Represión en Venezuela

Clamor democrático contra el «dictachavismo»

Más de veinte estados venezolanos se suman a las protestas para exigir un referéndum revocatorio que acabe con el presidente.

Opositores venezolanos protestan en las calles de Caracas
Opositores venezolanos protestan en las calles de Caracaslarazon

Más de veinte estados venezolanos se suman a las protestas para exigir un referéndum revocatorio que acabe con el presidente.

No hay tregua, hay que mantener las calles calientes. La oposición venezolana se movilizó ayer en las principales ciudades del país para presionar por un referendo revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro, quien llamó a sus seguidores a protestar en una nueva demostración de fuerzas que acentúa la tensión.

Fortalecida por la marcha multitudinaria del pasado 1 de septiembre, la oposición instó en 23 estados del país a manifestarse ante sedes regionales del Consejo Nacional Electoral, CNE, que amanecieron cerradas y fuertemente resguardadas por miembros de la Policía.

En Caracas hubo una protesta simbólica y una cacerolada. «Algo tenemos que hacer, el voto y la protesta pacífica son las únicas armas que tenemos. El Gobierno controla casi todos los poderes y no sabe qué más inventar para evitar el revocatorio», dijo Rosmina Castillo, de 52 años, en Los Teques, a unos 30 kilómetros de la capital, donde medio millar de personas se congregaban frente al mercado de esta localidad del estado de Miranda, que gobierna el líder opositor Henrique Capriles. En otras ciudades del país, las movilizaciones transcurrían en calma y con tímidas afluencias de unos cientos en cada sitio.

Cerca de las oficinas del CNE se montaron tarimas del oficialismo rodeadas de «motorizados» –grupos chavistas de choque– que bloquearon el acceso a los manifestantes. «No vamos a caer en provocaciones», declaró el portavoz de la opositora Mesa de la Unidad Democrática, MUD, Jesús Torrealba.

La oposición exige al CNE, al que acusa de ser aliado del Gobierno, que acelere el referéndum; mientras tanto, el oficialismo sigue afirmando que la oposición sólo busca la violencia y dar un golpe de Estado. Maduro, que se enfrenta a un impopularidad de alrededor del 75%, según encuestas privadas, minimizó la marcha del 1 de septiembre asegurando que reunió «no más de 30.000 personas», mientras la MUD estimó un «histórico» 1,1 millones.

La oposición considera el referendo como una «válvula de escape» al malestar de los venezolanos por una escasez del 80% de alimentos y medicinas y una inflación que el FMI proyecta en 720% para este año.

El presidente venezolano achaca la crisis al desplome de los precios del petróleo y a una «guerra» económica de empresarios y políticos de derecha que buscan instalar un gobierno neoliberal fiel a Washington tras casi 18 años de socialismo. Para los analistas, la presión debe ser la calle. Pero Diego Moya-Ocampo, del IHS Markit Country Risk, advierte de que si las movilizaciones no son suficientemente concurridas pueden «desmoralizar a la población». «La oposición tiene el reto de mantener movilizada a la gente, que no caiga en la desesperanza. La única forma en que se puede realizar el referendo es con presión de calle», asegura. La oposición ha convocado una nueva marcha a nivel nacional para el próximo 14 de septiembre.

El Parlamento venezolano se declaró ayer en desacato ante decisión del Supremo. En la Asamblea Nacional rechazan los dictámenes del Tribunal Supremo de Justicia por los que anula las leyes del legislativo. El presidente del Parlamento, Henry Ramos Allup, dijo que el Gobierno realiza un «golpe de Estado continuado» al desconocer las decisiones de la Cámara e impedir, supuestamente, que las instituciones estatales actúen de forma autónoma.

Los opositores sostienen que los magistrados que integran la Sala Constitucional fueron nombrados de forma irregular en el periodo anterior, cuando los chavistas ejercían el control de la Cámara, en una sesión relámpago días antes de abandonar el poder tras la contundente victoria de los opositores en las legislativas. Por su parte, el Supremo sostiene que la AN se puso al margen de la Ley al desconocer una sentencia en la que ordenaba la suspensión de la proclamación de cuatro diputados (tres opositores y un chavista) como medida cautelar a una investigación por supuestas irregularidades en su elección. La junta directiva de la AN, sin embargo, decidió juramentar a los tres diputados opositores.