La Corte Penal Internacional emite orden de detención contra Putin por crímenes de guerra

La Corte Penal Internacional (CPI) ha emitido este viernes una orden de detención contra Vladimir Putin y una funcionaria rusa, acusados de haber secuestrado a niños ucranianos tras la invasión del país. Es la primera vez en la historia que este tribunal, con sede en la Haya, da este paso contra el presidente de un país que forma parte del Consejo de Seguridad de la ONU.

Según el comunicado difundido este viernes, Putin es “presuntamente responsable del crimen de guerra de deportación ilegal de población y el traslado ilegal de población de las áreas ocupadas de Ucrania a la Federación Rusa”.

Este tribunal asegura que estas deportaciones forzosas de menores se produjeron tras la invasión de Ucrania por parte de las tropas rusas el 24 de febrero del año pasado y cree que la responsabilidad de Putin es tanto directa como indirecta por no haber ejercido “un control adecuado sobre los subordinados civiles y militares que cometieron los actos, o permitieron su comisión y que estaban bajo su autoridad y control efectivos”.

El tribunal también ha cursado una segunda orden de detención contra la funcionaria María Lvova-Belova, acusada de estar en el centro de un plan del gobierno ruso para deportar a la fuerza a miles de menores ucranianos para después recluirlos en campos de reeducación política. En una reunión con el presidente Vladimir Putin, la funcionaria reconoció con orgullo haber adoptado a un chico de 15 años de la región ocupada de Donbás. Según un estudio de la Universidad de Yale ahora mismo Rusia dispone de una red de 43 campos de reeducación política con hasta unos 6.000 menores internos a la fuerza, la mayoría de ellos procedentes de Donbás. Otras investigaciones creen que la cifra podría ser mucho mayor según han ido aumentando los territorios ocupados por Moscú y que incluso este número podría ascender a los 6.000.

La emisión de estas dos órdenes no tiene efectos a corto plazo, ya que tan sólo están obligados a proceder a la detención aquellos países que forman parte del Tribunal al haber admitido su jurisdicción, algo que Rusia no ha hecho. A pesar de esto, el fiscal general ucraniano, Andriy Kostin, ha agradecido a la corte la orden de arresto y ha recordada que todos los países que forman parte del tribunal tienen el deber de detener al mandatario ruso. “Los líderes del mundo deben pensárselo dos veces antes de darle la mano o sentarse con Putin”, ha declarado.

El máximo representante de la diplomacia comunitaria, Josep Borrell, ha asegurado que “la gravedad de lo crímenes y el comunicado del CPI hablan por sí solos” y que esto es sólo el “principio del proceso” para que Rusia y su líder respondan por las atrocidades que están cometiendo en Ucrania. “La UE aprecia apoya el trabajo de CPI y lo investigadores. No puede haber impunidad”.

Lo que dice la Corte Penal Internacional

Vladimir Vladimirovich Putin, nacido el 7 de octubre de 1952, Presidente de la Federación de Rusia, es presuntamente responsable del crimen de guerra de deportación ilegal de población (niños) y traslado ilegal de población (niños) de las zonas ocupadas de Ucrania a Rusia Federación (en virtud de los artículos 8(2)(a)(vii) y 8(2)(b)(viii) del Estatuto de Roma). Los delitos se cometieron presuntamente en el territorio ocupado de Ucrania al menos desde el 24 de febrero de 2022. Hay motivos razonables para creer que el Sr. Putin tiene responsabilidad penal individual por los delitos antes mencionados, (i) por haber cometido los actos directamente, junto con otros y/o a través de otros (artículo 25(3)(a) del Estatuto de Roma), y (ii) por no haber ejercido un control adecuado sobre los subordinados civiles y militares que cometieron los actos,

La Sra. Maria Alekseyevna Lvova-Belova, nacida el 25 de octubre de 1984, Comisionada para los Derechos del Niño en la Oficina del Presidente de la Federación Rusa, es presuntamente responsable del crimen de guerra de deportación ilegal de población (niños) y traslado ilegal de población (niños) de áreas ocupadas de Ucrania a la Federación de Rusia (en virtud de los artículos 8(2)(a)(vii) y 8(2)(b)(viii) del Estatuto de Roma). Los delitos se cometieron presuntamente en el territorio ocupado de Ucrania al menos desde el 24 de febrero de 2022. Hay motivos razonables para creer que la Sra. Lvova-Belova tiene responsabilidad penal individual por los delitos antes mencionados, por haber cometido los actos directamente, junto con otros y/o a través de otros (artículo 25(3)(a) del Estatuto de Roma).

El Kremlin recordaba esta semana que Rusia no reconoce la jurisdicción de la Corte Penal Internacional. "No reconocemos este tribunal, no reconocemos la jurisdicción de esta corte. Así es como tratamos este asunto", dijo el portavoz de la presidencia rusa, Dmitri Peskov.

El diario "The New York Times" publicó el pasado marques que la CPI preveía efectuar acusaciones contra Rusia por secuestrar a niños ucranianos y atacar deliberadamente la infraestructura civil del país.

Se trata de los primeros cargos internacionales que se presenten desde el comienzo del conflicto, el 24 de febrero del pasado año, y se producen después de meses de trabajo por parte de equipos especiales de investigación de los crímenes de guerra, según el rotativo.

En las investigaciones se alega que Rusia secuestró a niños y adolescentes ucranianos y los envió a campos de reeducación rusos, y que atacó deliberadamente la infraestructura civil.

El Kremlin ha negado las acusaciones de crímenes de guerra, pero investigadores internacionales y ucranianos han reunido pruebas contundentes de una serie de atrocidades desde los primeros días de la invasión, recuerda el rotativo.

Pero, pese a que Ucrania ya ha iniciado acciones contra Rusia en la CPI, este tribunal con sede en La Haya sólo puede juzgar crímenes de agresión contra otro país si el Estado responsable es uno de los firmantes del tratado que impulsó su creación, entre los que no se cuenta Rusia.

La Haya sí puede juzgar crímenes de guerra y contra la humanidad que puedan haber cometido en Ucrania las fuerzas rusas, pero el tribunal no tiene competencias para enjuiciar la decisión de invadir ese país, lo que hace muy difícil sentar en el banquillo al presidente ruso, Vladimir Putin.

La Corte Penal Internacional (CPI) es un tribunal judicial internacional permanente, establecido en 2002 mediante el Estatuto de Roma, para juzgar a individuos acusados ​​de cometer crímenes graves como crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, genocidio y agresión.

La CPI tiene jurisdicción sobre los crímenes cometidos en los Estados parte del Estatuto de Roma y, en algunos casos, puede ejercer jurisdicción sobre crímenes cometidos en Estados no parte del Estatuto si son referidos por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas o si el Estado no parte del Estatuto reconoce la jurisdicción de la CPI. La CPI tiene su sede en La Haya, Países Bajos.