Confirman la sentencia por corrupción contra Sarkozy: no irá a la cárcel pero tendrá que llevar pulsera electrónica

La justicia francesa ha confirmado la pena de tres años de prisión a Nicolás Sarkozy por corrupción y tráfico de influencias que ya le fue impuesta en primera instancia en 2021 por el llamado “caso de las escuchas”. De esos tres años, uno es en firme y lo podrá cumplir con brazalete electrónico en su domicilio en régimen de libertad vigilada. El expresidente ya ha anunciado que volverá a recurrir la sentencia ante el Supremo alargando aún más este proceso judicial que se junta con otros que aún tiene abiertos.

Sarkozy se convierte así en el primer presidente condenado a una pena de prisión efectiva. El único precedente que existe en la V República fue el de Jacques Chirac, que fue condenado a dos años pero exentos de cumplimiento por el caso de los empleos ficticios en París en su época de alcalde.

El "caso de las escuchas", uno de los varios procesos judiciales que atañe a Sarkozy, se remonta a inicios de 2014 y en él convergen otros de los casos en los que el exmandatario se ha visto envuelto. Por aquel entonces, la justicia investigaba a Sarkozy por el caso Bettencourt por abuso de debilidad de la heredera de L'Oréal, por el que fue finalmente exonerado. Sarkozy quería entonces que los tribunales anulara la incautación de sus agendas presidenciales y para recuperarlas, interpuso un recurso ante el Supremo. Inquieto por el recurso y por el desarrollo del caso, Sarkozy pidió a su amigo y abogado Thierry Herzog que usase su amistad con el fiscal Gilbert Azibert para obtener información sobre el ambiente en el tribunal y probablemente, influir en su decisión. Sarkozy y su abogado se comunicaban a través de una línea telefónica secreta registrada bajo el falso nombre de Paul Bismuth. Pero los jueces, que investigaban a Sarkozy por el caso de la financiación libia de su campaña de 2007, dieron con esa otra línea fuera del radar y la pincharon. Ahí fue cuando los magistrados descubrieron que Sarkozy planeaba ofrecer al fiscal un impulso en su carrera a través de una candidatura en el Consejo de Estado de Mónaco a cambio de ayudarle con sus agendas. La defensa de Sarkozy siempre alegó que las escuchas fueron ilegales y que no había pruebas en las conversaciones telefónicas de dicho intercambio de favores.

Además, los abogados denunciaron que las citas leídas durante el juicio extraídas de las grabaciones estaban fuera de contexto. En ellas se escucha a Sarkozy decir frases como “yo me ocupo porque voy a Mónaco y veré al príncipe” en referencia a Alberto II. En este último juicio pudieron escucharse las grabaciones en vivo. Pero además, Sarkozy ha alegado en su defensa que ese presunto intercambio de favores nunca se efectuó: ni el fiscal obtuvo la plaza en Mónaco ni Sarkozy ganó el recurso por sus agendas. Los jueces, cuando le condenaron por primera vez, recordaron que basta la intención de cometer dicho delito, independientemente del resultado, y subrayaron la gravedad al tratarse de un jefe de Estado.

Este caso no es el único que tiene pendiente Sarkozy. A partir de noviembre de este año también será juzgado de nuevo por el caso Bygmalion, que también le valió un año de prisión firme en primera instancia por haberse beneficiado de una financiación oculta que le permitió prácticamente doblar el tope del gasto impuesto por la ley francesa durante su campaña de reelección en las presidenciales de 2012 en las que fue derrotado por el socialista François Hollande. En total, la campaña de Sarkozy gastó casi 43 millones de euros, frente a los 22,5 millones de euros autorizados por la ley electoral francesa para un candidato que superara la primera vuelta. Los fiscales del caso reconocen que la investigación no demostró que Sarkozy estuviera involucrado directamente. Sin embargo, argumentan que el exmandatario se benefició del plan y debe haber sido consciente de ello.