Clamor dentro y fuera de Venezuela por la detención de Rocío San Miguel

La venezolana Rocío San Miguel, directora de la organización civil Control Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada Nacional, sigue detenida por el Gobierno de Maduro tras ser acusada de urdir un magnicidio para asesinar al presidente del país. Además, cinco familiares y allegados de esta activista y defensora de derechos humanos se encuentran "desaparecidos" desde la detención, el pasado viernes, de la también abogada, cuya "desaparición forzada" fue denunciada por varias organizaciones. El arresto de San Miguel está teniendo gran trascendencia. Se trata de una persona muy respetada y conocida en Venezuela. Además, tanto ella como su hija -también detenida- tienen la nacionalidad española.

La Fiscalía le imputa a esta activista, gran experta en asuntos militares sobre el régimen chavista, delitos de traición, conspiración y terrorismo, si bien no se ha mostrado ninguna prueba al respecto. Esta mañana el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, ha anunciado que solicitará medidas de privación preventivas de libertad. Además, ha confirmado que pedirá la misma medida para Alejandro Jose Gonzales De Canales Plaza por la "revelación de secretos políticos y militares concernientes a la seguridad de la nación, obstrucción a la administración de Justicia y asociación".

Saab también ha asegurado que instará a adoptar medidas cautelares contra otros cuatro ciudadanos arrestados, si bien no ha especificado sus identidades. El equipo legal de San Miguel denunció este lunes la "desaparición forzada" de cinco familiares entre los que se encuentran su hija, Miranda Díaz San Miguel, y su exmarido y padre de su hija, Víctor Díaz Paruta. También han sido detenidos dos hermanos de San Miguel, Miguel Ángel y Alberto.

Fuentes cercanas a San Miguel citadas por el diario venezolano "El Universal" indicaron que fue detenida el 9 de febrero cuando intentaba salir del país en el Aeropuerto Simón Bolívar. Su detención estaría relacionada con las investigaciones por los casos de conspiración denunciados por Maduro. El Gobierno venezolano informó sobre la expulsión de más de 30 militares de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, implicados en estas conspiraciones, que, según la versión de las autoridades, incluían un magnicidio.

Amnistía Internacional (AI) pidió este domingo la libertad "inmediata e incondicional" de la activista, así como respeto a sus derechos y a la "medida cautelar de protección dictada a su favor" por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 2012. Este martes la Organización de Estados Americanos (OEA) ha reclamado la liberación de la activista, un "atropello injustificable" en palabras del secretario general Luis Almagro, crítico con la "criminalización" de los defensores de los Derechos Humanos". Durante años, San Miguel ha estado en el punto de mira del chavismo. En enero de 2012, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió medidas cautelares de protección a favor de la actvivista y su hija por “amenazas y hostigamiento” del Estado por su labor como defensora de derechos fundamentales en el país.

Asimismo, varias organizaciones venezolanas han pedido la liberación de San Miguel, entre ellas el Frente Amplio de Mujeres, un Mundo Sin Mordaza, Una Ventana a la Libertad, Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), Familia SOS Libertad, Voto Joven, Centro de Justicia y Paz (Cepaz), Fundaredes, Transparencia Venezuela, Observatorio de Violencias LGBTIQ+ y Civilis. La ONG Foro Venezolano de Política Exterior manifestó su preocupación por el paradero de San Miguel. “Este acto refleja la persecución sistemática del régimen en contra de la sociedad civil”.

San Miguel fundó Control Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada Nacional en 2005, una organización que trabaja por el derecho de los ciudadanos a ejercer contraloría sobre esos sectores en Venezuela e investiga las compras de armas de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, así como el cumplimiento de las leyes del sector. La especialista también supervisa los compromisos de Venezuela al Estatuto de Roma y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), añadió Front Line Defenders, que protege a los defensores de derechos humanos en riesgo.