Represión
Cuba encierra en sus cárceles a más de 1.100 presos políticos
La organización de derechos humanos Prisoners Defenders denuncia un repunte de la «represión» en la isla tras las protestas multitudinarias de mayo
La organización de derechos humanos Prisoners Defenders denunció este jueves que la «represión» ha dejado 19 nuevos casos de «presos políticos» en Cuba durante mayo pasado, con lo que el número total se elevaba a 1.113. «Este mes se ha caracterizado por la represión contra manifestantes pacíficos, el operativo represivo a gran escala contra periodistas independientes, las torturas a presos con padecimientos psiquiátricos y la negación de beneficios carcelarios para presos políticos con derecho a ellos», como libertad condicional o la suspensión del trabajo correccional, según un comunicado. En concreto, once fueron detenidos «arbitrariamente» por participar en las manifestaciones de la población de Juraguá (Cienfuegos) el pasado 28 de mayo.
Esas protestas, según Prisoners Defenders, surgieron tras llevar esta localidad más de 14 horas sin servicio eléctrico en uno de los apagones casi diarios, y 27 días con desabastecimiento de agua. «Las autoridades les impusieron una fianza de 200.000 pesos cubanos (530 dólares en el mercado de cambio real en Cuba, una cifra inalcanzable para la mayoría de los cubanos) y están siendo procesados por los presuntos delitos de ‘desórdenes públicos’, ‘desacato’ o ‘atentado’».
Entre los detenidos se encuentra Erich González Lima, periodista, residente en la Ciudad Nuclear de Juraguá, según Prisoners Defenders. Además, con motivo del aniversario de la fundación de la República de Cuba, el 20 de mayo, «el régimen desplegó un operativo represivo contra activistas y periodistas independientes por toda la isla: detenciones, interrogatorios, decomisos y amenazas».
Prisoners Defenders cita los casos de varios periodistas, como Yosmaury Casares Soto y Raciel Álvarez Díaz, del medio Panorama Pinareño, «detenidos en San Juan y Martínez (Pinar del Río)» el 9 de mayo; les fueron «confiscados» los equipos de trabajo. Y José Luis Boada Valdés «ha sido sancionado a 9 años de privación de libertad por el delito de ‘propaganda contra el orden constitucional’. Llevaba más de dos años preso en el Combinado del Este por haber escrito en una pared varias frases contrarias a Miguel Díaz-Canel», presidente de Cuba. Prisoners Defenders también alerta de que «el régimen de Cuba encarcela a personas con padecimientos psiquiátricos y discapacidades en prisiones ordinarias, donde sufren humillaciones, vejaciones y tortura por parte de los funcionarios».
Adel de la Torre es un joven que sufre esquizofrenia paranoide y que, con 25 años, «fue encarcelado por manifestarse pacíficamente» en las protestas sociales del 11 de julio de 2021. Cumple condena de siete años de cárcel en la Prisión 1580, San Miguel del Padrón de La Habana, donde ha sufrido, denuncia Prisoners Defenders, «violentas golpizas por parte de los guardias, y es testigo de las torturas que sufren todos los presos que padecen enfermedades mentales en esta prisión».
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