
Atentado
Colombia bajo fuego: disidencias de las FARC y clanes del narcotráfico mantienen la violencia
Los recientes atentados evidencian la expansión de grupos armados en zonas rurales, la influencia del narcotráfico y los desafíos de los ceses al fuego para el gobierno de Gustavo Petro

Los atentados recientes en Cali y Antioquia han vuelto a exponer lacompleja red de actores armados que sigue operando en Colombia, décadas después del inicio de los procesos de paz. Aunque los acuerdos de 2016 con las FARC prometían el fin del conflicto, varias disidencias rechazaron la desmovilización y mantienen el control de territorios estratégicos, mientras clanes del narcotráfico consolidan su influencia económica y política. Cada uno compite por el control territorial y por los beneficios de la economía ilícita que sigue marcando la vida de muchas comunidades rurales.
Entre los principales grupos señalados se encuentran el Estado Mayor Central (EMC) y la Segunda Marquetalia, dos de las principales estructuras disidentes de las FARC. Estos grupos, que reclaman la herencia de la antigua guerrilla, operan en departamentos estratégicos como Cauca, Nariño y Putumayo, donde el cultivo de hoja de coca sigue en niveles récord. En paralelo, el Clan del Golfo, la mayor organización narcotraficante del país, mantiene una red de influencia en la costa Caribe, extendiendo su poder gracias a alianzas locales y a una fuerte capacidad armada.
Los atentados recientes, que incluyeron un camión con explosivos en Cali y un ataque con dron a un helicóptero policial en Antioquia, muestran cómo estas organizaciones combinan tácticas de guerra asimétrica con la presión sobre la población civil. Analistas de seguridad en Bogotá señalan que estas acciones buscan no solo la reivindicación política o territorial, sino también enviar un mensaje de fuerza frente a la presencia del Estado. Aunque analistas militares afirman que también se han aprovechado de los ceses al fuego decretados por el gobierno del presidente Gustavo Petro para animarlos a participar en las conversaciones de paz.
El gobierno de Petro ha intentado frenar esta espiral mediante su política de “paz total”, que busca abrir conversaciones simultáneas con varias de estas facciones. Sin embargo, los críticos advierten que los grupos armados han usado los ceses al fuego decretados por el Ejecutivo para rearmarse y expandir su control territorial, sin mostrar compromisos claros de desmovilización.
En este escenario, el narcotráfico vuelve a ser el eje de la violencia. La producción de cocaína alcanzó cifras récord en 2023 y 2024, lo que ha convertido a Colombia en un territorio aún más codiciado por las organizaciones criminales. Los atentados y emboscadas recientes son, en gran medida, la expresión visible de esa lucha por el dominio de rutas y laboratorios. Los grupos armados se han expandido por zonas rurales de Colombia, impulsados por una producción récord de cocaína y coca.
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