también enfrenta acusaciones por esterilizaciones forzadas en comunidades campesinas e indígenas como parte del Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar. Las mujeres eran manipuladas para someterse al procedimiento. En caso de negarse eran amenazadas con ser encarceladas o arrebatarles a sus hijos. En otras ocasiones, se les realizaba el procedimiento sin su consentimiento. Se estima que más de 6.500 mujeres fueron víctimas y durante la vigencia del programa, más de 217.000 mujeres fueron esterilizadas.
El proceso de privatización de empresas públicas durante su gobierno también estuvo marcado por la corrupción. El Instituto de Estudios Peruanos y un informe anticorrupción del Congreso destacaron la intervención de Fujimori en procesos de privatización, negociación de deuda pública y grandes licitaciones, favoreciendo intereses privados y transfiriendo recursos públicos a manos privadas. El Gobierno de Fujimori fue un agente de transferencia de recursos públicos a manos privadas, a partir de negociaciones políticas y a cambio de beneficios económicos ilegales para financiar la trama de corrupción.
La liberación de Fujimori ha generado indignación, especialmente entre familiares de las víctimas de Barrios Altos y La Cantuta, que se concentraron el pasado martes frente al Palacio de Justicia para protestar contra la decisión del Tribunal Constitucional.
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