«Comenzaron a disparar y luego se llevaron a casi todos»

LA RAZÓN habla con uno de los supervivientes del suceso en el que desaparecieron 43 estudiantes esta semana en México. Un drama que revela los lazos entre narcos y políticos

A Marcos le cuesta dormir. Las pesadillas aparecen cada noche desde la madrugada del 27 de septiembre, cuando comprobó en sus carnes que la realidad en México supera cualquier película de terror. Como él, algunos estudiantes se animaron a hablar, otros prefieren salvaguardar su identidad pero todos aseguran que fue la Policía la que disparó a sus compañeros. Los recuerdos se vuelven confusos, pero permanecen enquistados en su cerebro. «Nunca me los podré sacar», asegura Marcos mientras mira hacia el cielo y regresa en el tiempo.

Los 43 estudiantes de la escuela de magisterio Normal Rural de Ayotzinapa desaparecieron en Iguala, una localidad del estado de Guerrero, a unos 200 kilómetros al sur de Ciudad de México, tras el ataque el 26 de septiembre de policías municipales a los autobuses en los que viajaban.

Los estudiantes de la escuela habían ido a la ciudad a solicitar donaciones de los habitantes de Iguala. Cuando se reunían para regresar, la esposa del alcalde y hasta esa noche futura aspirante a sucederlo, María de los Ángeles Pineda, terminaba un discurso ante personalidades locales. De repente, se oyeron disparos a una docena de calles y la gente huyó despavorida por el miedo. Todavía hoy no se sabe si estos incidentes tienen relación con las desapariciones.

Funcionarios federales y estatales han acusado a la Policía de Iguala de estar infiltrada por miembros del cártel de la droga Guerreros Unidos. De hecho, desde hace días los agentes federales permanecen desarmados y la seguridad corre a cargo de la Marina. Pero Marcos era ajeno a todo esto. En ese momento ya viajaba de vuelta con otros 70 alumnos, todos repartidos en tres autobuses, cuando aparecieron las sirenas y una patrulla les cortó el paso. «Aldo fue uno de los primeros que bajaron, entonces las patrullas sin decir nada empezaron a disparar hacia arriba, hacia las ventanas. Agachamos la cabeza, los vidrios estallaban sobre nosotros (...) Aldo fue el primero en recibir un balazo porque estaba abajo. Tras el tiroteo, en el primer autobús empezaron a llevarse a casi todos».

Marcos cuenta que a él y otros estudiantes no se los llevaron porque ya no tenían más espacio en las patrullas y que, además, estaban empezando a llegar vecinos, testigos incómodos de la tragedia. Esto lo salvó la vida. «Ese día volví a nacer», dice. El resto de sus compañeros, supuestamente, acabaron carbonizados en fosas comunes.

De hecho, la búsqueda continúa y este viernes el procurador general de México, Jesús Murillo Karam, anunciaba el hallazgo de más fosas clandestinas. Hasta ahora se habían encontrado cinco fosas en la localidad de Iguala, donde se han recuperado 28 cuerpos, aunque tampoco se ha confirmado si son los cuerpos de los estudiantes. Tampoco se ha podido determinar el móvil del suceso, aunque se tienen abiertas varias líneas de investigación.

«Puercos» es el término peyorativo con el que los estudiantes de Guerrero se refieren a la Policía federal. Los agentes suelen pararlos en los controles para pedirles la ya típica mordida –propina para no pagar las multas–. Pero Pedro –nombre ficticio de otro de los estudiantes que sobrevivieron– nunca imaginó que los «cerdos» llegasen a disparar a quemarropa. «No sabemos si los policías entregaron a nuestros compañeros a los narcos, y después fueron ellos los que los ajusticiaron y los bañaron en ácido», afirma. «Lo que sí es seguro es que no teníamos ninguna relación con los cárteles, como se ha hecho creer con posteriores mensajes en mantas ensangrentadas. Nadie nos envió a ningún lado», agrega.

Las hipótesis son varias. ¿Se trató de un ajuste de cuentas?, ¿se le fue a la mano a la Policía e intentaron ocultar la barbarie? ¿Hay políticos relacionados con los asesinatos?

Aunque más de 81 alcaldes de Guerrero están siendo investigados, hay dos políticos que se encuentran en el centro de la tormenta. El gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, y el alcalde de Iguala, José Luis Abarca Velázquez. Universitarios, maestros y sociedad civil marcharon esta semana en Xalapa para exigir la salida de Aguirre, que por ahora, se aferra al cargo, aunque podría convocar un referendo revocatorio mañana.

En cuanto a Abarca Velázquez, cuando en el país creció el escándalo por la agresión a los estudiantes, solicitó una licencia para dejar el cargo. Y después desapareció junto con su esposa –apodados la «pareja Imperial»– y el jefe de la Policía. Ahora, el ex funcionario está acusado de homicidio y la Procuraduría (Fiscalía) General de la República lo busca por la desaparición de los estudiantes.

Como telón de fondo de este drama está el cártel del narco Guerreros Unidos, una de las pequeñas asociaciones criminales surgidas del debilitamiento de los grandes cárteles que están sembrando el terror entre la población con secuestros y extorsiones. Esta organización empezó a cobrar fuerza en 2011 como una escisión del cártel de los hermanos Beltrán Leyva, golpeado por el abatimiento en 2009 de su líder, Arturo, apodado el jefe de jefes, y la captura al año siguiente de sus importantes operadores, «la Barbie» y «el Indio».

La vinculación del cártel con las autoridades locales forma parte de su modus operandi, les sirve para tener protección sin ser molestados. Como en casos anteriores, la Policía podría golpear a uno de los cárteles para favorecer a otro. En el bestiario del narco mexicano sus criaturas son feroces y se devoran entre sí. Cuando las cabezas empiezan a rodar los medios miran hacia ellos, despertando la ira de los mexicanos. Es entonces cuando las autoridades se ven obligadas a actuar. Tapar esas fosas y esperar que otros las vuelvan a cavar.