Represión

Prisoners Defenders documenta las "violaciones" del sistema judicial de Cuba

La ONG presenta un informe jurídico con cientos de casos de "violaciones sistemáticas" tras las protestas de julio de 2021 que será presentado en la ONU

La policía cubana detiene a una persona durante las protestas en contra del gobierno de Díaz-Canel en La Habana
La policía cubana detiene a una persona durante las protestas en contra del gobierno de Díaz-Canel en La HabanaALEXANDRE MENEGHINIREUTERS

"El sistema penal cubano es una barbarie", ha asegurado Javier Larrondo, presidente de la ONG Prisoners Defendersen España durante la presentación de un informe que analiza 279 casos de detenciones arbitrarias de presos cubanos que será presentado ante Naciones Unidas. El informe revela las "violaciones sistemáticas" en el proceso judicial de cientos de personas detenidas por las manifestaciones de julio de 2021, cuando miles de cubanos salieron de forma espontánea a las calles para pedir libertad y mejores condiciones de vida.

El gobierno de Miguel Díaz-Canel respondió entonces con una oleada represiva que llevó a miles de ciudadanos a las cárceles. Larrondo cree que fueron "entre 5.000 y 8.000" los detenidos aquellos días, en los que también "el régimen aprovechó para ir a los hogares de los activistas" ya fichados que no habían participado en las protestas pero que igualmente fueron detenidos. Hasta la fecha, se ha condenado a 1.077 personas por aquella jornada del 11 de julio, incluidos 36 niños y niñas, 17 de ellos condenados por sedición. La mayoría han recibido penas mayores de cinco años, "incluso de 30 años y cadena perpetua". "Todos, sin excepción, deberían ser puestos en libertad con inmediatez", reclama la ONG.

La denuncia, presentada bajo el título '1.000 familias vs. Gobierno cubano', cubre los dictámenes individuales completos de cientos víctimas que demuestran "patrones estructurales violatorios del debido proceso y la defensa efectiva en el sistema procesal cubano", según dijo Larrondo, un documento que detalla y disecciona "como jamás antes se había realizado con el sistema penal cubano".

En su informe, realizado por más de 10 juristas, la ONG señala "siete patrones troncales graves" en la justicia cubana, como son "detenciones arbitrarias, ausencia de tutela judicial, falta del debido proceso, inexistencia de la defensa y del principio de contradicción, testificales ilegítimas, periciales manipuladas al servicio de la acusación, presunción de culpabilidad o discriminación por motivos de pensamiento".

"Muchos de los juicios fueron exprés, orales, sin sentencia, sin abogados, en tribunales militares y en cuestión de horas: en 96 horas están condenando al acusado que no sabe de qué se le acusa, porque no recibe la sentencia", reveló el presidente de Prisoners Defenders.

El acto se realizó en el Consejo General de la Abogacía Española, en Madrid, y contó con la presencia de la vicepresidenta del Parlamento Europeo, Dita Charanzová, el eurodiputado español Javier Nart, el ex alcalde de Caracas Antonio Ledezma y el presidente de la Subcomisión de Extranjería y Protección Internacional del Consejo General de España, Blas Jesús Imbroda, entre otros.

Gracias a esta denuncia, la ONU tendrá "por primera vez en la historia la posibilidad de juzgar más de 200 casos a la vez", dijo Larrondo, quien denunció que "Cuba tiene el hacinamiento de presos per capita más grande del mundo" con "más de 90.000 presos y otros 40.000 que están condenados con medidas de limitación domiciliaria".

La vicepresidenta del Parlamento Europeo pidió poner fin al Acuerdo de Diálogo Político y de Cooperación entre Cuba y la Unión Europea firmado en 2016. "Está claro que el Parlamento Europeo ha estado siempre al lado de la sociedad civil cubana, al lado de todos los que luchan por los Derechos Humanos en Cuba. Hemos aprobado varias resoluciones sobre la violación de estos derechos y hace ya más de seis años que aprobamos el famoso acuerdo", señaló Charanzová. Larrondo lamentó que ni Cuba ni los responsables de la Unión Europea han cumplido lo que se estipula en dicho acuerdo, que sirve, añadió, para financiar al régimen castrista.

El activista y exiliado cubano Fernando Almeyda recordó en el acto casos puntuales de violación de los derechos humanos, como el de Brenda Díaz, una mujer transexual que fue detenida y procesada como un hombre con "un trato degradante e inhumano". También habló de Pedro Albert, un profesor que tras invocar en las redes sociales el derecho de los cubanos a manifestarse ha sufrido "un año privado de libertad" por supuestos delitos de desórdenes públicos.

Por su parte, el eurodiputado Javier Nart criticó a "los izquierdistas de pandereta que ven en Cuba puede haber errores pero no horrores". Mientras que el ex ministro italiano de Asuntos Exteriores Giulio Terzi alertó de que "la región entera está penetrada por el castrismo y sus agentes y por la influencia y la presencia de Teherán".

Larrondo también expuso que la existencia de familias enteras que están en prisión por participar en las protestas pacíficas de 2021. "Es gente del pueblo llano que está sufriendo un calvario indescriptible y necesitan nuestra ayuda". También reveló que en el último año 300.000 cubanos han emigrado de la isla "por miedo" a la situación que se vive en el país, una cifra que "superar en un solo año los emigrantes de las anteriores olas migratorias".